Sólo uno de cada diez argentinos tiene buena opinión de la Justicia

La Justicia transita uno de sus peores momentos históricos en su vínculo con la sociedad civil. Según la última encuesta realizada por la Universidad de San Andrés, menos de uno de cada diez argentinos tiene una imagen positiva del Poder Judicial. La percepción es incluso peor que la que se tiene del Fondo Monetario Internacional (FMI), de los partidos políticos y de los sindicatos.

La mala apreciación de la Justicia en la sociedad no es nueva, pero en las últimas décadas parece haber empeorado a gran velocidad.

En la segunda semana de julio, la Universidad de San Andrés (Udesa) realizó su habitual estudio de satisfacción. Allí incluyó la imagen de los desempeños de los poderes estatales, otras instituciones y sectores de la sociedad civil. “¿Qué opinión tenés de los siguientes dirigentes políticos y sociales?”, les preguntaron a 1010 personas encuestadas.

Los científicos estuvieron en la punta de la pirámide con 90% de imagen positiva. Pymes, fuerzas de seguridad, campo, los industriales y los movimientos LGBT, todos tienen mayor imagen positiva que negativa. Por debajo aparecen los periodistas, el Estado, medios de comunicación, empresarios y bancos, entre otros.

En el último tercio se concentran los sectores con peor imagen de todo el país. Para los consultados por Udesa, el PRO es “el mejor de los peores” y pelea palmo a palmo con el Congreso, con los otros partidos políticos, el FMI y los sindicatos.

Hay solamente dos ítems que tienen menos del 15% de imagen positiva. Son los grupos anticuarentena y los jueces, que cierran la tabla como “los peores de los peores” de toda la encuesta. Sólo un 10% de los consultados tuvo una opinión positiva sobre los jerarcas del Poder Judicial. 

Otro estudio, de Inteligencia Analítica, publicado meses atrás, también ubicó al Poder Judicial como el de peor imagen en el Estado, por detrás del Ejecutivo y el Legislativo. Las cifras eran similares: 9,3% de los consultados tenía una percepción buena o muy buena. En cambio, el 64,8% de los 8000 encuestados por Inteligencia Analítica opinó que era mala o muy mala. El gobierno llegó al 46,5% de positividad y el Congreso a 19,4 por ciento.

La reforma judicial que el gobierno envió al Congreso busca la unificación de los fueros penales económicos, unificación de cámaras y creación de fiscalías y defensorías para los nuevos tribunales, entre otras modificaciones. El tiempo dirá si sirvió para reconciliar al Poder Judicial con la sociedad.

“La imagen de la Justicia fue empeorando. Es un tema estructural. En la Argentina con las crisis económicas aumentaron los delitos, se volvieron más violentos y cometidos por personas más jóvenes. La sociedad tiene una idea abstracta de la Justicia, que es la idea del sentido común”, explicó a Tiempo Ricardo Rouvier, consultor y sociólogo.

“En la mayoría de los países latinoamericanos ocurre lo mismo. La gente no sabe exactamente qué hay dentro de la reforma judicial, pero existe una idea de que la justicia no llega a tiempo, deja a los presos libres o no es lo suficientemente estricta. La gente quiere mayor punitividad”, completó.

El divorcio entre la Justicia y la sociedad atravesó varias etapas desde el fin de la última dictadura. “(Raúl) Alfonsín había intentado devolverle legitimidad a los poderes del Estado con el regreso de la democracia y para eso construyó una Corte con todas las miradas. El Juicio a las Juntas puso a la Justicia argentina en un lugar único en el mundo y después empezó a deteriorase”, recuerda Leandro Halperín, legislador porteño por el radicalismo al tiempo que destaca “fallos históricos” de esa Corte, como el Bazterrica, que sentó jurisprudencia sobre la no criminalización del consumidor de drogas.

Para Halperín, profesor de Derecho Constitucional en el CBC, “la relación espuria entre Justicia y política se consolidó durante el menemismo con los per saltum y la confirmación de los indultos que avaló la mayoría automática de la Corte. Y también con los jueces de la servilleta”.

El legislador explica que en los ’90 “el Poder Ejecutivo ponía jueces y fiscales a dedo. El menemismo hizo de esa discrecionalidad un ejercicio arbitrario y partidario. Los fallos judiciales consagraron la impunidad, muchos jueces y fiscales siguen hasta hoy”.

Halperín concuerda con la necesidad de una reforma, pero rechaza la forma en que fue presentado el proyecto del Ejecutivo. “No convocaron a las universidades públicas, a los consejos. No abrieron una instancia para que participen ONG que están especializadas en el tema. Podrían haber invitado a los presidentes de los partidos políticos. El gobierno, fruto e sus internas, perdió la posibilidad de hacer cambios con los que algunos podríamos haber coincidido”, cuestionó.