A través del Decreto 698, el gobierno promulgó la norma. Desde la agrupación Familiares Atravesados por el Femicidio celebraron la medida.
La ley precisa que los destinatarios de este régimen especial son aquellos menores de 21 años o personas con discapacidad cuyo “progenitor y/o progenitor afín haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio de su progenitora”.
También se contemplarán los casos en los que se extinga la acción penal debido a la muerte del sospechoso. En este mismo sentido, tendrán el mismo tratamiento aquellos hijos cuyo “cualquiera de sus progenitores y/o progenitores afines haya fallecido a causa de violencia intrafamiliar y/o de género”.
La reparación económica es de un haber jubilatorio mínimo, retroactiva al momento del homicidio. Además, el Estado deberá garantizar “una cobertura integral de salud, la cual debe cubrir todas las necesidades de atención de su salud física y psíquica”.
“La reglamentación de la llamada Ley Brisa nos pone más que felices ya que estaría beneficiando a todos nuestros niños huérfanos, donde el Estado estuvo ausente todos estos años”, explicó a Tiempo Leónidas Matheu, cuya hija Mara, fue violada y asesinada hace diez años en Santa Teresita.
“Desde fines de 2017, pudimos ser parte de este proyecto, junto a otras víctimas de todo el país, y ser escuchados por diputados de todos los partidos que entendieron nuestra necesidad. Logramos que la Ley se haya sancionado por unanimidad y que ahora se reglamente sin modificaciones. Queremos destacar el gran trabajo de algunos periodistas como Maxi Montenegro y amigos de otras ONG como Amigos del Alma, que fueron quienes impulsaron esta iniciativa”, concluyó Matheu.
Brisa
El nombre de la Ley se debe a Brisa, quien sufrió junto a sus hermanos mellizos el brutal asesinato de su madre, Daiana Barrionuevo. La mujer fue golpeada hasta la muerte, en diciembre de 2014, por su ex pareja y padre de sus hijos, Iván Adalberto Rodríguez.
Se calcula que con unos 3000 niños, niñas y adolescentes se beneficiarán con esta nueva norma.
Colombia, Ecuador y Perú comparten no sólo fronteras sino problemas semejantes.
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