Santiago Maldonado en las aulas: supervisores denuncian avance sobre la libertad de cátedra

Impulsada por el gobierno, y amplificada por los grandes medios, los últimos días se lanzó una campaña de difamación contra los docentes que quisieran tratar el tema de la desaparición de Santiago Maldonado en las aulas. Lo que llevó, por ejemplo, a que en el partido de Tigre sancionen a maestros, y en la Ciudad de Buenos Aires se impulse el 0800 que había lanzado el Ejecutivo meses atrás para que personas anónimas puedan denunciar el tema en la opción “Calidad educativa”. La respuesta no se hizo esperar, y 33 supervisores del Ministerio de Educación porteño lanzaron una declaración conjunta donde alertan por “un avance sobre la libertad de cátedra”, un derecho constitucional establecido en la Carta Magna, y subrayan la necesidad “imprescindible” de tratar el tema con los alumnos porque “la especificidad de este tipo de desapariciones constituyen una forma de terrorismo de Estado”.

“El valor de la palabra”, se titula el documento firmado por supervisores de diferentes niveles y modalidades del sistema educativo de la Ciudad, en el cual remarcan: “Manifestamos nuestra preocupación por algo que nos parece un avance sobre la libertad de cátedra, derecho constitucional relacionado con la libertad de expresión explicitado en nuestra Carta Magna”.

“Queremos señalar que las problemáticas sociales de alto impacto, penetran en las aulas de manera espontánea, y los docentes debemos considerar, asentados en la ética profesional, y la solvencia conceptual, su tratamiento con seriedad y apertura, de manera tal que su abordaje permita desmontar falacias, y construir reflexiones fundadas. Asimismo, destacamos que la problematización de este tipo de emergentes sociales, están debidamente encuadrados en los lineamientos curriculares vigentes, que contemplan temas referidos a los DDHH, convivencia responsable, normas de la democracia, y educación ciudadana”.

Y continúan: “En tal sentido, es necesario subrayar que la desaparición del joven Santiago Maldonado está caratulada por la Justicia como Desaparición Forzada de Persona. Esa figura jurídica alude a aquella desaparición ocurrida en el marco de una represión estatal. No es cualquier desaparición. Es una desaparición perpetrada por el propio Estado, lo cual la convierte en un hecho de gravísimas consecuencias, ya que deja al cuerpo social a merced de la arbitrariedad de quienes están para cuidarnos. De ninguna manera esto implica desconocer la gravedad de otras desapariciones. Pero sí es imprescindible subrayar desde la escuela la especificidad de este tipo de desapariciones, porque constituyen una forma de terrorismo de Estado. Los alumnos y alumnas tienen que manejar estos conceptos para encuadrar el suceso con pertinencia e interpretar el devenir de los hechos que ratificarán o refutarán la hipótesis planteada en la carátula. Nos guste o no, en la escuela ingresa el planteo. Los propios alumnos motivados por los medios de comunicación que instalan el tema, hacen preguntas. ¿Por qué habría que hacer silencio? No lo entendemos”.

“La escuela ayuda a encuadrar, a ponerle un borde al desborde mediático, a reflexionar con más calma. ¿De qué manera el silencio contribuiría mejor a ello? ¿Cómo no hablar de todo lo que resuena socialmente? ¿Cómo prohibir un tema de semejante sensibilidad? ¿Cómo permitir que se ensucie a las personas que buscan pensar y reflexionar, acusándolas de desestabilizadoras? ¿Cómo permitir calificar de partidario un reclamo emanado de miles de ciudadanos de los más diversos partidos e ideologías? ¿Cómo no usar la Escuela Pública para que los niños desde muy temprana edad, comprendan que las fuerzas de Seguridad están para cuidarnos y no para disponer de la vida y la muerte de los ciudadanos? ¿Cómo ignorar semejante hecho, con la historia que ha marcado a este país en el pasado reciente? ¿Cómo puede ser que el propio Ministerio genere estrategias persecutorias y permita que los medios de comunicación estigmaticen a los trabajadores de la educación, con la consiguiente peligrosidad que implica azuzar los ánimos de la comunidad contra ellos?”, se preguntan. Y concluyen: “Nos parece peligroso y absolutamente antipedagógico y autoritario establecer temas inabordables, cuyo silencio no hace más que agigantar las versiones injuriantes sobre la víctima, las sospechas, y finalmente la ruptura del tejido social. La palabra, el diálogo, la contraposición respetuosa de posturas, permite, por el contrario, acceder al conocimiento como construcción colectiva, estimulando el ejercicio democrático. La prohibición de la palabra sólo permite habilitar la persecución y el miedo”.

La Ciudad de Buenos Aires no es el único distrito donde supervisores se declararon en contra de la estrategia oficial del gobierno. En Córdoba, el supervisor de Educación para Adultos, Carlos Pardo, representante del Ministerio de Educación provincial, avaló la discusión de este tema: “La política en la educación es inherente al mismo acto educativo. Es imposible decir que la educación no es política”. Y agregó que “para poder formar el juicio crítico hace falta hablar de todos los temas”.