Familiares de los acusados por la llamada Masacre de Curuguaty, junto con militantes sociales, políticos y religiosos, están en vigilia permanente a la espera del fallo en un caso que conmovió a la sociedad paraguaya y sirvió de excusa para que la derecha derrocara institucionalmente al presidente Fernando Lugo, en junio de 2012. El tribunal mañana dictará sentencia por la muerte de 11 campesinos y seis policías durante un procedimiento para el desalojo de campos en manos de un propietario que no había acreditado debidamente la titularidad del predio. Ahora culmina la instancia judicial y la fiscalía pidió penas por un total de hasta 40 años a los acusados, Rubén Villalba y Luis Olmedo, por el crimen del comisario Erven Lovera. En el caso de Arnaldo Quintana y Néstor Castro, enfrenta un pedido de la fiscalía por 20 años.
La defensa acusados solicitó la absolución basados en que no esta probado que fueran los autores materiales de los crímenes. Además alegan que la justicia solo investigó a los campesinos sobre la base de afirmaciones mentirosas mientras que no hizo una investigación de similares características sobre los agentes que atacaron y dieron muerte a los labriegos. El terreno donde se produjo la masacre, unas 2000 hectáreas de tierras en litigo hace una década entre el Estado y la familia del fallecido Blas Riquelme, histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner, que se extendió desde 1954 hasta 1989. El caso fue la excusa para que al congreso abriera un juicio político express, un procedimiento que hace unas semanas fue aplicado en Brasil para quitar del poder a Dilma Rousseff en Brasil. «
