Se profundiza el escándalo por pedofilia en Reino Unido

Este es un nuevo golpe a esta vasta investigación pública independiente sobre un escándalo de pedofilia que involucra a personalidades de todos los niveles de la administración pública, resaltan los medios británicos. Y la polémica se mantiene al tope de las audiencias. La jueza Lowell Goddard, que justificó su decisión de renunciar a la causa  por una «serie de errores» cometidos antes de que ella se ocupara del caso, es la tercera magistrada que renuncia a encargarse de esta investigación desde su creación en verano de 2014 por la actual primera ministra Theresa May, por entonces ministra del Interior.

La apertura de pesquisas se produjo tras la aparición en la prensa de revelaciones, confirmadas por los ministerios implicados, sobre la desaparición de la documentación relativa a 114 casos de acusaciones de abusos sexuales a niños cometidos entre 1979 y 1999.Uno de ellos, según la prensa, se referiría a la implicación de diputados y otras personalidades políticas en una extensa red de pedofilia.

Las revelaciones sobre abusos sexuales a menores y la verdadera escala del delito podría ser peor que las estimaciones oficiales, que hablan de una víctima por cada 20 niños.

El muro de silencio oficial en torno a los abusos infantiles en Gran Bretaña comenzó a romperse en 2011, después de la muerte del animador de la televisión pñublica Jimmy Savile, cuando decenas de personas salieron a denunciar que había abusado de ellas durante décadas. Por eso se inició una investigación sobre cómo gestionaron las agencias públicas –incluso órganos de gobierno, policía, hospitales, iglesias y la cadena BBC– las denuncias de abusos a menores.

La investigación se vio retrasada por la dimisión de las dos magistradas encargadas del caso precedentemente, acusadas de tener un conflicto de intereses por sus relaciones con posibles implicados. La primera, la baronesa Butler-Sloss  renunció en Junio de 2014  luego que llovieran las criticas por el rol que había jugado en el pasado su hermano, Lord Havers,  que fue en los años ochenta procurador general.

 Su remplazo, Fiona Woolf, no duro mucho tampoco  por la ola de protestas por su gran relación con el “establishment” local y posibles vínculos con figuras públicas relacionadas con los casos investigados.Sobre todo con Leon Brittan, el ministro del interior que murio en 2015.

Para evitar situaciones parecidas, tuvbieron que ir a buscar una jueza a Nueva Zelanda, Lowell Goddard, nombrada en febrero de 2015. Sin embargo, la magistrada tampoco logró prosperar en su trabajo y explicó el jueves que le había sido imposible «lidiar con las numerosas dificultades nacidas de una serie de errores» cometidos antes de ser nominada para el cargo.

Hasta ahora, la investigación ha permitido abrir 13 casos que afectan a personalidades e instituciones públicas.

La dimisión de Goddard, de 67 años, se produce después de que se revelara que la magistrada pasó más de 70 días trabajando fuera del Reino Unido o de que tomó vacaciones en su primer año en el cargo, cuando su acuerdo con la comisión de investigación le otorgaba tan solo 30 días de permiso, si bien no se ha ofrecido una explicación oficial sobre su renuncia. 

«Puedo confirmar que Lowell Goddard me escribió hoy para ofrecer su renuncia como presidenta de la investigación independiente sobre abusos a menores y que yo la acepté», explicó en un comunicado la titular de Interior, Amber Rudd.

«Quiero asegurar a todos aquellos que tienen interés en estas pesquisas, particularmente a las víctimas, que el trabajo de investigación continuará sin retrasos y que una nueva jueza será designada», sostuvo Rudd, que agradeció el trabajo hecho hasta ahora por Goddard. 

Al abrir la investigación, May advirtió de que las «verdaderas cifras» sobre los abusos a niños cometidos en el país pueden ser más altas de lo estimado hasta ahora y recalcó que parte de la investigación se centra en determinar si diversas instituciones públicas encubrieron los hechos. La gran cantidad de documentación que es necesario revisar hace que no se prevea una resolución del proceso al menos hasta el año 2020