El bloque opositor impuso su mayoría en el Senado bonaerense a pesar del pedido del gobierno bonaerense para retirar los pliegos enviados tras la derrota en las PASO 2019.
JXC impuso ese número frente al rechazo del pedido para retirar los pliegos por parte del oficialismo, que se retiró de la sesión virtual. «El tratamiento brindado en el Senado desconoce las facultades indelegables que la Constitución Provincial le otorga al Poder Ejecutivo en el proceso de designación de magistrados (art 175)», expuso el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak.
Para el ministro, el artículo 175 de la Constitución provincial habilita la devolución de los pliegos requeridos y faculta al Poder Ejecutivo a designar a los jueces y miembros del Ministerio Público de una terna vinculante propuesta por el Consejo de la Magistratura provincial.
«En este contexto, la decisión de los senadores de JxC no modifica la voluntad ni las atribuciones del Ejecutivo provincial de examinar caso por caso la aptitud de esas postulaciones, en virtud de los hechos sobrevinientes sucedidos desde su formulación a mediados de 2019», finalizó Alak.
Días atrás, el gobierno provincial solicitó que se retiraran los pliegos, como había ocurrido cuando comenzó la gestión de Vidal en 2016 con 126 nombramientos propuestos por Daniel Scioli.
Días atrás, el ministro Alak había explicado que «dado el tiempo transcurrido y la existencia de numerosos hechos sobrevinientes desde su envío, corresponde que el Senado devuelva los pliegos para que el Ejecutivo reevalúe pormenorizadamente cada uno».
Los 42 pliegos incluyen los nombramientos de jueces, fiscales y defensores en distintas jurisdicciones como Avellaneda, La Plata, Lomas de Zamora, San Isidro y Quilmes. Pero los cargos que más hacen ruido son los que pertenecen al Tribunal de Casación Penal, la máxima instancia antes de la Suprema Corte de Justicia.
Para ocupar esas vacantes, que están abiertas desde hace cuatro años, Vidal postula a Francisco Pont Vergés, secretario de Política Criminal de la Procuración, y a Ana Julia Biasotti, actual defensora de Casación. Ambos funcionarios son respaldados por el procurador general Julio Conte Grand.
El pliego de Pont Vergés sumó todo tipo de cuestionamientos. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura rechazaron su postulación por asegurar que carece de idoneidad y que actuó en contra de los Derechos Humanos en el caso de una mujer trans que fue torturada en una cárcel bonaerense y quedó parapléjica por falta de atención médica.
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