Las negociaciones por el traspaso de las dos distribuidoras que abastecen de electricidad a toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se venían sucediendo sin solución a la vista y formaban parte del paquete de debate en torno al Presupuesto 2019, pero ni el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni el bonaerense habían dado su visto bueno final en las conversaciones que se venían prolongando desde junio pasado.
Macri así lo señaló en una entrevista sostenida con la radio Cadena 3 de Córdoba: «Le estamos traspasando Edenor y Edesur a la provincia de Buenos Aires porque es más justo, porque es la manera de ir equilibrando el gasto estatal para que el Estado no se vuelva una mochila».
El presidente justificó la decisión en que «hay un reclamo lógico de las provincias sobre los subsidios que reciben la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, porque es cierto que por política del gobierno kirchnerista había un gran desfasaje en las tarifas y es por eso que las tarifas han subido más en Buenos Aires que en el interior para que se reconozca el verdadero valor de la energía».
Las negociaciones por el traspaso de las dos distribuidoras que abastecen de electricidad a toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se venían sucediendo sin solución a la vista y formaban parte del paquete de debate en torno al Presupuesto 2019.
Ni el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni el bonaerense habían dado su visto bueno final en las conversaciones que se venían prolongando desde junio pasado. Tanto Horacio Rodríguez Larreta como Eugenia Vidal buscaban garantizar que el traspaso de jurisdicción viniera acompañado de recursos.
De acuerdo con la información disponible en el Ministerio de Energía, los usuarios de Edenor y Edesur ya no reciben subsidios por la distribución eléctrica, que son los que estaban a cargo del Estado nacional y habrían pasado a Capital Federal y La Plata.
Los costos de la distribución están actualizados desde abril pasado al valor real de la explotación, según los números presentados por las empresas concesionarias. Estos valores, que representan un tercio de la factura, se actualizarán cada seis meses por el índice de precios mayorista que emite el INDEC.
La próxima actualización corresponde a octubre. Justamente, el ministro de Energía, Javier Iguacel, presentará los nuevos valores de las tarifas en una conferencia de prensa este miércoles 1 de agosto. Llama la atención el anticipo con el que se hace el anuncio. Además, existe un millón de ususarios de de tarifa social en la zona de cobertura de ambas empresas.
En tanto, los usuarios de Edenor y Edesur reciben un subsidio por la generación de electricidad, en torno del 30% del valor declarado por las generadoras. Este subsidio es administrado a nivel nacional por CAMMESA y vale para todas las provincias.
La otra pata del servicio eléctrico es el del transporte, cuyas tarifas también se encuentran actualizadas en el caso de los usuarios de Edenor y Edesur, por lo que no están recibiendo subsidios por ese aspecto.
Así las cosas, tanto la administración de la Capital Federal como la de La Plata quieren asegurarse los recursos necesarios para atender los costos que aun están en manos del gobierno nacional y cuya estimación ha variado desde los 5000 millones de pesos anuales a los 15.000 millones.
Tiempo se comunicó con las dos distribuidoras de electricidad. En ambas aseguraron que no tenían información oficial y que no habían sido convocadas a ninguna reunión en la que se tratase el tema. «Estimamos que si se va a realizar el traspaso, deberían convocarnos y darnos participación», dijeron en una de ellas.
El traspaso de Edenor y Edesur forma parte de la negociación por el Presupuesto 2019 y el fuerte ajuste del gasto público que debe incluir, según la pauta del acuerdo firmado por el gobierno nacional y el Fondo Monetario en junio pasado.
El gobierno y la mayoría de las provincias han llegado a acuerdos informales por los cuales dos terceras parte de ese ajuste, o 200.000 millones de pesos correspondería a partidas de caracter nacional, mientras que el tercio restante, o 100.000 millones de pesos, recaería en las arcas provinciales.
El tema todavía está en debate.
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