SIDE: solicitan la inmediata conformación de la Comisión Bicameral de Inteligencia y declarar inconstitucional el DNU

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció la gravedad institucional de la reforma regresiva de la Ley Nacional de Inteligencia N° 25.520, realizada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, por lo que el organismo de Derechos Humanos solicitó al Congreso de la Nación la inmediata conformación de la Comisión Bicameral de Inteligencia y al Poder Judicial de la Nación que declare la inconstitucionalidad del decreto.

La CPM hizo esos pedidos señalando su rol de garante de los derechos y libertades democráticas de la ciudadanía.

“Esta modificación fue realizada sin justificar la necesidad ni la urgencia y lo hicieron legislando sobre materia penal, es algo que está expresamente prohibido por la Constitución Nacional”, aseguraron desde el organismo.

Y completaron: «Todo esto implica una grave afectación a derechos civiles y políticos, lesiona gravemente leyes constitutivas de nuestra democracia, seguridad interior y defensa nacional. También vulnera principios básicos del sistema republicano y democrático de gobierno, consolidando el secretismo, la nula publicidad y difusión de los actos públicos”. 

Explicaron que se trata de la creación de una “policía secreta” que podrá detener personas sin orden judicial y fortalecerá a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que tendrá más recursos y atribuciones sin rendir cuentas a nadie, sin ningún tipo de vigilancia ni regulación. 

“Por eso presentamos -durante los últimos días- un informe al Congreso de la Nación requiriendo el rechazo de este decreto y solicitamos la inmediata conformación de la Comisión Bicameral de Inteligencia para controlar estas iniciativas”, apuntaron desde el organismo.

Cabe destacar que la Comisión Provincial por la Memoria participa en la gestión y el análisis del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y otros archivos de inteligencia que fueron producidos durante la última dictadura cívico-militar.

Detenciones ilegales

“La reciente reforma habilita prácticas que remiten a los períodos más oscuros de la historia argentina, concentración extrema de poder, secretismo, espionaje político, ausencia de controles efectivos sobre los organismos de inteligencia y detenciones ilegales sin orden judicial”, advierten desde el organismo.

Explican, que el decreto 941/2025 otorga facultades extraordinarias y discrecionales a la SIDE al crear -bajo su conducción- una Comunidad de Inteligencia Nacional que está integrada por organismos de inteligencia, como por ejemplo, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y otros organismos públicos que no forman parte del sistema de inteligencia, como el RENAPER y la Dirección Nacional de Migraciones.

“Esta estructura reedita lógicas propias de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) de la última dictadura cívico-militar, confunde los límites entre defensa nacional y seguridad interior y habilita el intercambio masivo de información sensible de la ciudadanía sin límites ni controles”, apuntaron.

Contrainteligencia

Además, detallaron que “la reforma consagra un régimen de opacidad absoluta, al declarar encubiertas todas las actividades del sistema de inteligencia, incluidas las operativas, doctrinarias y presupuestarias”.

“La SIDE pasa a administrar fondos sin rendición de cuentas ni control externo, consolidando un sistema cerrado y ajeno a cualquier forma de fiscalización democrática”, agregaron.

También señalaron que uno de los aspectos más graves del decreto es que habilita el espionaje político y a la prensa. La legislación anterior prohibía expresamente a los organismos de inteligencia influir o intervenir en la vida política, social, sindical, partidaria y en los medios de comunicación. La actual reforma introduce excepciones amplias e imprecisas bajo el concepto de “contrainteligencia”.

Estas definiciones permiten considerar como posibles amenazas a las organizaciones sociales, políticas, gremiales, periodistas y defensores de Derechos Humanos que cuestionen o investiguen al Gobierno.