Es un minero acusado del crimen de Rodolfo Illanes en agosto pasado.
Aparaya, primo de un minero muerto en refriegas con policías, se declaró inocente de los cargos, aunque el Fiscal General, Ramiro Guerrero, sostuvo que «hay más de cinco testimonios que indican la participación del señor Aparaya en la muerte de (el viceministro del Interior, Rodolfo) Illanes».
«Soy inocente, en ningún momento he participado» en el crimen, señaló Aparaya. Illanes, quien fue al encuentro de piqueteros para buscar el diálogo en un violento conflicto de mineros agrupados en cooperativas, fue secuestrado y torturado salvajemente hasta morir.
El ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, refutó la versión del imputado. «Desde un principio él (Aparaya) es una persona clave que debe esclarecer su participación», junto a otros tres mineros prófugos, «los cuatro claves».
Aparaya burló a mediados de este mes una acción policial, gracias a que pobladores de una aldea minera frustraron su detención. Según las investigaciones, son varios los mineros que participaron de la tortura de Illanes, victimado a golpes de palo y piedra.
Desde septiembre está detenido otro sospechoso, Ever Jhonny Carvajal Peláez, «quien golpeó con un palo y agredió persistentemente al viceministro Illanes», según el Ministerio de Gobierno.
En el marco de esta investigación, una docena de dirigentes mineros está detenido preventivamente desde agosto en La Paz, bajo cargos de «asesinato, robo agravado, organización criminal y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado».
La justicia boliviana investiga también la muerte a balazos de cinco piqueteros, entre ellos un familiar de Aparaya, por lo que tomó declaraciones a casi un centenar de policías, entre estos al jefe policial que encabezaba las operaciones en la carretera cuando Illanes fue secuestrado.
El conflicto se originó, porque los mineros cuestionan una norma que permite la creación de sindicatos dentro de las cooperativas, pero el gobierno de Evo Morales argumenta que en realidad intentaban obtener autorización para alquilar sus concesiones mineras a empresas privadas o extranjeras, lo que está expresamente prohibido por la Constitución.
Tras los incidentes, una treintena de contratos de cooperativas con empresas privadas están en curso de ser anulados.
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