Sin pasar por el Congreso, el Gobierno modifica la Ley de Inteligencia para darle más poder y oscuridad a la SIDE

En la noche del último día de 2025, el Poder Ejecutivo dictó un decreto de necesidad y urgencia, que se publicará en los próximos días, por el que reformula en profundidad la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) mediante una reorganización integral del sistema de inteligencia. Como ejes centrales, el documento establece una mayor centralización en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), amplía las facultades operativas de los organismos del sector y designa a todas las actividades de inteligencia como “encubiertas”. En la base del texto se introduce el término “riesgo estratégico nacional” como cambio conceptual en el funcionamiento del sistema.

El decreto otorga mayor poder a la SIDE, que pasa a conducir de manera directa todo el Sistema de Inteligencia Nacional. Además, tendrá a disposición una gran caja, en buena medida discrecional: será la que apruebe y controle los presupuestos del área, incluidos los gastos reservados. Y un gran despliegue: podrá requerir información a todos los organismos del Estado nacional, a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También le dará la facultad de «aprehender» personas si los encuentra bajo flagrancia o por orden judicial.

El DNU 941/25, firmado por el presidente Javier Milei pero aún no publicado en el Boletín Oficial, reconvierte la Agencia de Seguridad Nacional en la nueva Agencia Nacional de Contrainteligencia, que tendrá como función central la prevención de amenazas con definición amplia: espionaje, sabotaje, injerencia externa y operaciones de influencia que puedan afectar el orden constitucional o los «intereses estratégicos del país». Casi todo bajo su órbita.

Gran Hermano en medio de la interna libertaria

En materia digital, el decreto dispone la separación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. Para eso, crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que pasará a depender de la Jefatura de Gabinete. Una cuota de poder para la hermana Karina Milei, porque el jefe de los ministros, Manuel Adorni, responde a ella.

La ex Agencia Federal de Ciberseguridad, en tanto, pasa a ser Agencia Federal de Ciberinteligencia, bajo la órbita de la SIDE, con foco exclusivo en inteligencia en el ciberespacio. En este caso, punto para el asesor sin firma Santiago Caputo, que colocó al frente de la SIDE a Cristian Auguadra tras la salida traumática del cargo de Sergio Neiffert.

El CNC bajo la de “planificar, ejecutar y supervisar políticas, programas y acciones en materia de ciberseguridad destinadas a proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos (…) y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales”.

Para su puesta en marcha, se transfieren bienes, patrimonio y personal que anteriormente estaban asignados a funciones de ciberseguridad en la ex Agencia Federal de Ciberseguridad.

En las sombras

El texto incorpora definiciones que hasta ahora no estaban explícitamente incluidas en la normativa vigente, como la caracterización del trabajo en este sector como de naturaleza reservada.

“Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”, señala el artículo 2° bis del DNU.

Sin pasar por el Congreso porque es «lento»

La norma argumenta que las modificaciones salen por decreto, sin pasar por el Congreso, porque “esperar la cadencia habitual del trámite legislativo irrogaría un importante retraso, que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría el cumplimiento efectivo de los objetivos de la medida”.

“La Comisión Bicameral tiene competencia para expedirse sobre la validez o invalidez de los DNU y elevar directamente al plenario de las Cámaras para su expreso tratamiento”, sostiene el Gobierno.

Espiando todo

El decreto crea además dos ámbitos de coordinación interinstitucional. Por un lado, la Comunidad de Inteligencia Nacional que reúne a los organismos de espionaje con áreas especializadas que cumplen tareas similares dentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y otros entes con competencias afines. El argumento: facilitar el trabajo conjunto y la articulación permanente bajo la conducción de la SIDE.

Por otro lado, la Comunidad Informativa Nacional, que involucra a sectores con capacidad de generar datos relevantes para el análisis estratégico del Estado. Allí se incluyen ministerios, autoridades de documentación e identificación, Migraciones, Aduanas, organismos del área nuclear y otros entes.

“La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) de la Presidencia de la Nación establecerá la organización, el funcionamiento y los procedimientos técnicos mediante los cuales los miembros de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN) y la Comunidad Informativa Nacional (CIFN) deberán suministrar la información“, marca la norma.

El texto dedica un párrafo específico a la protección de instalaciones, bienes y empleados de los organismos incluidos en el sistema. Se establece que estos podrán proveerse sus propios mecanismos de seguridad y repeler o hacer cesar agresiones que los afecten.

Por último, el decreto contempla la reasignación del personal de los organismos que cambian de denominación o se disuelven y precisa cómo será la continuidad funcional de las estructuras existentes mientras se completa el proceso de reorganización.

Los primeros cuestionamientos

El diputado nacional por Santa Fe Esteban Paulón soslayó que el decreto «generaliza un estado de sospecha y transfiere competencias sensibles a las áreas bajo el control de Karina Milei». Y agregó: «La interna entre Karina y Santiago Caputo es un riesgo para la seguridad nacional y pone en riesgo la autonomía e independencia de la Inteligencia nacional».

El dirigente radical Ricardo Alfonsín sostuvo: «Entre gallos y medianoche Milei modifica la ley de inteligencia! Más allá de su contenido -que habrá que analizar con detenimiento-, me causa gran preocupación la modificación de la ley de Inteligencia».

El diputado nacional Jorge Taiana hizo un punteo de sus críticas. «Básicamente es una ampliación de las funciones y misiones de la inteligencia, dándole marco legal a lo ya hacen y a lo que quieren hacer», señaló. Agregó que el resultado de la aplicación de los cambios llevará a «un Estado policial que recortará varios derechos y perseguirá y controlará a opositores».

Taiana también precisó que, «en el caso de las FFAA autonomizan la inteligencia del control civil por parte del ministerio de Defensa, disolviendo la Diniem y concentrando el poder en la dirección estratégica militar del EMCO. (Vieja aspiración de la corporación)». Y completó: «A cambio de ganar esa autonomía en Defensa, subordinan la inteligencia militar al área de seguridad, dando un paso más en convertir a las FFAA en un auxiliar de las fuerzas de seguridad».