Además, la Cámara Alta votará si ratifica o no el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
En la sesión, que comenzó a las 11, también está previsto tratar el pliego del ex diputado nacional Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea.
El viernes a la misma hora, en tanto, se convocó a otra sesión en la Cámara alta para tratar los proyectos de reforma laboral y el régimen penal juvenil, ambos provenientes de Diputados.
El acuerdo birregional entre el Mercosur y la Unión Europea iba a tratarse en la sesión del viernes de la Cámara alta, junto al régimen penal juvenil y el proyecto de reforma laboral, pero el Gobierno ordenó adelantar los tiempos.
La decisión de la Casa Rosada obedece al hecho de que el Parlamento de Uruguay aceleró el proceso de ratificación del convenio comercial y podría aprobarlo en las próximas horas.
El Gobierno de Javier Milei quiere ser el primero en dar el visto bueno al tratado porque intuye que si se convierte en el primer socio comercial podría acceder a ventajas y beneficios diferenciales con respecto a otros países de la región que compiten por los mismos mercados de bienes.
Los votos para aprobarlo están asegurados y se estima que el interbloque peronista que conduce José Mayans votará dividido como ocurrió la semana anterior en la Cámara de Diputados.
El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea que se aprobó en la Cámara de Diputados se firmó el 17 de enero pasado en Asunción, en el marco de una ceremonia que tuvo la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el mandatario de Brasil, Lula da Silva.
El oficialismo va confiado a dar el debate en el recinto sobre la reforma a la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, pero, a última hora, el radicalismo puso sobre la mesa un proyecto alternativo de los senadores de la UCR que no le da tanto poder a las provincias en la determinación de las zonas protegidas.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes parlamentarias, las negociaciones son intensas y buscan encaminar una solución para que no frustrar la aprobación de la iniciativa (en la versión que sea) en la sesión de este jueves.
La aprobación de este proyecto es un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscan una ley más dinámica y menos rígida que la que está vigente para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.
En el peronismo, que mayoritariamente se inclinaría por el rechazo, podría haber fugas ya que es incierta la postura que podrían tomar ex gobernadores de provincias mineras como Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan), por tomar algunos ejemplos.
Tanto el proyecto del Poder Ejecutivo como el alternativo de la UCR busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir la explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.
La normativa actual, que data del 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos.
Son ecosistemas muy fríos de alta montaña, reservorios de agua dulce habitualmente cercanos a glaciares, que se caracterizan por tener suelos congelados o saturados de agua y juegan un rol importante en la regulación del equilibrio hídrico y geomorfológico. Con la modificación propuesta, se pone en riesgo todo ese equilibrio.
La principal diferencia entre el proyecto del Gobierno y el de la UCR es que el primero le transfiere a las provincias la facultad de determinar qué áreas proteger (por constituir reservas estratégicas de recursos hídricos, biodiversidad o valor científico) y cuáles no, y están facultadas para proponer modificaciones en el Inventario Nacional de Glaciares (previo informe de evaluación ambiental); mientras que la iniciativa de la UCR le da poder total al IANIGLA.
La postura del Gobierno a favor de darle facultades de control y regulación a las provincias de los minerales y hidrocarburíferos se funda en el artículo 124 de la Constitución Nacional incorporada en la reforma de 1994 que le reconoce el dominio originario a las jurisdicciones de los recursos naturales debajo del suelo.
Si la iniciativa es defendida enérgicamente por las provincias mineras e hidrocarburíferas de la cordillera, con la misma intensidad concita rechazos acérrimos de parte de asambleas ambientalistas y también de la Iglesia, que hizo saber su descontento con el avance del proyecto a través de una carta de la Comisión Episcopal Argentina.
Los sectores que cierran filas en contra del proyecto alertan que la protección de glaciares y zonas periglaciares, pilares estratégicos para la provisión de agua dulce para el consumo humano, la agricultura sustentable y la biodiversidad, no debe ser negociada frente a intereses corporativos sectoriales de corto plazo.
Estas organizaciones movilizadas en todo el país denuncian que la reforma a la Ley de Glaciares es una “regresión ambiental inconstitucional” porque vulnera el Acuerdo de Escazú al cual Argentina adhirió; y defienden la actual norma porque establece un piso de protección de esos ecosistemas particulares.
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