Sindicatos se suman a las querellas en causas por responsabilidad empresaria en la dictadura

Ante el lento avance de las causas que investigan la represión durante la última dictadura a trabajadores y delegados de Las Marías, en Corrientes, y Acindar, la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación y la UOM Villa Constitución se presentaron como querellantes en los juzgados federales de Paso de los Libres y de Rosario para darle impulso.

En ambas, las víctimas fueron en su mayoría trabajadores y delegados gremiales y las empresas tenían un vínculo más que aceitado con el poder: el dueño de Las Marías, Adolfo Navajas Artaza, había sido gobernador de facto de la provincia de Corrientes durante el anterior régimen militar y fue ministro de Acción Social durante el último tramo de la dictadura. En el caso de Acindar, su presidente antes del golpe, José Alfredo Martínez de Hoz, se convirtió en el ministro de Economía y en su lugar asumió el general Alcides López Aufranc.

Esta semana, el juzgado federal de Rosario a cargo de Marcelo Bailaque aceptó la querella presentada por la UOM de Villa Constitución para participar de la causa. “Se verifica una persecución de manera focalizada a trabajadores de empresas del rubro metalúrgico, principalmente relacionado con una lista interna de la entidad gremial”, señaló el juez ante la presentación realizada por el secretario General de la seccional, Pablo González, y el abogado Santiago Bereciartua.

“Tomamos la decisión firme de constituirnos como querellantes y acompañar a familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado en Villa Constitución.  Queremos darle visibilidad a la causa, celeridad y poder interceder e interpelar a los actores principales del terrorismo de Estado”, explica González en diálogo con Tiempo y agrega: “Hay mucha gente que falleció, pero son delitos que no prescriben y queremos que haya una sanción económica para los herederos porque se han enriquecido sus familias a costa del sacrificio de las vidas de muchos compañeros militantes”.

En Villa Constitución, el terrorismo de Estado comenzó el 20 de marzo de 1975, con la invasión de 4000 efectivos de fuerzas armadas, de seguridad y parapoliciales que buscaban desarticular  la organización combativa que había ganado las elecciones en la UOM local el año anterior tras varios meses de conflicto con la conducción nacional del sindicato y con las empresas Acindar, Metcon y Marathon.

La nueva conducción de la UOM local y buena parte de los delegados de las fábricas fueron secuestrados esa misma madrugada. Unas 300 personas fueron detenidas y muchas de ellas torturadas en esos meses antes del golpe y hubo además al menos 15 trabajadores asesinados.

Acindar participó de manera activa en la represión: aportó vehículos, pagó sobresueldos y alojó al personal de fuerzas en la fábrica y entregó legajos y fotos de muchos de los perseguidos. Adentro de la planta funcionó además un centro clandestino de detención conocido como “Albergue de Solteros”. El saldo se completa con los cientos de despidos como represalia por las medidas de fuerza que realizaron como respuesta a la represión.

La causa por el Villazo y la responsabilidad de Acindar tiene una treintena de procesados entre exmilitares, policías y dos civiles, empleados de Acindar, Ricardo Oscar Torralvo, personal administrativo, y Roberto Pellegrini, ex jefe de Personal. Esos procesamientos se encuentran en revisión por la Cámara Federal de Rosario.

La causa por la represión contra trabajadores del Establecimiento Las Marías, que produce la Yerba Taraguí, avanza en zigzag. Si bien el expediente tiene más de 15 años, Adolfo Navajas Artaza parece intocable. En 2008 llegó a estar imputado, pero resultó sobreseído sin siquiera indagarlo: 18 jueces se negaron a tomarle declaración indagatoria por tener vínculos personales con el empresario. Recientemente, fue nuevamente imputado por los fiscales Flavio Ferrini y Juan Martín Garcia y pidieron su indagatoria.

Los hechos en la localidad correntina de Gobernador Viraroso fueron similares a los de Villa Constitución. La represión apuntó directamente contra los referentes sindicales del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y la Federación de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE, hoy UATRE), las dos organizaciones que desde hacía unos años reclamaban mejores condiciones de trabajo y habían llegado a realizar una huelga en 1974.

Con el golpe, comenzó la persecución. En abril fueron detenidos y torturados Ramón Aguirre, secretario General de FATRE, Marcelo Acuña y Pablo de la Cruz Franco, secretario General y Tesorero de STIA. Fueron imputados en la justicia militar por malversación de fondos del sindicato. Meses después fueron detenidos Hipólito Mendieta y Pedro Celestino, trabajadores de Las Marías, por una denuncia realizada por un empleado jerárquico de la empresa.

Al año siguiente, a partir de una denuncia de la empresa por un supuesto sabotaje a la empresa se inició una causa que sirvió como tapadera legal del secuestro de otros ocho trabajadores: Juan Manuel Gómez, delegado de FATRE, Héctor Sena, Epifanio Monzón, Carlos Arturo Escobar Solano, Ramón Peralta y Jacinto Bernal, delegado de los tareferos de FATRE. Neris Pérez, delegado de los tractoristas de FATRE, y Marcelo Peralta, permanecen desaparecidos.

“La represión apuntó directamente al gremio: se llevaron los padrones de afiliados y se descabezó todo el activo gremial que había. Nosotros acá decimos que se configura uno de los objetivos que tenía la dictadura cívico militar, que era descabezar las organizaciones populares y particularmente los sindicatos. Con ese golpe, el gremio fue intervenido, detenido su secretario general y tesorero, se descabezó toda actividad gremial en Las Marías”, destaca Héctor Morcillo, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación.

Morcillo junto a los abogados Jorge Olivera y Rodrigo Olivera Mansilla presentó la querella de la Federación, que fue aceptada a comienzos de abril. “Surge claro que en estos casos lo que hubo fue un claro accionar de la empresa para desmembrar las organizaciones sindicales, porque los encargados denunciaban sabotajes que incluso después fueron desestimados por la justicia militar”, agrega Morcillo.

Según relevó el libro Responsabilidad empresarial, realizado por la Secretaría de DDHH de la Nación, el CELS y el Área de Economía y Tecnología de la FLACSO Argentina, Las Marías “no solamente denunció a los trabajadores en causas penales armadas, provocando su secuestro y tortura, sino que a su vez proveyeron recursos logísticos y materiales a las fuerzas que ejecutaron los delitos”. La investigación señaló además la presencia permanente de personal policial dentro de la empresa y el secuestro de trabajadores en viviendas en el interior de la firma.

Los antecedentes

El caso de la UOM de Villa Constitución y de la FTIA tiene como antecedentes la querella iniciada por el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma en las causas por la represión en el ingenio de Carlos Blaquier. También a los aceiteros de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D Y A.R.A.), que hicieron lo mismo en la causa por delitos de lesa humanidad contra trabajadores de Molinos Río de la Plata de Avellaneda.

Lentitud judicial

Las causas por responsabilidad empresaria en la última dictadura son las que más lento avanzan en la justicia. Apenas un empresario, Marcos Levin, fue condenado por crímenes de lesa humanidad contra un delegado de la Veloz del Norte pero apenas duró un año: un fallo de la Cámara de Casación revocó la sentencia.  En 2018, otros dos ex gerentes de Ford fueron condenados por su complicidad en los secuestros y torturas contra obreros de la planta en General Pacheco en una causa que tuvo 15 años de instrucción y espera la confirmación de Casación. En la Corte espera mientras tanto la falta de mérito a Carlos Blaquier, dueño de Ledesma, por los secuestros durante la Noche del Apagón.