Más de 167.000 trabajadores en relación de dependencia pudieron regularizar su situación a lo largo de 2022 debido a «acciones permanentes desplegadas» por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), informó el organismo.
«El período entre enero y noviembre de 2022 muestra un incremento del 161% en la cantidad de empleados que pasaron a estar registrados como resultado de las tareas de control del organismo», destacó en un comunicado.
El organismo recordó que en el mismo lapso de 2021 «se habían formalizado poco más de 64.000». Además, señaló que desde agosto la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (Dgrss) «fortaleció las fiscalizaciones presenciales y virtuales y las campañas de inducción a empleadores para que formalicen trabajadores en situación irregular».
«Así, la Dgrss logró incorporar a 109.413 empleados que no tenían registro alguno en AFIP», indicó, y detalló que, «de ese total, 73.248 lo hicieron a partir de campañas masivas de inducción, 22.085 por fiscalizaciones presenciales y 14.080 por fiscalizaciones virtuales. En total, unos 44.033 empleadores regularizaron 167.749 trabajadores a lo largo del año», agregó.
El 25% de ese universo correspondió al sector Comercio y 16% a Hoteles y Restaurantes; en tanto, a Construcción y Agricultura correspondieron el 11% en cada caso; y 10% a la Industria Manufacturera, entre las principales actividades alcanzadas por las acciones de fiscalización y control.
En 2021, los trabajadores regularizados habían sumado 64.236, de los cuales 36.394 se trataron de empleados nuevos incluidos en el sistema.
Durante ese año, 23% había correspondido al rubro constructor, 15% al Comercio e Industria Manufacturera y Transporte habían representado 12%.
La AFIP expresó que las tareas de fiscalización previsional llevadas a cabo «forman parte de las acciones de concientización sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de las obligaciones de los empleadores que lleva a cabo el organismo, en la búsqueda de reducir la informalidad laboral».
Por último, advirtió que «los empleadores que evaden las cargas sociales no permiten que sus trabajadores accedan a una obra social y a una jubilación como tampoco garantizan una cobertura en casos de accidentes de trabajo y seguro de vida».
