Se anticipa un duro debate en el Congreso sobre la expropiación de la cerealera

El debate sobre cómo será el rescate de la agroexportadora Vicentín comenzó inmediatamente en el Congreso tras el anuncio del presidente Alberto Fernández de enviar un proyecto de ley para expropiar la empresa. Si bien la iniciativa no ingresó formalmente al Parlamento y hasta hubo rumores de que podría no hacerlo, desde el oficialismo confiaron a Tiempo que el “envío de sigue en pie” y que la Cámara de origen será el Senado que preside Cristina Fernández.

Hubo dos hechos concretos en ambas Cámaras esta semana respecto a Vicentin, en el Senado se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside la santafesina María de los Ángeles Sacnun para analizar el proyecto que busca crear una bicameral investigadora de la deuda de la empresa. La iniciativa fue presentada en la Cámara Alta en abril por uno de los legisladores más cercanos a Cristina, el neuquino Oscar Parrilli. Plantea que la comisión especial estará integrada por 6 senadores y 6 diputados, con un plazo de trabajo de 18 meses, prorrogables por 6 meses más, y facultades para exigir la documentación correspondiente.

Al momento de tratar el proyecto, los senadores que integran el interbloque de Juntos por el Cambio volvieron a retirarse del encuentro remoto. El oficialismo de todas maneras avanzó con la firma de dictamen favorable y ahora el proyecto debe esperar una semana para poder ser tratado en el recinto y contar con la aprobación de la mayoría simple con la que cuenta el Frente de Todos. De aprobarse tendrá que ir a Diputados donde las negociaciones entre Sergio Massa y la oposición no son tan sencillas. Incluso el oficialismo por ahora no tendría los números para convertir el proyecto en ley.

El mismo viernes ingresó formalmente en Diputados el DNU enviado por la Jefatura de Gabinete referido a la Intervención de Vicentin.  El DNU ya tuvo giro a la bicameral de Trámite Legislativo que preside otro santafesino, el diputado del FDT Marcos Cleri. “No hay fecha de reunión, tenemos diez días hábiles para tratarlo. El ingreso del decreto ya se notificó a todos los integrantes de la comisión”, comentó un legislador que integra la bicameral.

El proyecto de expropiación tendrá un largo recorrido. Sin embargo los espacios políticos marcan diferentes posturas. Desde el Frente de Todos, la diputada Fernanda Vallejos destacó que “la intervención y próxima expropiación asegura la continuidad de una de las empresas del sector más importantes del país, las fuentes de trabajo y la actividad de los proveedores. Es una decisión claramente estratégica.”

En diálogo con Tiempo, Vallejos explicó que “el Estado Nacional podrá intervenir en dos áreas cruciales de la economía, al abastecimiento de divisas y la provisión de alimentos. Una empresa testigo tendría la capacidad de regular la provisión interna y la evolución de los precios. Permitiría no sólo mejorar la posición de los pequeños productores sino intervenir en una operatoria sumamente opaca y muy difundida en el sector, lo que le daría herramientas al Estado para limitar operaciones de triangulación, subdeclaración de exportaciones, abuso de precios de transferencia, y toda una diversidad de maniobras utilizadas para fugar divisas y evadir las responsabilidades tributarias».

El lavagnismo tomó distancia por ahora de la iniciativa oficial. El presidente del bloque de Consenso Federal, el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez le dijo a Tiempo:  “Debe intervenir el juez del concurso, que se incluyan a las cooperativas, a los pequeños y medianos productores y a la provincia de Santa Fe. Ahora corresponde esperar qué es lo que hace el gobierno. Se requiere trabajar mucho y que cuando envíen un proyecto al Congreso sea el resultado de ese trabajo”. “Se necesita una visión más federal, menos centralista, con el Ministerio de Agricultura participando”, señaló  Rodríguez. Y propuso como alternativa al rescate que “los accionistas de Vicentin no dejen colgado a un tendal de pequeños productores y que ellos, junto con el movimiento cooperativo, puedan participar del rescate con acciones en la empresa”.

En Juntos por el Cambio la postura es más extrema. En el Pro, la diputada por la provincia de Santa Fe Gisela Scaglia sostuvo que “todos estamos mirando qué es lo que va a pasar. Hay que ver cuáles son las alternativas que se ponen sobre la mesa. El presidente sigue insistiendo con la expropiación y nosotros decimos que no hay una garantía constitucional y que en el Congreso no están los votos para eso”.

Al ser consultada por este medio sobre cuáles son las otras ser las opciones, la diputada opinó que la quiebra “no es grave. Puede hacerlo y pagar a los acreedores y seguir sus actividades. Eso no significa romper con las fuentes de trabajo. Es un proceso que muchas empresas en la Argentina llevan adelante». “Las expropiaciones en la Argentina nunca fueron baratas, siempre fueron caras como en el caso de YPF», remarcó.