Siete medidas del gobierno que promueven el desempleo y la flexibilidad

La cifra de desempleo, según la EPH-Indec, alcanzó un 7,6% para el cuarto trimestre de 2016 con un pico del 9,4% en el GBA, orillando los dos dígitos en un conglomerado industrial por excelencia y el más populoso del país. El desempleo en el trimestre anterior, de dudosa comparabilidad por el carácter estacional de la variable, fue del 8,6% pero con la particularidad de que en términos absolutos implicó un menor número de empleos por la caída en el número total de  la población que busca empleo (PEA).

Para el segmento que va desde los 18 a los 25 años el desempleo escala a un 21,2 por ciento.

El crecimiento en la desocupación es el resultado del plan económico del gobierno que, desde su asunción, ha promovido una serie de medidas que, más o menos directamente, afectan el empleo. 

Pablo Heller, economista y profesor de la UBA y autor de Capitalismo zombie señaló a Tiempo que «el gobierno contribuye al desempleo con su política de colapso de la actividad industrial. Ha montado una bicicleta financiera que solamente se puede sostener sobre la base de enormes tasas de interés que se dan de patadas con cualquier proceso de reactivación».

 A esa política del BCRA se le suma la apertura de las importaciones y el fuerte endeudamiento que revalúa el tipo de cambio afectando la competitividad de la industria.

Para Oscar Martínez del Taller de Estudios Laborales (TEL), además de lo económico «hay un aporte político: despidieron en el Estado dando el visto bueno a las empresas para que despidan».

Así, el desempleo generado por estas medidas no es apenas un efecto colateral del plan económico. Según Heller «utilizan el clima de zozobra en materia económica para chantajear a los trabajadores e impulsar un proceso de flexibilidad laboral». Pero, continuó «eso no resuelve nada porque el problema no es el costo laboral sino el ‘costo empresario’, por ejemplo, esos costos financieros. La política oficial actúa como un obstáculo, no relativo sino absoluto, para cualquier proceso de recuperación económica», concluyó. 

Ya lo había adelantado Carlos Melconian días después de las elecciones de 2015, cuando le confió al presidente electo que «con este nivel de salarios, Argentina es inviable: sólo vamos a comenzar a crecer bajándolos al menos un 40 por ciento. Y la única forma de negociar una baja real es con un desempleo superior al 15 por ciento». 

Extorsión

Significativamente, dos sectores, que se caracterizan por altos niveles de desempleo y fuerte rotación, a la vez, están siendo objeto de una ofensiva en materia de flexibilidad laboral. 

Es el caso del empleo joven y en el gremio de la construcción. 

Por el lado de los jóvenes, el mismo ministro de Trabajo, Jorge Triaca, aprovechó la masividad de la Expo para poner en discusión, de nuevo, la ley de Primer Empleo. Consultado en el lugar sobre si la ley formaba parte del pasado, respondió: «esto demuestra que no. Hay una enorme demanda de empleo». Pero la ley promueve exenciones en las contribuciones patronales así como subsidios del Estado. Toda una estrategia de reducción de costos laborales.  

Por el lado del sector de la construcción, uno de los más afectados por la pérdida de empleos durante 2016, la reactivación de la obra pública ha sido la excusa para promover la vulneración de los convenios laborales (ver recuadro). 

Otro caso emblemático es el de los trabajadores petroleros, donde  miles de despidos también han servido de ariete para imponer el nuevo convenio laboral en Vaca Muerta, flexibilizando condiciones de trabajo. Martínez, del TEL, explicó que «no es lo mismo discutir con una desocupación relativamente baja que cuando viene creciendo. Es un chantaje».

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El Ministerio de Trabajo asegura que se han generado nuevos puestos de trabajo. 

Sin embargo, bien leídos, los números oficiales confirman que la fuerte pérdida de 2016 ha servido para precarizar el empleo nuevo.

Según los datos oficiales, en marzo de este año, hubo 113 mil empleos más que en marzo de 2016. Sin embargo, solo 2200 de ellos corresponden al sector privado, 28.100 se explican por el el sector público; 54.400 son monotributistas y 31.900 de monotributistas sociales. Así las cosas, la supuesta recuperación se ha dado bajo regímenes más precarizados. Pero además, según el estudio realizado por el CETyD de la UNSAM, esos nuevos monotributistas ingresaron al régimen en virtud de la resolución de abril de 2016 que les concede asignaciones familiares y no por haber modificado efectivamente su situación laboral. «

Para la obra pública, convenios a la baja

El sector de la construcción fue el que perdió el mayor número de empleos durante el año 2016. A partir del relanzamiento de la obra pública en 2017 se espera un repunte del empleo en el sector. 

Durante su gira por Asia el gobierno logró memorandos de inversión china para dos centrales nucleares, una en Zárate y la otra en Río Negro. 

La inversión será de 15 mil millones de dólares y será financiada casi en su totalidad con capitales chinos a una tasa del 4,8% anual. Los chinos, como condición, proveerán la tecnología para la central rionegrina.Pero además, la empresa estatal Nucloeléctrica Argentina, la operadora de las centrales, firmó un acuerdo con la Uocra para bajar los niveles de conflictividad. 

El acuerdo establece el pago de una «bonificación extraordinaria» cuando finalice la obra a cambio de imponer mecanismos que, en rigor, vulneran el derecho a huelga de los trabajadores. 

Es que, la letra del acuerdo fija el compromiso de la parte gremial de, antes de tomar cualquier medida de acción directa, «concurrir y participar de buena fe de todas y cada una de las reuniones que en el marco de dicho proceso se fijen».