Tras 14 años de investigación, los jueces de la Cámara de Casación penal declararon prescripto el caso en el que ya hay ex funcionarios condenados.

Es que, en rigor, desde que se inició la causa hasta que la Casación limpió al gobernador mediterráneo pasaron 14 años. “La dilación que se advierte en el trámite de esta encuesta no puede ser justificada mediante el argumento de la complejidad de las actuaciones porque, si bien fueron muchas las personas que fueron objeto de imputación, lo cierto es que la actividad probatoria llevada a cabo no reviste una complejidad tal que alcance a justificar la demora”. Tanto es así que la investigación no era compleja, que hay funcionarios del gobierno de Carlos Menem que ya fueron condenados por la percepción de esos dineros ilegales.
Schiaretti ya había pedido que la causa fuera cerrada por prescripción, pero la Cámara de Casación lo rechazó. Por un trámite procesal difícil de explicar, otros jueces del mismo tribunal dejaron sin efecto esa decisión y les ordenaron a sus pares que dictaran un nuevo fallo. Entonces aparecieron otros jueces y, esta vez sí, le dieron la razón a Schiaretti. Y la causa se cerró.
El camarista Llorens señaló: “La reseña efectuada de los distintos hitos que fue transitando la presente pesquisa desde su inicio, hace más de 14 años, me inclina a considerar, en efecto, violentada la garantía de ser juzgado en un plazo razonable de la que goza el encausado Schiaretti”. Y esa dilación –exculpa el fallo- no fue responsabilidad del mandatario cordobés: “no puede sostenerse que haya existido una actividad abusiva que autorice a responsabilizarlos por la dilación del proceso”.
Schiaretti fue procesado el 5 de diciembre de 2012 pero el 24 de octubre de 2013 otros jueces de la misma jerarquía resolvieron “anular los procesamientos y embargos dictados, incluyendo el de Schiaretti”. La causa fue y vino de un tribunal a otro y aún hoy hay un recurso pendiente desde hace más de cinco años en la Corte Suprema.
El fallo es vergonzoso y así lo admitió el propio juez Llorens. “La solución que aquí propongo denota, sin lugar a dudas, el fracaso del Estado frente a la obligación de perseguir y sancionar la comisión de delitos cometidos en perjuicio de las arcas del propio Estado. Y en este aspecto, como funcionario de un poder del Estado, lo asumo con frustración y vergüenza”.
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