Se forja alianza entre el gobierno y el sector empresarial para reclamar a las provincias por Ingresos Brutos

En un movimiento claramente coordinado, el gobierno nacional, los sectores empresarios que conforman el poderoso Grupo de los 6, los bancos y las fintech salieron a reclamarles a las provincias que eliminen o reduzcan el impuesto a los Ingresos Brutos con el que se gravan las actividades de esos sectores. El tema es motivo de una clara preocupación para la administración de Javier Milei y en especial para el ministro de Economía, Luis Caputo, que hizo de la rebaja de impuestos uno de los pilares de su política de seducción hacia los grupos de poder.

El detonante para esta nueva ofensiva fue la decisión del gobernador de Santa Fe, Maxi Pullaro, de incrementar de 5% a 9% la alícuota de ese impuesto para el sector financiero. Así supera con holgura el 6,75% que impone Córdoba y el 5% de Entre Ríos, tres jurisdicciones que, a pesar de su alineamiento con el Ejecutivo Nacional, en las últimas semanas avanzaron fuertemente en esa dirección.

En su cuenta en la red social X, Caputo destacó que “esta recuperación económica está haciendo mejorar la recaudación, generando recursos que, como prometimos siempre con el presidente Javier Milei, estamos destinando a bajar impuestos, para que la gente pueda tener acceso a mejores bienes y a mejores precios”.

“Quiero remarcar la importancia de reducir el déficit vía reducción de gastos, y no vía aumento de impuestos como están haciendo algunas provincias y municipios (tasas en este caso) de manera injustificada, ya que todos están recibiendo mayores ingresos por el aumento en la recaudación. Sería muy importante para el país que provincias y municipios, aprovechando este aumento en sus ingresos, se sumaran al esfuerzo que están haciendo todos los argentinos y redujeran Ingresos Brutos y tasas municipales”, posteó el ministro, reiterando expresiones suyas de las últimas semanas.

El hilo de razonamiento del que fue tirando Caputo tiene un punto objetable: la mayor recaudación, que en muchas provincias no se está verificando, ya que en general dejaron de percibir transferencias de la Nación, tanto las automáticas (bajaron 10% en 2024, según el cálculo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, IARAF), como las no automáticas (la Oficina Nacional de Presupuesto estimó que cayeron 78,2%). En el primer caso influyó la merma en la recaudación tributaria producto de la fuerte recesión y en el segundo, la decisión política del gobierno federal de mejorar sus cuentas y trasladar a las provincias el costo del ajuste. Además, muchas de ellas debieron absorber gastos específicos y obras públicas que la Nación dejó sin financiamiento.

Esa debilidad en su base derrumba el cúmulo de argumentos que sobre ella edifica el ministro. Sin embargo, su prédica contra Ingresos Brutos tiene un acierto: casi todos los expertos tributaristas critican ese impuesto porque se aplica “en cascada”, sobre el monto total de facturación, a diferencia de otros (como el IVA) que permiten ir deduciendo lo ya abonado en la adquisición de bienes y servicios a lo largo del proceso productivo. De ahí que su aplicación termina incrementando fuertemente el precio final. Además la variedad de alícuotas hace que inevitablemente haya sectores tratados con mayor o menor indulgencia.

Con un claro oportunismo político, el Grupo de los 6 hizo su propia toma de posición. “Resulta imposible avanzar con un desarrollo sostenible y federal, con creación de empleo de calidad y recuperación del consumo, si las provincias y municipios no acompañan el horizonte de reducción de la carga impositiva planteado por el Gobierno nacional”, señaló ese espacio que integran la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Unión Industrial Argentina y la Asociación de Bancos Argentinos.

Esta última firmó por duplicado, ya que junto con la Asociación de Bancos (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados (Abappra) y la Asociación de la Banca Especializada (ABE) emitió otro documento en el que destacan que “las alícuotas de Ingresos Brutos provinciales y varias tasas municipales han alcanzado niveles históricos debido a los incrementos registrados recientemente, lo que representa un obstáculo significativo para el crecimiento del crédito y la viabilidad de las sucursales bancarias”.

Por su parte, la Cámara Argentina Fintech sacó su propia declaración para enfatizar que “el mayor obstáculo para la digitalización de la economía es el peso fiscal aplicado a las personas y comercios que usan medios de pago electrónicos”. En una declaración que vio la luz minutos después del anuncio oficial de la quita de retenciones temporal para sectores del campo manifiestan «su preocupación por el impacto de la persistente y creciente presión tributaria sobre la industria tecnológica y financiera en el país». El reclamo, de nuevo, apunta contra «la decisión de ciertas Provincias y áreas técnicas de la Administración Nacional de incrementar impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos o los Débitos y Créditos (IDC) sobre flujos de fondos de terceros» que, se quejan, «representa un cepo para el desarrollo«.

El texto fue reforzado por otros que por su cuenta publicaron Mercado Libre (en favor de su billetera virtual Mercado Pago) y Ualá, dos de los principales jugadores de ese sector que contribuyeron a darle voltaje político a la situación.