Se avecina un verano caliente en la cordillera patagónica y vuelve la amenaza de los incendios

Las llamas que esta semana arrasaron con 300 hectáreas de bosque nativo en Epuyén, Chubut, se convirtieron en el alerta temprana de un verano caliente que se avecina para la región cordillerana norpatgónica con peligro de reiterados incendios forestales debido a las condiciones climáticas muy favorables al fuego, pero también por las demoras gubernamentales para encarar medidas preventivas de fondo y la precarización laboral extrema de los combatientes forestales.

La tormenta perfecta se avecina con pronósticos confirmados de temperaturas que treparán por encima del promedio habitual y actuarán sobre una sequía que ya venía prolongada pero que se agravó este 2025 por un invierno con muy poca nieve y escasas lluvias que llegaron espaciadas y de manera singularmente tardía.

En ese panorama coinciden el Servicio Meteorológico Nacional y la Organización Meteorológica Mundial, las que adjudican este escenario al fenómeno climático de La Niña que se prolongará hasta entrado el otoño de 2026 con sus efectos de plagas agrícolas, sequías, temperaturas extremas e incendios forestales.

“Cuando hablamos de cambio climático en esta zona, hablamos de condiciones adversas, fenómenos meteorológicos impredecibles, tormentas de viento y aumento de descargas eléctricas. Y esto es creciente: en (los parajes rurales) El Manso y El Foyel ya son dos veranos consecutivos con incendios provocados por rayos”, explica a Tiempo Argentino Natalia Dobransky, cofundadora de la Brigada Forestal Mallín Ahogado, al norte de El Bolsón.

Diplomada en manejo del fuego y cambio climático en Universidad Nacional de San Martín, técnica universitaria en Gestión Integral de Incendios Forestales, Dobransky reclama nuevos abordajes para el “manejo integral del fuego con la integración de la comunidad producto de las nuevas dinámicas de los incendios forestales”.

La comprensión y el abordaje comunitario del fenómeno están ausentes en las agendas de Río Negro y Chubut, que se limitaron días atrás a decretar la “Emergencia Ígnea” en sus territorios. Vendido como un gran acontecimiento por las cadenas de medios para-oficiales, no significa otra cosa que relajar al extremo los controles administrativos para modificar presupuestos y realizar compras directas sin controles, ademas de prohibir el encendido de fuego al aire libre hasta el fin del verano.

Ambos también coincidieron en los términos alarmistas argumentados para decretar la emergencia: “Incremento de la biomasa y acumulación de combustibles vegetales disponibles para arder en el verano”. “Situación de extraordinaria y grave necesidad que torna urgente e impostergable la adopción de medidas”, alerta Chubut a fines de noviembre.

Para Río Negro, “a las condiciones materiales se suma la creciente presencia humana de población local y visitantes que aumenta el riesgo de incendio; (…) la situación tiende a agravarse por el Cambio Climático que aumenta la cantidad, la severidad y la superficie afectada por los incendios”.

Pero ninguno prometió acciones novedosas o detalló alguna política preventiva desarrollada a lo largo del año para limitar las consecuencias del fuego sobre la fauna silvestre y doméstica, la flora nativa y la vida productiva de las millares de familias rurales de la zona. Tampoco pusieron límite al festival de negociados inmobiliarios en áreas protegidas de bosques nativos, ni los permisos ilegales que conceden al capital transnacional para realizar grandes obras que afectan el ambiente en la alta montaña periglaciar, y en las nacientes de los ríos de ambas provincias.

Sólo pudieron presentar como relevante un acuerdo de cooperación mutua para compartir equipamientos entre Río Negro, Chubut y Neuquén, y el alquiler de dos helicópteros Black Hawk y Súper Puma. Absolutamente nada más.

A los incendios le ponen el cuerpo los brigadistas forestales de Parques Nacionales y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, dependientes del gobierno nacional, que trabajan en condiciones de precarización extrema, con contratos basura que se renuevan arbitrariamente cada tres meses y un salario medio de 850 mil pesos, que con antigüedad, jerarquía y adicionales puede trepar al millón de pesos.

Hernán Mondino, brigadista del Parque Nacional Los Alerces, Chubut, explicó a este medio que además de postergaciones salariales y de estabilidad, enfrentan problemas de salud y retiro: “Las ART se resisten a atender las lesiones crónicas que padecemos por la naturaleza de la tarea, y Parques Nacionales se niega a discutir la jubilación a los 57 años, debido a que un combatiente con 20 o 25 años de antigüedad esta físicamente maltrecho y aumenta su riesgo de vida”.

El problema de precarización extrema de los brigadistas es el más visible de “un ecosistema laboral que se extiende a los administrativos, técnicos y guardaparques que también están postergados y sin reconocimiento ni paritarias”, aclara Mondino.

Levemente mejor es la situación de los brigadistas provinciales del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), de Chubut, y del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif), de Río Negro, quienes poseen mayor estabilidad laboral y una escala salarial entre un 80 y 100% por encima de sus pares nacionales, merced a las paritarias locales que enfrenta la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La lucha contra los incendios forestales se completa con un factor esencial, los voluntarios, que se cuentan por decenas cuando la emergencia los convoca, pero que no son reconocidos ni acompañados por los gobiernos provinciales. Por el contrario, pueden ser perseguidos y hasta  encarcelados como sucedió este año en El Bolsón cuando el Poder Judicial se lanzó a una cacería de falsos pirómanos alentado por el Gobierno provincial y el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, que los culpabilizó sin pruebas, declaró de manera irresponsable que la ciudad se encontraba bajo ataque terrorista y pidió explícitamente la militarización del control callejero en la Comarca Andina. «