Sobreprecios en insumos y falta de control interno durante la pandemia

Por: Martín Suárez

El relevamiento se realizó sobre el organismo encargado de las compras del ministerio de Salud. Los precios superiores al ofertado se ubicaban entre 94 y 104 por ciento.

La audición con el código de referencia 3.19.09, se realizó durante el primer año de la pandemia y focalizó su trabajo en las compras y contrataciones realizadas desde marzo de 2020, hasta el fin del mismo año. El relevamiento se realizó en el accionar del Departamento de Estadísticas de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, a cargo de  Daniel Carlos Ferrante, el viceministro de Salud de la Ciudad. Entre las diferentes “irregularidades” detectadas por la auditoría, se destacan: Falta de control interno, que dificultó la verificación de la información; y diferencias importantes de precios entre los valores autorizados y los facturados

El informe final fue aprobado por los siete auditores en agosto del año pasado, y deja en evidencia una diferencia considerable de precios para la adquisición de varios productos, entre los que se encuentran: Camisolines, Cofias, Botas y Mamelucos de un solo uso”, y que fuera aprobada mediante la Resolución N° 121/GCABA-SSASS/2020. El sobreprecio se realizó en la adquisición de los barbijos descartables, dado que el valor fue aprobado con un importe de $35 por unidad, a la firma Cinmor SRL pero, al concretarse la operación, el importe registrado fue de $68: un 94,29% más que la tarifa acordada. Además, el organismo de la cartera sanitaria porteña, realizó otra compra “a la firma Roitz SA, de 600.000 unidades de barbijos tricapa de un solo uso, por un valor unitario de $71.40, que representa un precio un 104% superior a la oferta inicial.

El documento advierte que, al chequear los requisitos administrativos de esta última empresa, se comprobó que no los cumplía y que figuraba desactualizada en el Registro del Proveedor. La auditoría también revisó el expediente de las compras, y se encontró que los valores de referencia, fueron incorporados al documento cuando la firma adjudicataria ya había realizado varias entregas del producto: “Los valores indicativos o valores de referencia son incorporados al Expediente, cuando la firma adjudicataria ya había realizado entregas por un 60% del monto total de la contratación”, destaca el informe. Es decir, fueron agregados a modo de formalidad, pero no tenidos en cuenta para el análisis de la elección.

El informe aclara que este punto es importante ya que dichos valores son una guía para los Servicios Administrativos Contables autorizados a efectuar contrataciones. Esto quiere decir, que los funcionarios que tienen la responsabilidad de realizar estas adquisiciones lo hagan a precios razonables, utilizándolos como parámetros de comparación. Estos datos aportan a mejorar la gestión y promover la transparencia, evitando el mal uso de los fondos públicos, los gastos extravagantes y los sobreprecios.

La AGCBA, además, dejó en evidencia varias irregularidades más que denotan la falta de controles internos. En el informe resalta la ausencia de manuales de Normas y Procedimientos y de circuitos administrativos con sus respectivos pasos, formalmente implementados: “Las Áreas, objeto del presente Proyecto, no cuentan con Manuales de Normas y Procedimientos ni desarrollo de circuitos administrativos, con sus respectivos controles, formalmente implementados”, dice textualmente el documento. Además, revela que en 12, de un total de 24 de los expedientes verificados “no se respeta el orden cronológico en la incorporación de la documentación respaldatoria del proceso de compra”. Es decir, no se pudo comprobar que quien ganó el proceso de compra haya efectivamente suministrado los insumos o servicios correspondientes. Uno de los casos se trataba de la prestación de un servicio de Provisión y Distribución de Insumos Médicos con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entre otra de las irregularidades, al momento de ser realizadas las tareas, el organismo contaba con documentación incorporada al expediente que no correspondía al mismo, y otros casos donde no se cumplieron los plazos de antelación establecidos para la publicación del llamado a licitación en el Boletín Oficial porteño.

Documentación faltante de proveedores

Otras observaciones realizadas por la auditoría porteña, señala que, en nueve casos no se encontraron incorporados al expediente, total o parcialmente, los documentos generados por el proveedor. Hay que destacar que la normativa vigente establece que tanto los Pedidos de Aclaración a los Pliegos como las respuestas, o las notificaciones emitidas, como así también las impugnaciones, y los partes de recepción definitiva de proveedores, entre otros; deben ser agregados al expediente. La auditoría menciona en el informe la importancia de “desarrollar e implementar controles que aseguren tanto la integridad y confiabilidad de la información, como que garanticen el cumplimiento de la normativa aplicable y enmarquen a la gestión dentro de los conceptos de Economía, Eficiencia y Efectividad”.

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