Sellado el acuerdo con los acreedores, se demora la investigación de la fuga

El acuerdo por el tramo de la deuda bajo legislación extranjera reestructuró títulos por U$S 64.500 millones de dólares. El equipo económico, ahora, encara la negociación con el FMI por otrs U$S 44 mil millones.

En la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo pasado, el presidente Alberto Fernández promovió una investigación sobre el acelerado proceso de endeudamiento durante el macrismo y el destino de los fondos que ingresaron al país. Allí anunció que el BCRA estaba elaborando un informe sobre el circuito entre deuda y fuga. En esa oportunidad, Fernández prometió «nunca más a la puerta giratoria de dólares que ingresan por el endeudamiento y se fugan».

El BCRA publicó el informe el 15 de mayo. De allí surge que durante esos cuatro años la fuga de capitales acumuló un récord de U$S 86.371 millones. También dio cuenta de una concentración en las operaciones de fuga: «Cien agentes realizaron compras netas por U$S 24.679 millones» y la fuga «de los diez principales compradores explica U$S 7945 millones». Más en detalle, señaló que «apenas el 1% de las empresas que resultaron compradoras netas adquirió U$S 41.124 millones» y «tan sólo el 1% de las personas humanas compradoras acumuló U$S 16.200 millones».

Apenas cinco días después de su publicación, la comisión bicameral del Congreso de segumiento del endeudamiento se reunió y solicitó más datos al BCRA centrados en la identificación de los funcionarios responsables de las medidas de desregulación del mercado financiero y cambiario, las razones sociales y CUIT de las instituciones que hubieran operado esos fondos así como el destino de los mismos. El propósito era el de establecer la trazabilidad de la fuga e identificar vínculos que pudieran existir entre los miembros de los directorios de las empresas involucradas y los funcionarios responsables de las medidas de desregulación o que hubieran podido contar con información privilegiada sobre  el mercado cambiario.

En estos dos meses, sin embargo, y en el marco de las intensas negociaciones con los fondos acreedores y las sucesivas mejoras en la oferta que concluyeron en el acuerdo de la última semana, la información no fue girada a esa comisión que, por otro lado, no volvió a reunirse de manera formal. El pedido de informes establecía taxativamente un plazo de 15 días.

Esa información hubiera sido un insumo capaz de cuestionar la legitimidad de gran parte de esas acreencias. Si bien la información oficial no está disponible, fuentes periodísticas dan cuenta de la participación protagónica en el proceso de fuga de empresas como el Grupo Clarín y Telecom, Techint, Arcor, Pampa Energía, Galicia y Aceitera General Deheza. Algunas de ellas ostentan entre sus accionistas a  uno de los fondos más duros en la negociación, BlackRock.

La senadora por el oficialismo en integrante de la comisión bicameral María de los Ángeles Sacnun, el 30 de julio volvió a poner el eje en la necesidad de investigar a «los responsables de este endeudamiento que se pretende pagar con el sacrificio del pueblo argentino». Consultada por Tiempo sobre si no hubiera sido más atinado negociar una vez concluida la investigación, señaló que «la negociación se estaba haciendo en el ámbito del default con el riesgo que implicaba» pero, aclaró, «también pedimos informe sobre lo ocurrido con el FMI cuya negociación empieza ahora y no tuvo aprobación en el Congreso».

Para Sacnun, «esto no significa que no hagamos la investigación y denunciemos la eventual comisión de un delito. Estamos convencidos de que muchas de las empresas que formaron parte de la fuga que se dio en 2001 se repiten en estos años».

Integrante de la misma comisión, la diputada Fernanda Vallejos coincidió en que «existe una sumatoria de irregularidades que la Justicia debe investigar y, si corresponde, penalizar» y señaló que «una resolución que signifique un acto de justicia sería enormemente reparador. Aspiramos a que las leyes que acabamos de votar para restaurar la sostenibilidad de la deuda signifiquen el comienzo de un capítulo diferente de nuestra historia».

Posiblemente se dejó pasar una oportunidad para hacer valer esa información para desconocer parte de esa hipoteca aunque sí podría identificarse a los funcionarios responsables, avanzar en causas penales y actuar sobre sus patrimonios.