Sobreseyeron a Vicente Massot por el secuestro y asesinato de dos trabajadores de La Nueva Provincia

El empresario Vicente Massot, dueño de La Nueva Provincia durante la última dictadura, fue sobreseído este miércoles por el juez federal de Bahía Blanca Walter López Da Silva en la causa en la que estaba acusado por el secuestro y asesinato de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, trabajadores gráficos del diario.

Massot, uno de los referentes de la participación civil y empresarial al golpe militar y al terrorismo de Estado, era una de las máximas autoridades del diario bahiense que era propiedad de su familia.

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca lo acusó como coautor de los homicidios de ambos obreros, cometidos entre el 30 de junio y el 4 de julio de 1976, luego de un conflicto sindical. También le imputaron haber participado en el ocultamiento deliberado de secuestros, torturas y homicidios de 35 personas a través de tareas de acción psicológica desde las páginas del diario.

En 2014, Massot fue indagado dos veces por estos delitos. La salida del juez subrogante Álvaro Coleffi y su reemplazo por el abogado Claudio Pontet le habilitó un fallo de falta de mérito que nunca logró ser revertido por los fiscales y querellas en todas las instancias.

En 2020, los fiscales ampliaron la acusación a partir de nuevas pruebas que vincularon a Massot con el espía chileno Enrique Arancibia Clavel, condenado por crímenes de lesa humanidad. En varios documentos secretos encontrados en su poder se producía un fluido intercambio de información entre ambos.

Además de dueño, Massot era el editorialista del diario y también uno de los fundadores de la ultraderechista revista Cabildo, con fluidos contactos con militares y servicios de inteligencia. Para el juez, “no existe evidencia precisa y seria que permita sostener que el empresario, un civil extraño a la fuerza armadas estatales y con tan sólo 23 años al momento de los hechos, tuviera la posibilidad de influir o determinar de alguna manera a quienes cometieron de propia mano los actos de torturas o desapariciones y menos aún que su designio haya sido participar de ilícitos que por su gravedad afectan a la humanidad en su conjunto”.

Los editoriales de Massot fueron analizados uno a uno por la fiscalía, que contabilizó que en 1976 y 1977 hubo 237 ediciones en las que se abordó la “lucha contra la subversión”, y en 167 de ellas se utilizó los verbos “eliminar”, “aniquilar”, “combatir”, “luchar”, “matar”, “atacar”, “extirpar”, “limpiar”, “erradicar”.

Las publicaciones también buscaban difundir el odio y el miedo en la población a través de mensajes en el diario, en el canal de televisión y la radio del grupo empresario: “COLABORE. ESTÉ ALERTA – Ante cualquier actitud, hecho o persona sospechosa, actividad anormal o injustificada. LLAME AL TEL. 30259. COMANDO V CUERPO DE EJÉRCITO”. “SEÑOR, SEÑORA… ¿Leyó los libros que le piden a su hijo en el colegio…?”.

“El apoyo irrestricto del diario a las acciones llevadas a cabo contra la subversión, se refieren a acciones legales y no se advierten en los editoriales transcriptos por la Fiscalía Federal ninguna frase que aliente la ejecución de prisioneros, la tortura o la desaparición de personas”, señaló el juez al sobreseer a Massot y añadió: “No cabe duda que la línea editorial del diario denotaba afinidad con el régimen instaurado y por más objetable que pudiera resultar, lo cierto es que no corresponde juzgar el pensamiento político”.

Querellantes y fiscales ya adelantaron que apelarán el sobreseimiento a Massot, quien también es investigado en otra causa sobre la persecución realizada contra 30 docentes de la Universidad Nacional del Sur durante la última dictadura.

En ese expediente, fue acusado por participar, en coordinación con autoridades militares y judiciales, de la persecución política a docentes, estudiantes y trabajadores de la UNS. Para la Unidad Fiscal, las publicaciones casi diarias de La Nueva Provincia fueron indispensables para llevar a cabo el plan represivo ya que formaron parte de las acciones de propaganda y de acción psicológicas realizadas contra la población. El diario enmarcaba a este grupo de docentes y trabajadores en la “subversión ideológica” y llegó, incluso, a quejarse de que sólo habían sido detenidos y, todavía, estaban “vivitos y coleando”.