Mientras Diputados debate varios proyectos que van en ese sentido, varios especialistas se oponen a la medida.

El proyecto establece un régimen penal aplicable a los adolescentes desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputados de un delito. La iniciativa establece que no se le podrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua y que el máximo de prisión será de 20 años.
De todas maneras, en el plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto, que presiden Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba), Manuel Quintar (LLA-Jujuy) y José Luis Espert, se analizarán otros proyectos que fueron presentados por el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo; por el oficialista Álvaro Martínez; por el legislador de Hacemos Ricardo López Murphy y por la diputada María Eugenia Alianiello de Unión por la Patria (UxP).
“La narrativa que pretende instalarse entre los legisladores y la llamada opinión pública es que los adolescentes no son diferentes a los adultos que delinquen y que, por tanto, su procesamiento penal debe ser similar al que están sujetas las personas adultas”, analiza Iris Rosario, catedrática auxiliar de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, quien esgrime que este tipo de discursos fueron asumidos tanto en Puerto Rico como Estados Unidos en la década del 90 “movidos por el pánico moral que desató el aumento de las tasas de delito, la preocupación generada por esto en la ciudadanía y el énfasis que hacían de ello los medios de comunicación”.
Luego de que fueran penados unos 250 mil adolescentes, la docente puertorriqueña advierte que a partir de 2005 la justicia estadounidense comenzó a virar su postura, y explica que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dio vuelta varios de estos fallos al considerar que “ciertas penas resultan ser inconstitucionales al aplicarlas a los adolescentes debido a la falta de madurez, capacidad, impulsividad y desarrollo de estos, entonces cualquier mecanismo procesal por el cual se logré la imposición de esos castigos tampoco puede justificarse”.
En una reciente publicación de Página 12 titulada “La política que la adolescencia precisa», la Doctora en Ciencias Sociales y especializada en criminología María Laura Böhm, se pregunta “¿Cómo acercarse a quienes viven una adolescencia particularmente conflictiva, aparentemente carente de alternativas felices, brindarle escucha a su sentir y a sus necesidades genuinas, y atenderlas? ¿Cómo revisar las carencias que hayan podido tener lugar y trabajar sobre ellas para brindar en esta etapa atención amorosa, cuidado material, educación y esparcimiento dignos de una feliz adolescencia? ¿Cómo hacer saber y sentir a esa adolescente y a ese adolescente que su vida vale tanto como la de otras personas y que una juventud plena y una adultez significativa son posibles, también en su caso?”.
“Trabajar sobre estas preguntas y definir líneas de acción integral es la tarea que la política adeuda a la sociedad. La simple lectura y votación apurada de un articulado penal juzgador de adolescencias difícilmente podría considerarse un verdadero acto político”, resume.
El abogado, escritor y periodista, Juan Chaneton, también escribió sobre el asunto: “Las soluciones al problema de los delitos perpetrados por individuos menores de edad -pobres o no- nacidos y crecidos en entornos criminogenéticos, no consiste en descerrajar más violencia sobre esos menores”. Al mismo tiempo, concluyó que “un niño preso, aunque ese niño haya amenazado a un vecino, no hará que ese vecino pierda el miedo ni esté más seguro. Lo único seguro es que seguirá inseguro mientras la sociedad en la que viven los niños les siga proponiendo, como incentivo social excluyente, poseer cada vez más mientras él ve, día a día, cómo sufren los suyos por carecer de lo indispensable”.
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