Secuestraron 11 millones de pesos en 10 cajas de seguridad dentro de la feria

Once millones de pesos y más de 6.000 dólares fueron secuestrados este jueves en diez cajas de seguridad halladas en el complejo Punta Mogote, en la feria La Salada, durante un allanamiento ordenado por la Justicia Federal de Lomas de Zamora en una causa por «evasión impositiva» que tiene como único imputado a Jorge Castillo, detenido ayer miércoles en su mansión del partido bonaerense de Luján.

«Era un búnker blindado, tres pisos de oficinas administrativas que se conectaban mediante puertas blindadas», dijo hoy a Télam una fuente judicial con acceso al expediente, quien agregó que del operativo participaron efectivos de la Policía Federal y de la Gendarmería.

El operativo se realizó en el marco de una causa iniciada hace varios años por «evasión impositiva» a cargo el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, y que es una investigación paralela a la del fiscal Sebastián Scalera, por asociación ilícita y extorsión, que derivó en los 55 allanamientos y las 22 detenciones de ayer, entre ellas la de Castillo, sus familiares y tres policías.

El allanamiento comenzó cerca de las 20 de anoche y finalizó cerca de las 4 de esta madrugada en el complejo Punta Mogote, uno de los tres que conforman la feria La Salada, en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.

Los policías de la Federal ingresaron al lugar tras romper una de las persianas metálicas de color azul y se dirigieron a las oficinas administrativas, en las cuales trabajaban unas 30 personas bajo la dirección y mando de Castillo.

Según los pesquisas, los policías tuvieron que derribar ocho puertas blindadas y hallaron diez cajas de seguridad en distintas habitaciones. «En una de las oficinas tuvieron que correr un placard que, atrás, tenía una puerta oculta que llevaba a otra habitación de un metro cuadrado en la que había una caja fuerte», dijo un investigador.

En tanto, el juez Villena dijo a Télam que el allanamiento «fue más que exitoso» y «superó las expectativas».

Además, el magistrado expresó su agradecimiento al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, por el apoyo que le brindó en el exterior del predio, con la contención de los efectivos de la Policía provincial.

Además del dinero, los policías secuestraron un vehículo, documentación que ahora deberá ser analizada por peritos contables y dos armas de fuego.

Se cree que el dinero secuestrado es producto del supuesto alquiler y canon que cobraba Castillo, conocido como «El Rey de la Salada», a los feriantes y puesteros callejeros por el alquiler de los puestos.

El juez analizaba ahora indagar a Castillo, aunque no tiene fecha prevista para hacerlo, dijeron las fuentes judiciales, quienes aseguraron, además, que se prevé imputar no sólo la «evasión impositiva» sino también el delito de «lavado de dinero».

En tanto, en la causa que tramita el fiscal Scalera, por «asociación ilícita», esta tarde comenzaron a ser indagados los 22 detenidos, de los cuales cinco se negaron a declarar y hasta esta noche Castillo no había sido interrogado, indicó una fuente judicial.

La lista completa de los detenidos es la siguiente: Jorge Castillo, administrador de Punta Mogote; Hugo Castillo, hermano de Jorge, y su esposa Alcira Arrieta, dueños del complejo «Coty 3», Adrián y Leandro Castillo, sobrinos del primero y dueños del predio «Coty 3»; Orlando Fassone, subcomisario de la División Narcotráfico de Lomas de Zamora y Pablo Randone, cabo primero de la Policía Federal asignado a la División Custodia de Funcionarios.

También fueron apresados Pablo Gómez, Santos Crespín Gómez, Orlando Fernández, Mauricio Sequeira, Luis Ramírez, Ariel Monier, Maximiliano Pedernera, Eduardo Batistoni, Eduardo Ruiz, Raúl Ramírez, Daniel Isasi, Manuel Villalba, Saúl Rodríguez, Mauro Leiva, Rafael Sambrán y Alejandro Rivero, todos jefes o miembros de las tres bandas que operaban en «La Salada».

Según los investigadores, Jorge Castillo lideraba la llamada “Banda de los Chaqueños”; su sobrino Adrián, la conocida como “Banda de Adrián o de River” y otra de las organizaciones es la denominada “Banda de los Cucos”.

Esta causa comenzó en abril de 2015, cuando tras un desalojo se determinó que un grupo tenía el control de miles de puestos callejeros que funcionaban afuera de los predios habilitados.

La pesquisa avanzó y se estableció que explotaban de manera ilegal los puestos, cobraban un canon a los feriantes para poder permanecer en el lugar y otros por seguridad, limpieza, estacionamiento y el pago de un bono contribución.

Todas estas acciones eran realizadas bajo amenazas y, en caso de que no se pudieran efectivizar, los feriantes eran golpeados, al tiempo que los miembros de la organización que actuaban como «seguridad» del lugar atacaban a las denominadas «mecheras» que encontraban robando en los puestos, a quienes llevaban hasta galpones, las hacían desnudar y las golpeaban con cinturones.