Expertos internacionales, mecanismos nacionales de prevención de la tortura y de la sociedad civil se reunieron en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para analizar desafíos y estrategias contra la tortura y los malos tratos en América Latina.
El evento fue convocado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho UBA.
Las jornadas se realizaron el pasado 30 de septiembre y el 1 de octubre y tuvieron como objetivo mostrar cómo las decisiones y observaciones del Comité contra la Tortura (CAT) pueden nutrir y respaldar el trabajo de los Mecanismos Nacionales de Prevención (MNP).
También se destacaron las experiencias de monitoreo en terreno de los MNP, acompañadas por el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT), retroalimentan al CAT y enriquecen su mirada sobre la región.
Asimismo, «se buscó generar un intercambio sobre desafíos comunes y oportunidades en la gestión penitenciaria», detallaron a Tiempo desde la organización. Y completaron: «Lo hicimos en el marco de la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que ocurren en toda la región».
En la jornada del martes, el presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) Juan Manuel Irrazábal, fue quien rompió el hielo del primer conclave. Luego, Jan Jarab, representante regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), junto a Mónica Pinto, profesora emérita y ex decana de la Facultad de Derecho UBA realizaron exposiciones.
La agenda contó con la participación de relatores y expertos de alto nivel. La relatora especial de la ONU sobre la Tortura, Alice Jill Edwards, inauguró las presentaciones con un informe sobre gestión penitenciaria.
También estuvieron presentes Jorge Contesse, miembro del Comité contra la Tortura (CAT), y Marco Feoli, integrante del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT), quienes expusieron sobre las perspectivas de control y prevención en la región.
En este primer encuentro se desarrolló el panel titulado “Mujeres privadas de libertad: sobreuso de la prisión y sus múltiples efectos”, con la participación de Roberto Álvaro Guzmán (MNP Bolivia), Sonia Von Lepel (MNP Paraguay), Claudia Castelletti (Defensoría Penal Pública de Chile), Mercedes Reyes (Jueza de Ejecución de Uruguay) y Josefina Ignacio (CNPT).
Allí se abordó el impacto del encarcelamiento en mujeres, la falta de enfoque de género en las políticas penales y la necesidad de impulsar medidas alternativas a la prisión, como por ejemplo, el arresto domiciliario, entre otras.
También tuvo lugar el panel “Experiencias de impulso e implementación de recomendaciones del Sistema Universal de Derechos Humanos desde los Mecanismos Nacionales de Prevención (MNP)”.
En este panel hicieron intervenciones, Ronilda Vieira Lopes y Camila Antero de Santana (MNP Brasil), Gabriela Hidalgo (MNP Ecuador), Daniel Soto (MNP Chile), Kevin Nielsen (CNPT) y Ariel Cejas Meliare, titular de la PPN, organismo especializado en la protección de Derechos Humanos dentro del sistema carcelario.
Durante el segundo día, se destacó el lanzamiento de la versión en castellano del “Manual de referencia sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego por agentes del orden público”, una publicación conjunta de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) y ACNUDH.
Y se presentó la Resolución 2/2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los derechos de los familiares de las personas privadas de libertad, con la intervención de Andrea Pochak.
Al cierre de la jornada, participaron Claudia Mojica, coordinadora residente de Naciones Unidas en Argentina; Jan Jarab, representante regional del Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos y Juan Manuel Irrazábal, presidente del CNPT.
El seminario estuvo dirigido a integrantes de los poderes judiciales y legislativos, Mecanismos Nacionales y Locales de Prevención de la Tortura, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad académica.
Lo hicieron con el fin de fomentar un profundo intercambio multisectorial que fortalezca las políticas públicas orientadas a la prevención y erradicación de la tortura y malos tratos en América Latina.
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