Segunda audiencia pública por la represión contra mapuches en Chubut

Los siete imputados en la causa fueron llamados a su segunda audiencia pública a pedido de la defensa. Se realizará este jueves a las 10hs, en la Fiscalía de la Ciudad de Esquel, de la justicia de la provincia de Chubut. El fin es pedir la recusación del fiscal Carlos Díaz Mayer y el motivo de este pedido recae sobre su parcialidada la hora de llevar a cabo sus acciones y el incumplimiento de sus deberes de funcionario público del estado.   A pesar que los detenidos no tienen antecedentes quedaron encarcelados en la Unidad Penal 14 de Esquel por «resistir violentamente» a la orden judicial y entorpecer el transporte público.

Algunos de los motivos por los cuales la defensa particular y la defensoría pública solicitaron esta instancia son al momento de la violenta detención y encarcelamiento que violó los derechos de los detenidos (no se les permitió realizar una llamada y nunca se les informó el motivo de la detención) el Fiscal Díaz Mayer sólo escuchó la versión de lo sucedido por parte de las Fuerzas Policiales de El Maitén y empleados de la Cia. Tierras del Sur (Benetton). También por no corroborar personalmente el estado físicode los detenidos (que tienen fracturas, golpes y demás heridas provocadas durante la violenta detención), a pesar de los llamados a gritos de las víctimas que se encontraban en los calabozos de la comisaría de El Maitén.

Durante dos días consecutivos, la Justicia de Chubut ordenó a la policía provincial y a Gendarmería nacional el desalojo de la comunidad mapuche «Lof en Resistencia» del departamento de Cushamen, que reclama la tenencia de tierras ancestrales bajo propiedad del empresario italiano Luciano Benetton. Aquellos operativos fueron cruentos: la represión tuvo como resultado tres manifestantes heridos, uno de ellos con una severa fractura de mandíbula, quien debió ser derivado al hospital de El Bolsón.

«Gendarmería y la Policía entraron cerca de las 20 a la comunidad y efectuaron disparos. No sabemos si fueron municiones de goma o de plomo, pero tres de nuestros hermanos están heridos», señaló a la agencia Télam Soraya Maicoño, vocera del grupo indígena. «Llegó infantería y así como llegaron, se bajaron de la camioneta y empezaron a disparar a quemarropa», contó Sonia Ivanoff, abogada de los indígenas.

La acción policial fue ordenada por el juez federal Guido Otranto, con el objetivo de liberar las vías en la zona de la estancia Leleque, en el oeste de Chubut. 

Fueron dos allanamientos que, de acuerdo al magistrado, tuvieron la intención de remover los «obstáculos materiales» que desde hace un mes y medio impedían el tránsito del tren turístico de trocha angosta, conocido como La Trochita, que va de El Maitén a Esquel. Los objetos removidos formaban parte del asentamiento de la colectividad indígena que se instaló en el lugar como medida de protesta. Pero el uso de la fuerza fue desmedido y con  altos niveles de violencia. Hubo un despliegue de 21 móviles policiales, entre ellos dos colectivos, un camión hidrante, un camión de carga, un helicóptero, caballos, drones y numerosos furgones y camionetas.

«Reprimieron a mujeres y niños. Se llevaron animales, rompieron las casas y no sabíamos a dónde llevaban a los detenidos», denunció María Isabel Hualla, madre de uno de los apresados. «Eran más de 200 gendarmes contra diez mapuches, vinieron con drones, tanquetas, carros hidrantes. Hasta un avión hidrante llegó al lugar», agregó la mujer.

El defensor oficial Fernando Radziwilowski, del Ministerio de la Defensa Pública de Chubut, presentó un hábeas corpus para exigir su libertad. Sin embargo, el juez Otranto rechazó las excarcelaciones de tres de los detenidos, mientras que el resto, a cargo del juez José Colabelli, 

El conflicto entre el grupo mapuche y la transnacional textil Benetton data desde hace años, y está vinculado a los derechos de propiedad de miles de hectáreas de la Patagonia argentina.

Se trata de tierras que fueron vendidas al empresario textil italiano en 1994 durante el gobierno de Carlos Menem, pero el grupo mapuches reclaman su tenencia. Según alegan, aquel territorio pertenecía originalmente al pueblo mapuche antes de ser despojado violentamente en la campaña de la Conquista del Desierto, y aseguran que documentos históricos acreditan esa posesión. En marzo de 2015, la comunidad resolvió ocupar esos terrenos y generar distintas protestas para volver a tener el derecho de vivir en ellas.