Seis de cada diez inquilinos sacrificaron alimentos para pagar el alquiler

Que la economía de gran parte de los hogares inquilinos está en rojo no es novedad. Pero los efectos de la pandemia sobre esta realidad recién comienzan a conocerse y traducirse en cifras. Una encuesta impulsada por la Comunidad Federal de inquilinxs y no propietarixs reflejó que, desde que el coronavirus y sus efectos se expanden por el país, el 63,2% de los hogares inquilinos se endeudó.

Ese endeudamiento se dio por distintas vías: el 33,6% de la población inquilina se endeudó con préstamos personales para poder pagar el alquiler, el 31% no pudo pagar todos los servicios públicos, el 27,8% no pudo pagar la totalidad del alquiler y el 13% adeuda expensas.

La Encuesta Federal Inquilina en Contexto de Pandemia concluyó que “la pandemia y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio repercutieron en la población inquilina, aumentando su vulnerabilidad”. Incluso, casi el 58% de los hogares tuvieron que sacrificar alimentos para pagar el alquiler.

“Casi el 80% sacrificó necesidades básicas para pagar el alquiler. Es muchísimo”, alertó Magalí Zirulnikoff, integrante de la Comunidad Federal De Inquilinos, en diálogo con Tiempo. Y remarcó que relevar “cuánta gente se endeudó, cuánta sacrificó alimentación y demás muestra de dónde la gente tuvo que sacar para cumplir”, porque “en general lo que buscó la gente fue cumplir: por el compromiso con los garantes, por miedo, por hostigamiento” y porque  “el techo es una necesidad prioritaria por arriba de otra”.

Sobre los maltratos relacionados con la falta de pago o su demora, Zirulnikoff contó que relevaron “muchos casos de hostigamiento principalmente entre hombres propietarios y mujeres inquilinas, donde las lastimaron a ellas, a sus chicos. Porque estaban atrasadas o habían pagado un poco menos. Esto también está atravesado por la lógica del patriarcado”.

El relevamiento se realizó antes de la extensión del decreto que congela alquileres y prohíbe desalojos, cuya prórroga hasta el próximo 31 de marzo se confirmó el viernes último. “Esta encuesta tiene como objetivo saber y visibilizar si estas garantías y derechos se están respetando o no, porque hoy no existen encuestas ni datos oficiales sobre la situación de los hogares inquilinos, ni su endeudamiento”, advirtieron desde la Comunidad Federal de inquilinxs y no propietarixs, que agrupa a organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio del Derecho a la Ciudad e Inquilinos Argentinos por un techo digno.

Esta primera etapa de la encuesta se realizó en base a 1378 personas, de las cuales el 69% son mujeres, el 28% hombres y el 3% otras identidades de género. El 32,8% tienen entre 35 y 45 años, 22,8% entre 45 y 55 años, 18,5% entre 25 y 35 años, el 15,6% entre 55 y 65 años, el 7% son mayores de 65 años y el 2,6% tienen entre 18 y 24 años. Un dato llamativo es que más del 60% de las y los inquilinos encuestados no conocía los decretos que se dictaron para proteger sus derechos durante la pandemia.

En tanto, después de octubre del 2020 las respuestas indican que “se multiplicaron las víctimas de hostigamiento, amenazas e incluso violencia física, por parte de rentistas que violando todo principio jurídico, atentaron contra una parte la población inquilina, principalmente contra mujeres con menores a cargo, es por esto que incorporamos esta pregunta a la encuesta, dando como resultado que el 21,7% fueron víctimas de violencia por alquilar”. También desde el programa que asiste a familias inquilinas en la Defensoría del Pueblo advirtieron que, en el último mes y medio y de cara al vencimiento del decreto 766, aumentaron las “prácticas abusivas” por parte de propietarios.

Al respecto, las y los autores del informe señalaron que “sería esperable que el Estado interviniera para proteger a estas víctimas, sin embargo, la mayoría de los hogares inquilinos quedaron desprotegidos al presentarse algún conflicto, ya que el Estado no dispuso herramientas suficientes para que se cumpliera el orden público, brindar asesoramiento y acompañamiento. El 96,3% no lo obtuvo”.

Todo esto, en un marco en el que el 63,4 % destina más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler, y el 82,2% de los hogares inquilinos admite que el hecho de alquilar –y todos los problemas que esto acarrea- repercute en su estado emocional. En tanto, el 47,4% de los hogares inquilinos encuestados tiene/tuvo menores de 14 años a su cargo, de los cuales el 28% aseguró que eso implicó una dificultad extra para alquilar: “Esto se debe a la discriminación que se ejerce desde el mercado inmobiliario sobre estos hogares”.