Semillas: la trama de un proyecto hecho a la medida de Monsanto

Esta semana las desavenencias internas del oficialismo impidieron que se tratara el proyecto de Ley de Semillas que se estaba negociando con legisladores de otras bancadas. Pese a este revés, Cambiemos buscará instalar el tema en la agenda política antes de fin de año. Se trata de un avance de las corporaciones que dominan el mercado nacional y mundial, y que consolida la estrategia de esas empresas basada en el agronegocio concentrado, a expensas de los pequeños productores y la agricultura familiar.  

«Buscamos la protección de los obtentores y establecer una restricción al uso propio gratuito.» El diputado Atilio Benedetti, presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados, no pudo ser más claro en su exposición del martes 13, cuando logró el dictamen favorable para el tratamiento de una nueva Ley de Comercialización de Semillas. En el caso argentino, los «obtentores» (quienes consiguen una mejora en un producto vegetal) a los que se pretende proteger son las corporaciones que dominan el 60% del mercado mundial semillero.

El «uso propio gratuito» es una práctica hasta ahora legal que consiste en utilizar libremente las semillas o incluso guardarlas o intercambiarlas sin pagar regalías. Esa porción de mercado que se les escapa es la que las empresas quieren eliminar para aumentar sensiblemente sus beneficios. Buscan reproducir el negocio de las semillas híbridas de maíz o girasol, que no pueden reutilizarse, obteniendo hasta el 65% de la rentabilidad. 

Los argumentos que esgrimen las corporaciones para cobrar regalías y llevarse una parte sustancial de esa rentabilidad se basan en que los productores no pagan los suficiente por el beneficio de las investigaciones de las empresas, que permiten mejorar el rinde gracias a las modificaciones genéticas que idearon para hacerlas más resistentes a insectos y condiciones adversas.

La principal reclamante del pago de regalías es Monsanto (ahora fusionada con Bayer), que acompañó en la última década esa exigencia con el freno de cargamentos de soja argentinos en puertos europeos e incluso con la instalación de una oficina en el Puerto de Rosario para fiscalizar si las semillas exportadas de su soja marca Invicta estaban registradas.

¿Es legítimo el reclamo de Monsanto? Hay una resolución del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI), de mayo de 2016, que lo cuestiona. En ese documento, se rechaza el reclamo de patente de Monsanto por la soja Invicta porque «no cumple con los requisitos de la Ley 24.481», conocida como Ley de Patentes. Según el INPI, esas modificaciones no aportan tecnología innovadora. Son productos con tecnologías ya patentadas por las que se pretende cobrar nuevamente.

También la Justicia argentina se expidió sobre el tema.  En un fallo del 26 de septiembre de 2015, firmado por los jueces Guillermo Antelo y Ricardo Recondo, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal rechazó ese pedido de patentamiento de Monsanto. Para los magistrados, la multinacional semillera pretendía cobrar por algo ya existente en la naturaleza y aclararon que no se puede patentar una semilla por una modificación parcial.  

Pese a esos antecedentes, los legisladores de Cambiemos dedicaron parte del fin de semana largo a negociar el tratamiento de una ley particularmente beneficiosa para las semilleras Monsanto-Bayer, DowDupont y Syngenta-ChemCemical, tres corporaciones cuyas fusiones en el último año movieron 277 mil millones de dólares, un  monto que equivale cuatro veces al PBI del Uruguay.

El proyecto que defiende Cambiemos exime del pago a los agricultores familiares y los pequeños productores que facturen menos de 4,8 millones de pesos anuales. Sostiene que con esa limitación quedan protegidos. La realidad es bien distinta: una ley de este tipo abre las puertas a la privatización de todas las semillas y legitima los abusos que sufren los productores populares por parte de quienes tienen posición dominante en la cadena de valor agrícola.

Los defensores del proyecto argumentan que el mercado no puede crecer sin una legislación actualizada que contemple el pago por la innovación tecnológica. Es válido sólo si se piensa en una política agropecuaria basada en la acumulación de beneficios empresarios, que considere a los alimentos meras mercancías. Un esquema concentrado donde la población no tiene espacio para decidir nada sobre su derecho a alimentarse.  

Integrante del Instituto para la Producción Popular (IPP)

Una urgencia real: el acceso a la tierra

Mucho más importante que mejorar los ingresos de estas corporaciones sería tomar medidas en materia de Agricultura que la agenda política oficialista y opositora no está contemplando.

En primer lugar, urge tratar una legislación de acceso a la tierra para los productores populares. Es absoluto el desamparo de los trabajadores que producen el 60% de los alimentos que se consumen en los centros urbanos argentinos, que sufren la explotación de la agroindustria y viven situaciones límite, como los asesinatos de miembros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero.

Otra urgencia es ocuparse del recurso natural que las actividades del agronegocio están deteriorando. Una investigación  realizada por Rafael Mallo, de la Escuela para graduados de  la Facultad de Agronomía (UBA), demuestra que la mitad de las tierras productivas del país está en riesgo por la práctica del arrendamiento, que no tiene regulaciones claras y habilita la mayor renta posible en el menor tiempo sin que se impongan medidas que eviten el deterioro de los suelos en beneficio del rendimiento económico. Algo que puede tener consecuencias económicas muy serias en el mediano plazo.