Semana clave para el cambio del régimen jubilatorio de jueces y diplomáticos

La próxima sesión extraordinaria en Diputados será para debatir el proyecto enviado por el Ejecutivo para cambiar el régimen jubilatorio de jueces y diplomáticos. Fue convocada para el jueves al mediodía, pero aceleró un debate incómodo para la oposición y al mismo tiempo configuró un espacio propicio para el oficialismo: se trata de la tercera negociación caliente entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio desde diciembre, luego de la sanción de la ley de emergencia económica y la autorización para renegociar la deuda externa que obtuvo un apoyo casi unánime hace 20 días.  Esta vez, la batalla legislativa tendrá epicentro en el cambio de dos regímenes jubilatorios, pero será la antesala del próximo debate sobre la reforma judicial que enviará el Gobierno y se transformará en un hito que pondrá a prueba el esquema de alianzas y la correlación de fuerzas en el Congreso que experimenta el oficialismo desde hace dos meses.

El round previsto para el jueves sucederá en una semana corta. Quizás por eso, una buena parte de diputados oficialistas y opositores protagonizarán negociaciones febriles en medio del fin de semana largo por los feriados de carnaval. Según pudo saber Tiempo, ambas fuerzas mantienen intercambios reservados para medir las posturas que tendrán a la hora de llegar a una sesión que pondrá al descubierto si el oficialismo sólo se valdrá del apoyo de los aliados menores que lo acomp añaron en diciembre o si logra reeditar un apoyo casi unánime con los votos de Cambiemos.

Por lo pronto, este viernes se oficializó el cronograma de trabajo para cuando termine el fin de semana largo. El miércoles 28 está previsto un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y Presupuesto y Hacienda, cuyo titular es el kirchnerista Carlos Heller.

La reunión será a las 14, previo a la constitución de la Comisión previsional que estará a cargo del diputado por la provincia de Entre Ríos, Marcelo Casaretto. Tras el pedido de los bloques opositores, la presidencia convocará a funcionarios del Poder Ejecutivo y a representantes del sector judicial, en especial a la Asociación de Magistrados e incluso representantes del Consejo de la Magistratura, dos de los portavoces que harán resonar en el recinto el punto de vista de la familia judicial.

En medio del escenario económico de emergencia, con los reajustes jubilatorios en tela de juicio, el mayor dilema político que atraviesa el interbloque de Juntos por el Cambio gira en torno a dos temas espinosos: los costos políticos de mantener los privilegios de jueces y embajadores frente al resto de los contribuyentes.

Ese desafío es acompañado por otro punto estratégico: el temor de que la aprobación del cambio desemboque en una estampida de magistrados en funciones. El fenómeno podría abrir la vacancia de decenas de juzgados de distintos fueros. Es un nuevo frente político que despierta preocupaciones e incluso fantasmas en la oposición, porque tanto macristas, lilitos como radicales admiten en voz baja que la mayor preocupación que tienen en medio de este proceso, no pasa por los jueces que eventualmente se vayan, sino por los candidatos que impulse el Ejecutivo para reemplazarlos, una variable que Cambiemos, fuera del gobierno, no alcanza a controlar como quisiera.

Si se concreta ese escenario, el mayor bloque opositor se encontrará con dos frentes complejos en materia judicial: la batalla que se avecina en el recinto cuando ingrese el proyecto de reforma que diseña la ministra del área, Marcela Losardo, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz. A esa gran contienda se suman los intentos que deberán promover para evitar la aprobación de los pliegos que envíe el Gobierno para reemplazar los cargos judiciales que queden vacantes.

Ese es el mar de fondo del tironeo que se respira en la Cámara desde que el presidente del cuerpo, Sergio Massa, confirmó que el proyecto se tratará la semana próxima. Los interlocutores de la oposición, como Mario Negri, buscaron garantías de que no sea un debate exprés. “Estoy en contra de los privilegios. Pero a las leyes hay que analizarlas bien. No queremos aprobación exprés, tomémonos tiempo para analizar bien el proyecto”, deslizó en sus redes sociales el radical.

Cerca de Massa aseguran que se debatirá “todo el tiempo que sea necesario”, es decir, que no se oponen a una sesión maratónica de 18 horas, con tal de lograr que salga la ley la semana próxima. El punto desata resistencias en la bancada opositora porque el plan original consistía en ganar tiempo para torcer el impulso oficialista, un recurso escaso en medio de la crisis y mucho menos para un Gobierno que sabe que tiene un alto nivel de aprobación con esa reforma, porque difícilmente haya un sector que salga públicamente a defender los privilegios de jueces y diplomáticos cuando ya puso el grito en el cielo ante las mermas de los reajustes aplicados hasta ahora para la gran masa de jubilados.

En ese sentido, Negri advirtió: “Hay que ver cuántos son los magistrados que se jubilarían en el acto si la ley avanza. Acaban de retirar 180 pliegos del Senado. Se trata de que no se resienta el sistema de justicia y, a la vez, de terminar con los privilegios e inequidades en las jubilaciones”.

Para encontrar una posición común, en el Congreso no descartan largas negociaciones fuera del palacio durante todo el fin de semana largo. De hecho, algunos espacios anticiparon a Tiempo Argentino que “usarán los días feriados para intercambiar borradores” y marcar posicionamientos al respecto. Uno de los puntos tiene que ver con la cantidad de jueces afectados y las edades que los pondrían al borde de una pérdida de sus derechos adquiridos, que configuran un privilegio frente a los demás trabajadores jubilados. Del análisis de esa franja de magistrados afectados pueden salir algunas garantías para que la oposición apoye la iniciativa, y a la vez le transmitan alguna tranquilidad a los jueces que amenazan con protagonizar una estampida. «