Son pocas las opciones que le quedan a la Argentina ante el fallo adverso por YPF

El fallo de la jueza Loretta Preska, en el que castigó al Estado argentino en el juicio que sustancia por pedido del fondo buitre Burford Capital, dejó sin muchas alternativas al gobierno argentino actual y al que lo suceda.

De hecho, esas alternativas se limitan a dos: la apelación a la segunda instancia y eventualmente llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, a la espera de que allí se dé vuelta la cuestión, o el desconocimiento de la jurisdicción de EE UU y de la sentencia por cuestiones de soberanía.

Una tercera opción es acatar la sentencia, ahora o después de un fallo desfavorable del máximo tribunal de la potencia del Norte.

Pero, al mismo tiempo, se espera que mientras prepara la apelación, el estudio que representa a la Argentina, Sullivan & Cromwell LLT, tienda un puente negociador con Burford para comenzar a discutir cifras.

Preska les pidió a las partes que presenten propuestas de sentencia, con números concretos de la indemnización que ella considera que la Argentina le debe pagar a Burford. Ello podría permitir esa instancia de diálogo entre los representantes ambas partes.

En esta instancia, Burford hará valer la posición inmejorable que logró con el fallo de Preska. Como se informó el viernes, la jueza no se definió por un monto específico de indemnización, sino que determinó tres puntos de discusión en los que la Argentina y Burford tenían miradas contrapuestas.

Estos puntos eran:

-La fecha que se establece como referencia de la toma de control de YPF. Para el gobierno, el punto de partida que debía tomar Preska para el cálculo de la indemnización debía ser la fecha en la que se aprobó la ley de expropiación, el 7 de mayo de 2012. Burford, en cambio, pidió que se tome la fecha en la que el gobierno se instaló en YPF, el 16 de abril de ese año. Aunque se trata de pocas semanas de diferencia, desde ese momento hasta el 7 de mayo, las acciones de YPF cayeron un 25% y la indemnización está atada a ese valor.

-Respecto de la tasa de interés a aplicar, la Argentina pidió que fuera fijada en el 0% mientras que Burford reclamó el 8% anual en base a las subas de tasas del último período y la renta de la deuda emitida por empresas con similar calificación de riesgo que YPF. Preska aceptó este criterio.

-El tercer punto que Preska resolvió en favor del pedido de Burford fue respecto de la fórmula para calcular el monto de la indemnización.

La combinación de estos tres parámetros arroja que la cifra final de la indemnización se acerque al techo, es decir, US$ 16.050 millones, según la fórmula diseñada por Burford para hacer el cálculo.

En cierto sentido, la sentencia de Preska fue en defensa de Wall Street y de los inversores que intervienen en esa plaza ya que la demanda de Burford fue posible porque el estatuto de YPF establecía que quien adquiriese el 51% de las acciones, como lo hizo el Estado nacional cuando expropió en abril de 2012, debía hacer una oferta para quedarse con el 49% restante, condición que YPF aceptó para poder cotizar en la Bolsa de Nueva York. Argentina incumplió esa condición y Preska se valió de esa decisión para determinar el corazón de su sentencia.

Soberanía

Tanto el gobierno nacional como referentes del oficialismo salieron al cruce de la sentencia de Preska. Los argumentos que esgrimieron ya los habían exhibido cuando Preska resolvió, el 31 de marzo pasado, que era el Estado argentino y no la compañía YPF quien debía indemnizar a Burford Capital por la expropiación de la petrolera concretada en 2012.

Desde la India, donde participa de la 18a Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno del G20, el canciller Santiago Cafiero cuestionó ayer el fallo al considerar que se trata de «un atropello más a los intereses del país».

«Es un fallo que beneficia a un fondo buitre, contra la soberanía del país», señaló Cafiero, quien agregó: «Vamos a seguir estando donde tenemos que estar, defendiendo los intereses de los argentinos y argentinas, independientemente de las elecciones».

Cafiero vinculó la sentencia a las elecciones y la oposición política. «Si la oposición quiere cambiar a su jefe de campaña y poner a esta jueza de jefa de campaña, están en su derecho», dijo y señaló que se trata de «un atropello más a los intereses de nuestro país».

«Somos un país que siempre avanza sobre los principios del Estado de derecho y eso no se ha violentado en ningún momento, con lo cual a nuestro juicio es una cuestión vinculada con intereses económicos, que nada tienen que ver con los intereses nacionales», concluyó.

La oposición, en particular en el PRO, hizo circular algunas «ideas» sobre cómo pagar la indemnización. De conjunto, esas propuestas se encaminaban en el mismo sentido que el adoptado por la ultraderecha, que supone que se debe privatizar YPF y pagar la indemnización a Burford con el producido de esa venta.