Se postulan al directorio del Conicet y denuncian la política de «ciencia cero»

A través de una demoledora carta pública, tres prestigiosos investigadores del Conicet, que se postulan para integrar el directorio del ente autárquico que aglutina la actividad científica en el país, denunciaron la política de «ciencia cero» que lleva adelante el gobierno nacional.

Se trata del biólogo molecular Alberto Kornblihtt, doctor en Ciencias Químicas, licenciado en Ciencias Biológicas y galardonado con el premio Bernardo Houssay al Investigador de la Nación; el doctor en Ciencia Política Mario Pecheny; y el licenciado en Sociología Guillermo Neiman, quienes alertan sobre un hecho preocupante: este año no habrá nuevos ingresos a la carrera de investigador del Conicet. Al postergarse la apertura de la convocatoria –que habitualmente se hace a fin de año– para el último 19 de abril, el burocrático proceso de validación de los ingresos se extenderá hasta abril del año próximo, con lo cual 2018 quedará vacante.

La carta de los científicos repasa los trazos gruesos del ajuste que sufre el sector durante la actual gestión. La inversión en Ciencia y Técnica bajó del 1,46% del Presupuesto nacional en 2015 al 1,22% en 2018. El número de ingresantes previsto al Conicet es de 300 becarios, la mitad que en 2017 y un 70% menos que en 2015, cuando se llegó a 943 ingresos. Un cupo adicional de 150, destinado a universidades y sobre el que, advierten, hay pocas precisiones, podría repetir el fiasco de 2016, cuando 410 científicos que pasaron todas las evaluaciones fueron derivados a universidades, con dinámicas de incorporación conflictivas y sin respaldo presupuestario, al punto de que muchos padecen un atraso salarial de más de tres meses. Sin hablar de los recibos de sueldo de investigadores que llegaron el 27 de abril con «descuentos por ganancias» de hasta el 100% de sus salarios.

A la drástica reducción de ingresantes al Conicet, explican Kornblihtt, Pecheny y Neiman, «se suma la disminución del número de becas doctorales, el congelamiento salarial y el ajuste en los fondos para investigación»: las partidas asignadas en 2018 a los institutos de investigación fueron recortadas un 20% en términos nominales, «no alcanzan siquiera para el pago de los servicios e impiden ejecutar obras elementales de mantenimiento de edificios y equipos».

Por fin, inscriben la crisis del Conicet en un ataque al sistema científico en su conjunto, y desnudan el supuesto redireccionamiento de recursos hacia la ciencia aplicada o «útil», pregonado por el ministro Lino Barañao, que choca con los despidos en el INTI y el INTA, “los organismos encargados de transferir desarrollos al agro y a la industria”.

Las candidaturas de Kornblihtt, por la Gran Área de Ciencias Biológicas y de la Salud (que compite en una terna), y las de Pecheny y Neiman, por la de Ciencias Sociales y Humanidades, ya recibieron cientos de avales de sus colegas. De resultar electos tras la votación online que se extenderá hasta el 31 de mayo, su presencia en el directorio del Conicet supondría un nivel de discusión más dura en el seno de un organismo que perdió autonomía y cuyos lineamientos marca directamente el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, la elección podría derivar en un nuevo escándalo de inusitada gravedad institucional.

La ley indica que las ternas deben ser elevadas al Poder Ejecutivo, para que designe, en un plazo prudencial, a los miembros del directorio. Los usos y costumbres democráticos solían disponer el nombramiento del candidato más votado, pero el caso del doctor Roberto Salvarezza, cuya designación se demoró casi dos años tras ser elegido por sus colegas como representante de las Ciencias Exactas, genera lógico recelo entre los investigadores críticos de la gestión Barañao. Electo diputado por Unidad Ciudadana en las últimas legislativas, Salvarezza declinó su nombramiento en el Conicet, pero interpuso un amparo para que el Ejecutivo designe a quién ocupó el segundo lugar por Exactas, el físico rosarino Roberto Rivarola. La jueza federal María Alejandra Biotti le dio la razón y fijó, un mes atrás, un plazo de 20 días para que la Secretaría de Legal y Técnica de Presidencia cumpla con la designación. Mientras sigue ajustando en ciencia, el gobierno no da el brazo a torcer y apeló el fallo. «