Sindicatos y movimientos sociales reclaman adelantar la suba del salario mínimo

El salario mínimo vital y móvil (SMVM) está ubicado, desde octubre de 2019, en $ 16.875. La línea de indigencia para una familia tipo, según el INDEC, escaló hasta los $ 17.896. El haber mínimo alcanza apenas un 39,6% de la Canasta Básica Total que mide la pobreza.

Desde octubre a esta parte, la inflación acumuló un 21,5% generando, en un semestre, un retroceso del poder adquisitivo del SMVM de un 17,7%. En 2019, la suba del 35% se otorgó en tres cuotas consecutivas que coincidieron con el proceso electoral.

Desde junio del año pasado a esta parte, la caída en términos reales acumuló un 6,3% cuando entre octubre de 2019 y el mismo mes de 2018 se había registrado una suba en términos reales del 5,3%, que sirvió para volver a ubicarlo por encima de la indigencia. Hoy se encuentra seis puntos por debajo de esa línea. De no mediar una convocatoria oficial al Consejo del Salario, el mínimo seguirá retrocediendo.

Ese haber, que durante muchos años operó apenas como referencia para el sector no registrado, de un tiempo a esta parte, influye en forma directa en las jubilaciones (no pueden ser inferiores al 82%) y en los programas remunerados con el Salario Social Complementario que están fijados en un 50% del SMVM. Ahora, además, es la referencia para el piso y el techo del valor del Salario Complementario que el Estado entrega vía el ATP, que va de uno a dos salarios mínimos.

No existe impedimento legal para que el Consejo del Salario, que tradicionalmente se constituye en los meses de junio o julio, sea convocado por la cartera laboral. El ministro, por ley, es quien lo preside y tiene la potestad de convocarlo. Es lo que ocurrió, por caso, en el año 2016, cuando el 19 de mayo se fijó un incremento cuya primera cuota comenzó a regir en junio de ese año.

Es por eso que, en este contexto, organizaciones sociales y sindicales ya reclaman la conformación del organismo para actualizar de manera urgente ese monto.

El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, señaló a Tiempo que “habíamos planteado la necesidad de adelantar la convocatoria no solo por el mínimo sino también por los despidos y las suspensiones para sectores que el paraguas del decreto los deja a la intemperie”.

El dirigente confirmó que “el Ministerio de Trabajo puede realizar una convocatoria anticipada con razones fundadas en la emergencia”.

Desde las organizaciones sociales, Eduardo Belliboni, dirigente nacional del Polo Obrero, recordó que “el salario complementario que cobran cooperativistas y trabajadores precarizados en las provincias y municipios ha quedado muy por detrás de la inflación. El Consejo nunca ha seguido siquiera el proceso inflacionario”.

Para el dirigente, “con la crisis del coronavirus, su monto es prácticamente inexistente cuando la canasta familiar supera los $ 60 mil”.

Fuentes de la cartera laboral reconocieron que “no está prevista por el momento la convocatoria, aún hay tiempo. En la agenda hay otras temáticas del mundo del trabajo más urgentes”.

En la misma línea, el secretario de Prensa de la CGT, Jorge Sola, señaló que “estuvimos en una reunión con el ministro y no lo planteamos. Estamos tratando de mantener el salario. Hay otras prioridades. Por ejemplo, saber si van a pagar salarios o aguinaldos”.

Desde una de las organizaciones sociales más afines al gobierno, la UTEP, Nicolás Caropresi señaló que “estamos armando un pliego reivindicativo. Necesitamos que el Consejo se reúna cuanto antes porque el monto del SSC es de $ 8500 y el INDEC pone la línea de pobreza en $ 42 mil y la de indigencia en $ 17 mil”.

El reclamo también viene desde la CTA Autónoma cuyo titular, Ricardo Peidró, señaló que “se tendría que abrir en julio, pero se podría abrir igual para establecer un salario universal y complementarlo con el impuesto a la riqueza”.

En la misma línea Caropresi recordó que “muchos compañeros quedaron afuera del IFE y viven con $ 8500. Mientras, le dan $33 mil a los sectores más acomodados: dos salarios mínimos y sin ninguna restricción”.

Para el gobierno, por eso, la suba del SMVM resulta problemática. Es que, por un lado, afectaría el presupuesto destinado a los programas de Desarrollo Social y a la ATP que financia con fondos de ANSES. Por el otro, la actualización resultaría una indicación política en favor de la apertura de las paritarias 2020 que el sector empresario no tiene intención de abordar.