Soltar lastre para mantener a flote el Plan V

La gobernadora María Eugenia Vidal busca zafar de las denuncias por aportes truchos con un clásico de los políticos en problemas: fingir demencia. El modo que escogió para sacarse responsabilidades de encima también es el usual: cortar el hilo que la une al escándalo por lo más delgado, despidiendo a la contadora general de su gobierno -y tesorera de campaña-, María Fernanda Inza. Pero hay un detalle: como informó este diario el domingo, la contadora había sido ascendida apenas cuatro días antes del despido, cuando el caso ya llevaba un mes en circulación y había abierto al menos tres expedientes judiciales. ¿Qué cambió? A fuerza de evidencias, el escándalo logró perforar el blindaje mediático.

El escándalo se había vuelto incómodo para los comunicadores macristas, que se pasaron varias semanas haciendo malavares para esquivar la lluvia de evidencias recolectadas por el periodista Juan Amorín. El miércoles por la mañana, finalmente, el Grupo Clarín -uno de las empresas más beneficiadas por el macrismo- tocó el tema en su periódico en papel, lo que suele funcionar como santo y seña para el resto de los medios del Grupo. La gobernadora comprendió entonces que algo debía hacer: el blindaje se había agrietado.

El despido de Inza se produjo apenas 24 horas después de que se formalizara su ascenso, publicado el lunes en el Boletín Oficial. Macrista de la primera hora, la contadora vio interrumpido así su recorrido por despachos oficiales en Ciudad, Provincia y Nación. En todos, por cierto, dejó marcada sus huellas.

No es la primera vez que Inza queda envuelta en escándalos de dinero. La jueza electoral federal María Romilda Servini de Cubría tiene en trámite una causa con objeciones a los aportes de la campaña presidencial de 2015. Los “responsables económicos” que firmaron las planillas cuestionadas fueron dos jubiladas: Stella Maris Sandoval, 68 años, y María Armanda Inza, de 84 años, y tía de la tesorera.

La elección de personas mayores no es casual: la desaprobación de las cuentas de campaña es sancionada con una pena de 6 meses a 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En ese aspecto, la biología sugiere que personas como la tía de Inza tienen poco y nada que perder.

La contadora llegó a la provincia luego de protagonizar otro escándalo de dinero en el Ejecutivo nacional: el presunto pago de sobresueldos a funcionarios del PRO. En abril de 2017, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, denunció ante la justicia federal que la Secretaría Legal y Técnica de la Nación asignó unidades retributivas (UR) como suplemento extraordinario a diez empleados. Las sumas asignadas fueron de los $ 23.598 a $ 183.547, y los beneficiados sólo se habrían desempeñado un día hábil en la función pública. Según la denuncia, se hicieron pagos por un total de $ 558.668,66.

Al frente de la Secretaría estaba -y aún permanece- Pablo Clusellas, mientras que Inza operaba como su segunda al mando. “Gracias a las medidas de prueba pertinentes que fueron realizadas -explicó la PIA en su denuncia-, se estableció que la mayoría de los funcionarios beneficiados por esa atribución de suplementos extraordinarios (UR) fueron nombrados en la Administración Pública Nacional mediante decreto del día 23 de diciembre de 2015. De tal circunstancia se desprende que los suplementos en cuestión se asignaron a funcionarios que se habrían desempeñado solo un día hábil”.

La PIA advirtió, además, la posible superposición de cargos por parte de al menos dos agentes de la repartición que habrían sido nombrados sin haber renunciado a su anterior empleo como agentes de la secretaría legal de la Ciudad de Buenos Aires, paradero originario de Macri y de toda la escudería PRO.

¿Acaso hay vínculos entre el presunto pago de sobresueldos y los aportes truchos? En una entrevista con el sitio Diagonales, el empresario y ex dirigente del PRO Osvaldo Marasco afirmó que en las elecciones de 2015 se usaron aportantes apócrifos para blanquear dinero entregado vía “ñoquis del gobierno porteño”. ¿Los sobresueldos pudieron haber tenido un destino similar? La respuesta está en manos de la jueza Servini de Cubría.

Pocas semanas después de la denuncia de la PIA, Inza se mudó al gobierno de Vidal, donde ostentaba un raro privilegio: ser la única mujer en la primera línea de la gestión provincial.

La gobernadora sacrificó a su rara avis de género para salvar su reputación justo cuando se inicia un operativo que busca instalar su eventual candidatura a la presidencia de la nación. Pero existe un detalle legal: según la ley electoral, los titulares de los partidos son tan responsables como sus apoderados económicos de lo que ocurra con los fondos de campaña. Vidal es presidenta del PRO en la provincia. Para la ley, no podía “no saber”.

La desaprobación de las cuentas de campaña es sancionada con una pena de 6 meses a 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Así las cosas, la candidatura de la gobernadora -al destino que sea- puede quedar en manos de un fiscal.