Santa Fe será la sede del primer debate presidencial obligatorio para evitar la grieta y conmemorar la constituyente del 94

La ciudad de Santa Fe será el escenario elegido por la Justicia Electoral para realizar el primero de los tres debates previstos por la nueva legislación vigente de 2016 que establece la obligatoriedad de esas instancias públicas para que cada candidato a presidente exponga sus plataformas electorales y los competidores deliberen al respecto.

Será en el Paranifo de la Universidad Nacional de Litoral, el mismo lugar donde sesionó la Convencional Constituyente de 1994, y en la misma capital provincial donde nació la Constitución Nacional de 1853, y funcionaron las convenciones que reformaron esa carta magna en 1860 en 1866. También donde la dictadura del general Pedro Eugenio Aramburu eligió el Paraninfo de la UNL para la más cuestionada de las reformas constitucionales: la derogación de la Constitucion de 1949, a manos de la autodenominada Revolución Libertadora que buscó anularla en 1957, dos años después del golpe militar que truncó la segunda presidencia de Juan Domingo Perón y lo derrocó tras el bombardeo a Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955.

El próximo 7 de agosto se cumplirán 25 años del comienzo de sesiones de la Constituyente de 1994, la reforma constitucional que definió el texto constitucional que rige en la actualidad. Sin embargo el aniversario no fue la única razón, sino el signo político de la administración provincial santefesina, que está en manos del socialista Miguel Lifchitz. «Fue una forma para que el lugar no quede en medio de la grieta: ni en un territorio gobernado por Cambiemos, ni en uno en manos del peronismo», explicó a Tiempo una fuente vinculada a la organización del evento.

La ley establece que antes de las generales del 27 de octubre de deben realizar dos debates obligatorios. El primero debe serrá el 13 de octubre en Santa Fe y el segundo en la Ciudad de Buenos Aires el 20, de acuerdo a lo estipulado por la norma, que establece que deben ser realizados entre 20 y 7 días previos a los comicios nacionales. En caso de una eventual segunda vuelta el tercer debate sería realizado el 17 de noviembre, una semana antes del ballotage del 24 de noviembre.

De acuerdo a la misma norma, todos los debates deben ser organizados por la Cámara Nacional Electoral e implicarán un costo aproximado de 30 millones de pesos, con su televisación realizada por los medios públicos. La autoridad de aplicación de la obligatoriedad de los debates es la Cámara Nacional Electoral, que deberá convocar a los candidatos cinco días después de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 22 de agosto, cuando se definan los aspirantes definitivos de cada fuerza política.

La decisión de la televisación mediante el Sistema Nacional de Medios Públicos corresponde a la CNE, luego de un discreto lobby por parte de las ONG’s que forman parte de Argentina Debate para que las presentaciones fueran transmitidas por televisoras privadas, algo que finalmente no sucedió. Ante las consultas de este medio, en el máximo tribunal electoral eludieron las consultas al respecto.

Con la decisión sobre el lugar y la fecha del primer intercambio resta la definición del reglamento, los temas, los moderadores y los representantes de cada fuerza cuando la CNE establezca la convocatoria formal para todos los candidatos.

La obligatoriedad de los debates es la única norma que prosperó de la reforma política que impulsó el presidente Mauricio Macri dentro de una ambiciosa batería de proyectos de ley que incluían la nacionalización de la Boleta Única Electrónica (BUE), y una serie de cambios en el sistema electoral que fracasaron ante los cuestionamientos contra el mecanismo para aplicar técnicas de votación electrónica que no superaron las críticas de los expertos, ni la calidad de los argumentos del Gobierno.