Se lanzó la Liga de Gobernadores con unidad y reclamos federales

Unos 16 mandatarios provinciales del Frente de Todos (FDT) lanzaron la denominada nueva Liga de Gobernadores en búsqueda de «más federalismo y unidad nacional», en medio de una puja con la ciudad de Buenos Aires por la distribución de recursos y la asignación de subsidios a la energía y al transporte público, y con el impulso de un proyecto de ley para modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia.

Sin un acto con militantes y alejados de la liturgia justicialista, los gobernadores de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, San Juan, Tucumán, Misiones, San Luis, Salta, Formosa, Chaco, Chubut, Tierra del Fuego y Santa Cruz dieron un paso más hacia la unidad de ese bloque y presentaron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) la nueva Liga de Gobernadores, que emula a la liga de mandatarios provinciales del PJ.

Los 16 mandatarios que la integran son: Axel Kicillof, Sergio Ziliotto, Gustavo Bordet, Ricardo Quintela, Raúl Jalil, Gerardo Zamora, Sergio Uñac, Osvaldo Jaldo, Oscar Herrera Ahuad, Alberto Rodríguez Saá, Gustavo Sáenz, Gildo Insfrán, Jorge Capitanich, Mariano Arcioni, Gustavo Melella y Alicia Kirchner.

Adaptados a los tiempos modernos, los gobernadores del FdT eligieron publicar el documento del encuentro fundacional por las redes sociales y fue el mandatario pampeano, Sergio Ziliotto, quien publicó en Twitter el texto titulado: «Por más federalismo y unidad nacional».

El encuentro se desarrolló en la sede porteña del CFI: algunos participaron presencialmente y otros se conectaron desde sus provincias a través de la plataforma Zoom.

La formalización de la Liga de Gobernadores del FDT llegó luego de que mantuvieran varias reuniones -también en el CFI- por la situación de la distribución de los recursos coparticipables y la disputa legal que existe en la Corte Suprema de Justicia, a donde la Ciudad reclama fondos que eran girados por el Gobierno nacional para el pago de la Policía porteña y reasignó parte de esa partida por considerarlos excesivos.

Desde sus principales impulsores sostuvieron que «si bien la Liga ya existía, se le dio forma para interactuar con mayor fluidez y tener todos un camino en común».

En su documento fundacional, los gobernadores expresaron: «Despojados de intereses partidarios, representamos a nuestras provincias en la defensa de un país justo y equitativo, en el que los recursos se asignen promoviendo en desarrollo armónico y equilibrado».

«Asumimos un debate histórico frente a las asimetrías que imponen la infraestructura pública disponible; la competitividad de las economías regionales; la inequidad en el precio del combustible; las asimetrías de las tarifas energéticas y en los subsidios la transporte», apuntaron.

También remarcaron que «es hora de gestar consensos estructurales y políticas para el desarrollo que permitan generar nuevos empleos de calidad. Con este objetivo analizamos alternativas para federalizar políticas tendientes a transformar los planes sociales en trabajo genuino y digno».

«Queremos representar a nuestras provincias más allá del partido o la coalición que las gobierne. Nuestra convocatoria es amplia y plural para fortalecer la democracia con la participación de todos y todas. ¡Ese es el desafío!», concluyeron en el texto.

Por su parte, el chaqueño Capitanich publicó en sus redes sociales: «Trabajamos para concretar los acuerdos necesarios que permitan impulsar una Corte Suprema de Justicia de base federal con la representación de las provincias argentinas a través de juristas calificados».

Hoy, la Liga de Gobernadores tiene dos grandes frentes de disputa que son la reforma de la Corte Suprema, por un lado, y la puja por los fondos con la Ciudad, por otro. Estos temas se unen en el máximo tribunal, ya que el distrito porteño tiene un reclamo judicial que espera por una resolución de la Corte que debería haberse expedido el 11 de mayo pasado.

El reclamo de la Ciudad tiene origen en un diferendo que mantiene con Nación por el porcentaje de fondos transferidos al distrito cuando pasó la Policía Federal a la órbita porteña, que subió del 1,4% de la coparticipación al 3,75% durante la presidencia de Mauricio Macri, y luego fue reducido al 3,5% por aquel mismo Gobierno.

En tanto, el 9 de septiembre de 2020, a través del Decreto 735/2020, el presidente Fernández dispuso que ese porcentaje se retrotrajera nuevamente al 1,4%. A finales de 2020, el Congreso de la Nación sancionó una ley que ordenó una negociación entre las partes para definir el monto a transferir, al tiempo que indicó que el dinero no correspondería a fondos coparticipables.

Por eso, el Gobierno porteño presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema y, si bien los jueces buscaron que las partes llegaran una solución política, no hubo avances y ahora es el máximo tribunal el que debe resolver.