La reforma política, que anunció en junio pasado el presidente Mauricio Macri y que incluye la implementación de la cuestionada Boleta Única Electoral (BUE), se encuentra en un callejón sin salida. Gobernadores y senadores han expresado su rechazo, de manera tácita y explícita, a la llamada modernización del voto universal, secreto y obligatorio. En ese marco, los tiempos parlamentarios se están agotando como para que la promesa electoral del líder de Cambiemos se pueda implementar en los comicios legislativos del próximo año. Está prácticamente hundida, sentenció días pasados uno de los hombres fuertes del PRO en el Congreso. No se refería a una partida del infantil juego de la Batalla Naval. Lo aseveró ante una consulta periodística sobre la suerte de la BUE. Se encogió de hombros y esbozó una sonrisa tras pronunciar su sentencia. Luego, tomó un poco de aire y dijo sin vueltas que no sólo son los senadores los que se oponen sino también los gobernadores. ¿La razón?, la explicitó sin esperar repregunta: Ningún gobernador, ni los propios ni los opositores, aceptará cambiar el sistema electoral que le permitió ganar ahora o siempre. Los pocos dirigentes del PRO que tienen historia en las lides políticas sostienen que las promesas electorales, algunas de las cuales forman parte de un mundo ideal, suelen detenerse, modificarse y hasta destruirse cuando son confrontadas con la realidad o, si se quiere, la Realpolitk. La reforma electoral corre el riesgo de terminar en cualquiera de la tres posibilidades recién descritas. Los senadores del FPV que no responden a la conducción de Miguel Pichetto, pero que no abandonaron la bancada, trabajan para que el proyecto, que cuenta con media sanción de Diputados, no llegue. Cuentan con el respaldo de legisladores de bloques que durante los 12 años de los gobiernos kirchneristas fueron antagonistas, como el salteño Juan Carlos Romero, los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso. A estos se suman los representantes de La Pampa y de Santiago del Estero. No son decisiones aisladas. Todos cuentan con el apoyo de sus gobernadores o de sus conductores de distrito, entre los de signo diferente al mandatario provincial. Pichetto intentó frenar la sublevación interna. Pero sus constantes reuniones con el oficialismo, en las que acuerda el tratamiento de leyes para luego ordenar a su bancada cómo debe votar, lo han llevado a un punto crítico. Cada día que pasa, los que lo acompañaban comienzan a distanciarse. El miércoles pasado, previo a la sesión, participó de la reunión de bloque donde escuchó duros reclamos y la recomendación de ponerle fin a su perfil cuasi oficialista en el Senado, que se disimula debajo del discurso de la gobernabilidad. En ese mismo encuentro se resolvió postergar la decisión sobre los pliegos de los directores del Banco Central y también evitar la sanción de la reforma electoral, una tarea que lleva adelante el senador por Neuquén, Marcelo Fuentes. Mientras tanto, Pichetto, que basa su poder en el manejo férreo del bloque y de su relación con los gobernadores, decidió entonces hacer una arriesgada jugada al convocar a los mandatarios provinciales para el jueves de esta semana. Si no van a la reunión o son pocos los presentes se resquebraja uno de los eslabones que conforman su cadena de mando. Pero también puede ocurrir que lleguen al bloque y expresen su desacuerdo con el proyecto. Eso también lo perjudica. Pero no sería la primera vez que Pichetto se juega a todo o nada. Más allá de lo que ocurra el jueves, ninguno de los integrantes del bloque de senadores del FPV pretende desplazar al rionegrino de su condición de presidente. Nadie quiere fracturar el bloque sino más bien asumir, de una vez por todas, el rol opositor. En este contexto habrá que ver si el gobierno está decidido a jugarse por la sanción. Restan dos semanas antes de que finalice el período de sesiones ordinarias y el Ejecutivo ya avisó que no quiere prórroga. En este lapso debe conseguir dictamen. Pero aun si lo lograse, nada garantiza que luego el oficialismo tenga los votos que lo respalden. En el mismo recinto puede ser modificado el texto normativo y que entonces no cumpla con los deseos del gobierno nacional. Es que cada gobernador puede decirle a su interlocutor del Ejecutivo Nacional que le ordenó a sus senadores respaldar la norma pero que, luego, a la hora de votar, no le hicieron caso. No sería la primera vez que un mandatario provincial recurra a esa argucia para «cubrirse» y tampoco que un integrante de un gobierno nacional la escuche. «
Vidal también descarta la BUE
Jorgelina Naveiro
En el gobierno de María Eugenia Vidal reconocen que la posibilidad de aprobar y aplicar la reforma electoral este año es casi imposible. En el entorno del jefe de Gabinete provincial, Federico Salvai, señalaron que la implementación depende de cómo lo apruebe en el Congreso Nacional , «si es total o parcial».
También señalaron que, pese a lo que dice la oposición, la provincia no necesita adherir a la ley nacional, ya que el territorio bonaerense tiene ley de voto eléctronico y con eso le basta para implementar la Boleta Única, aunque no para cargos nacionales.
Por último, resaltaron que si la reforma no se aprueba antes de fin de año será «difícil» que pueda implementarse en 2017.
