Sin lograr que lo proclamen, Castillo vuelve a la carga con la reforma constitucional

A pesar de no haber recibido aún la proclamación de parte de la Justicia de Perú, el presidente electo Pedro Castillo avanzó en lo que fue su principal argumento de campaña y uno de los compromisos más firmes con su electorado: la reforma constitucional. Acaso para afianzar el vínculo con quienes hoy claman por una definición, muchos ocupando las calles de Lima y denunciando maniobras –incluidas las de corte golpista y sedicioso– que apuntan a impedir la asunción de un presidente de origen popular como jamás ha tenido el país hasta ahora, el maestro campesino del partido Perú Libre afirmó que cuando asuma pedirá al Congreso que convoque a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución sancionada en 1993 tras el autogolpe de Alberto Fujimori y calificada por sus críticos como funcional al poder económico y en contra de las demandas populares.

«El 28 de julio, asumiendo el mandato, no me puedo convertir en un mago para resolver los problemas de inmediato, porque nos tiene atados esta Constitución», dijo Castillo en una reunión con dirigentes sindicales.

En la misma sintonía se pronunció el presidente de Perú Libre, Vladimir Cerrón. “La Asamblea Plurinacional Constituyente es un compromiso irrenunciable del partido y del gobierno, legítimos voceros del pueblo peruano”, dijo.

La propia Constitución establece que para iniciar una reforma es necesaria la mayoría absoluta del cuerpo legislativo, es decir, la mitad más uno de los integrantes. Luego debe haber un referéndum o una doble lectura con aprobación de los dos tercios. En un Congreso unicameral de 130 miembros, hoy atomizado en múltiples fuerzas políticas probablemente como nunca antes en la historia, el número necesario de 66 legisladores está muy lejos de los 37 con los que contará Castillo, más los que pueda aportar Nuevo Perú desde la alianza Juntos por el Perú, que reúne apenas cinco bancas. En los debates previos a la primera vuelta, el candidato que las consultoras señalaban como favorito, Yohny Lescano, se pronunciaba tibiamente a favor de una posible reforma. Su partido Acción Popular tendrá 17 diputados. El bloque de Podemos Perú, del excandidato Daniel Urresti, podría sumarse. Como diputado saliente, Urresti apoyó anteriores reformas a la Carta Magna. Incluso el presidente interino, Francisco Sagasti, de muy baja representación legislativa, había opinado a favor de modificar “algunos artículos”. Los números siguen siendo escasos e inciertos y es de esperar que Keiko Fujimori, que defiende a ultranza la Constitución de su padre, aglutine al resto de las fuerzas, de derecha y centroderecha, en contra de la propuesta castillista.

En el programa partidario, Perú Libre asegura que una Asamblea Constituyente debe redactar una Constitución “solidaria, humanista, rescatista y nacionalizadora” que permita “el desmontaje del neoliberalismo y plasmar el nuevo régimen económico del Estado”. Es decir, no una modificación parcial de algunos artículos, sino un nuevo texto que ponga en primer plano los derechos sociales y al Estado como garante y promotor de condiciones para que esos derechos puedan ser ejercidos. Como ejemplo, el partido menciona los cambios introducidos en las Constituciones de Ecuador y Bolivia, impulsadas por Rafael Correa y Evo Morales, y desmenuza varios aspectos de la Constitución vigente que, a su entender, refleja un “carácter individualista, mercantilista, privatista y entreguista”.

PL asegura que la Constitución despega al Estado de su responsabilidad como garante de la salud y la educación, que otorga “liberad de empresa” pero enfocada en los sectores concentrados, y a la vez “restringe” a la empresa pública, entre otros puntos.

El Jurado Nacional Electoral aún no se proclama y en sus últimas comunicaciones solo dijo que estima que habrá una proclamación de resultados “antes del 28 de julio”, una vez que concluyan las revisiones de las actas observadas. El fujimorismo se resiste a aceptar la derrota por algo más de 44.200 votos de diferencia y ahora exige que el gobierno pida una auditoría internacional sobre el balotaje, lo que fue rechazado por Sagasti. «