Sin unanimidad, arrancó el primer lockout agrario contra el gobierno

La patronal agraria arranca este lunes el primer lock out de protesta contra decisiones del gobierno nacional. Específicamente, se tratará de un cese de comercialización de granos y ganado entre el lunes y el jueves. Los representantes de los intereses de las empresas que actúan en la actividad agropecuaria, la Mesa de Enlace, aclararon que no se realizarán cortes de rutas ni bloqueos a la distribución de alimentos perecederos y que la medida no generará aumentos de precios.

El cese de comercialización se visualizará en los corrales vacíos del Mercado de Hacienda de Liniers y en las pantallas semiapagadas de los dos principales mercados de granos del país: la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Con todo, el lock out se produce en un momento concreto caracterizado por la fuerte venta previa de granos. Según los datos del Ministerio de Agricultura, al 26 de febrero (último actualizado), los productores habían vendido un 64% más de trigo, maíz y soja que para el año pasado, en la misma fecha. Son 50,5 millones de toneladas de la campaña 2019/2020 versus 30,8 millones de toneladas de la anterior. Los compradores son los exportadores de granos sin procesar y la industria molinera que produce harinas para la exportación y el consumo interno. En muchos casos se repiten los nombres de las empresas en ambos sectores.

De allí que hayan surgido muchas voces asegurando que el cese de comercialización no afectará los intereses de los productores. Por caso, Jorge Solmi, exvicepresidente de la Federación Agraria, dijo: «La mayoría no tenemos nada para vender, es un paro dominguero».

El lock out de la patronal agropecuaria se concreta después de varios meses de amagues sin que avanzara la medida. En enero pasado, Tiempo señaló que el cese de comercialización no prosperaría porque los productores y los exportadores veían una «ventana de oportunidad» de ventas antes de que el gobierno impusiera nuevas alícuotas a los derechos de exportación. Una vez realizado el comercio de los granos, el lock out prosperó.

La patronal agraria reclama contra la implementación de un esquema de derechos de exportación (popularmente conocido como retenciones) por el cual pagarán más unos 14.800 productores de soja -que verán elevada la alícuota del 30 al 33%- mientras pagarán menos otros 42.400, según un gráfico que distribuyó Agricultura la semana pasada.

Con todo, el término «productores» es difuso. En el imaginario popular, un «productor» equivale a un «campo». Sin embargo, en el lenguaje técnico, puede hacer alusión a unidades productivas que pueden concentrar muchos campos en diferentes geografías y con diferentes modalidades de propiedad de la tierra o de su alquiler.

No deja de llamar la atención el discurso oficial que intenta morigerar el impacto del cambio de los porcentajes de las retenciones, ya que señaló que prácticamente tendrá nulo impacto fiscal. Es decir, que no habrá mayor recaudación por el hecho de que mientras a algunos productores se les sube la alícuota, a otros se les baja. Un cálculo posterior indicó que el incremento de los ingresos fiscales podría ser de unos 500 millones de dólares anuales, una cifra minúscula respecto de las necesidades fiscales. Pero está presente que los funcionarios del gobierno impulsaron los mismos argumentos cuando el gobierno decretó el aumento de las jubilaciones, en marzo último: de un efecto fiscal nulo se pasó a un ahorro de unos 5000 millones de pesos mensuales.

Desde el gobierno se critica a las patronales agrarias por no poner el hombro en el cuadro de crisis económica y financiera. El planteo tiene cierta lógica: finalmente, el ajuste en las retenciones forma parte de las medidas que el gobierno toma en sintonía con los acuerdos con el Fondo Monetario y los acreedores para asegurar el pago de la deuda pública. Y, se sabe, la patronal agraria respalda esas negociaciones. «

Divisiones en las entidades

Cuando la historia se repite, no es con el mismo sentido. Dos de los pocos puntos en común con la experiencia de 2008 es que el lock out se realiza sobre marzo y a poco de asumido el gobierno. En cambio, las diferencias se acentúan a poco de analizar la decisión de las patronales agrarias. Un dato fuerte es la división que se verifica en la Federación Agraria y en Coninagro, las dos entidades del agro más vinculadas a los pequeños y medianos productores y cooperativas. La FAA debió decretar la libertad de acción a sus afiliados.