El Observatorio de Residuos Peligrosos detectó que de casi 20 millones de toneladas, apenas 1,08 millones fueron gestionadas correctamente. Falta de control y de políticas adecuadas.
Aunque existen más de 252.000 empresas generadoras de residuos, solo unas 31.500 contratan servicios de tratamiento: el 12,48 por ciento. Esto pone de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, avanzar en la reglamentación de normas vigentes y generar políticas públicas basadas en evidencia que permitan revertir una tendencia que, año tras año, deja miles de toneladas de residuos peligrosos sin gestión adecuada.
El Observatorio se creó en mayo del 2021, por iniciativa conjunta de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y las cámaras empresarias Catries (de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales) y Caitpa (de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental).
En la formación del Observatorio participaron tanto Matías De Bueno, hoy secretario de Ambiente de la UNR, como el director ejecutivo del Centro de Desarrollo Sustentable Geo de la UBA, Marcelo Corti, quien aportó su mirada estratégica y experiencia ambiental. El objetivo era tener a mano una herramienta que permitiera dimensionar, con datos concretos y rigor científico, una problemática hasta entonces invisibilizada. Para eso se diseñó una metodología propia que sistematiza información de manera periódica. Para sus informes, el Observatorio realiza un relevamiento mensual a empresas tratadoras asociadas a las cámaras, que incluyen 47 plantas en todo el país. A través de encuestas anónimas, se recopilan datos sobre volúmenes de residuos tratados, características de los clientes y tendencias de generación.
Los resultados se integran y analizan mediante un modelo estadístico que permite extrapolar la información a nivel nacional, generando indicadores confiables sobre la cantidad tratada y especialmente los que quedan fuera del circuito formal de gestión, construyendo un panorama indispensable para orientar políticas, controles y proyectos de gestión sustentable.
Según De Bueno, el valor de estos datos radica en que provienen de organizaciones y universidades públicas, lo que les otorga respaldo científico y metodológico: “Están elaborados por equipos técnicos especializados y cuentan con la misma fuerza probatoria que la de peritos oficiales, según la Ley General del Ambiente. Se trata de información única en su tipo en el país». La gran pregunta que plantea este panorama es dónde termina el 95% de residuos aproximados que no se tratan correctamente: “Está en los ríos, en el aire, en los terrenos, en las cavas y basurales. Lamentablemente, muchos residuos se desechan de forma inadecuada; son venenosos, contaminantes y afectan gravemente la salud, el ambiente, la flora, la fauna y a las personas. El problema es que estos costos ambientales no los paga quien debería, sino que los absorbe la sociedad en su conjunto”.
El último informe del Observatorio indica que la situación se agravó durante el 2025, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. Durante el primer semestre se observó una caída abrupta en la tasa de tratamiento, que descendió a niveles cercanos al 6%, cuando en períodos anterior había sido del 8%. Este fenómeno se explica principalmente por la salida de empresas pequeñas del sistema: la cantidad de pymes contratantes cayó alrededor de un 30% en los primeros seis meses. Corti consideró que, si bien cuando se inició el Observatorio la política pública de control y fiscalización era deficiente, cuando desaparecieron esas políticas por parte del Estado la situación empeoró notablemente: «La falta de agenda ambiental por parte del gobierno nacional deja expuesta la situación actual, que tiene repercusiones en la salud de la población y en otros indicadores socioeconómicos y ambientales. Por eso es fundamental, primero contar con información que permita tomar mejores decisiones y a partir de ahí implementar políticas públicas en los tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal; conforme sus competencias y necesidades».
“El trabajo del Observatorio es fundamental porque nos da un panorama y números que indican dónde es necesario invertir, qué tecnologías utilizar para tratar distintos tipos de residuos y cuáles se están generando; incluso nos permite elaborar mapas y herramientas básicas para la gestión del sector”, explicó Gustavo Solari, titular de la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (Caitpa).
Para los referentes, contar con información actualizada marca el camino de las acciones necesarias a tomar. Estas van desde aumentar los controles y la trazabilidad, a generar más índices y analizar provincia por provincia qué residuos se producen y qué porción recibe una gestión adecuada. Por su parte, De Bueno subrayó la urgencia de avanzar en la reglamentación de normas existentes, como la Ley 25.612 de presupuestos mínimos de protección ambiental y la Ley 13.959, que hasta ahora no fue reglamentada, para que las políticas públicas puedan transformarse en medidas concretas que reduzcan el impacto nocivo y protejan a la sociedad.
El Presupuesto 2026 establece una disminución en las inspecciones y capacitaciones a empresas generadoras de residuos peligrosos: caen de 320 fijadas en años anteriores a apenas 260. También se reducen de 1020 a 840 las inspecciones que controlan los efluentes industriales.
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