Sospechas sobre un fallo de Casación

Cuando aún persisten los coletazos judiciales por la detención de una secretaria letrada por desobedecer una orden de un juez, la Cámara de Casación aparece salpicada por una nueva situación confusa. Un abogado pidió un sumario interno para determinar si existió una filtración de un voto de una jueza y ello influyó en el resultado final de la causa. En el ínterin, aparece una decisión de otro juez para que se liberen fondos de una cuenta por un millón de dólares en una causa por filiación y presunta adulteración de una prueba de ADN.

El abogado Pablo Argibay Molina le presentó al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, un pedido de “resguardo de documentación, trámites administrativos internos, de soportes electrónicos de borradores, votos, discusiones, en especial fecha de votos”, en el marco de una denuncia contra peritos que determinaron que una mujer es hija natural de un acaudalado empresario ya fallecido. Los denunciados eran la hija natural, Camila Libertad Uriburu; las peritas Rosario Sotelo Lago, Ana María Di Lonardo, Mariana Herrera, Viviana Bernath de Wilner y el juez civil Pablo Aguirre, a quienes Argibay Molina reprochó el delito de “estafa procesal mediante una pericia falsa obtenida por soborno en concurso ideal con supresión de estado civil”.

Se expresa “eran” porque todos fueron sobreseídos en primera instancia por la jueza María Servini de Cubría, y luego por la Sala Primera de la Cámara Federal. La causa llegó hasta la Casación. Allí, el fiscal general Javier De Luca y un primer voto de la jueza Liliana Catucci se inclinaban por anular el sobreseimiento pero el camarista Eduardo Riggi discrepó y en un voto muy fundamentado se inclinó por confirmarlos. Y a esa tesitura adhirió el juez Juan Gemignani, justamente el camarista que quedó involucrado en el escándalo de la detención de la secretaria letrada que rehusó hacer un inventario de aparatos electrónicos supuestamente donados por el Ministerio de Planificación durante la gestión de Julio De Vido.

Gemignani sospecha que esos aparatos pudieron ser una “dádiva” o incluso un “soborno”. El abogado Argibay Molina cree que entre un voto y el otro se “desafectaron” del proceso judicial por la filiación, plazos fijos por alrededor de un millón de dólares. Y por eso pidió el sumario administrativo interno en la Casación para establecerlo fehacientemente. “Carezco de la información acerca de la fecha del voto de la jueza Catucci. Vengo a pedir que se sustancie un sumario administrativo al respecto, para lo cual pido se requiera del Banco de la Nación la información (sobre la desafectación de los plazos fijos) y del juzgado civil el expediente de medidas precautorias para precisar los pedidos, fecha de autorización y entrega de las sumas de dinero”.

El abogado desnudó sus sospechas en el párrafo final de su planteo ante la presidencia de la Casación: “pido el resguardo del voto y de la documentación que acredite la fecha del voto de la jueza Catucci, ya que juntamente con el dictamen del fiscal y por ser el primero, es el que ha desencadenado el episodio de la entrega del dinero por el imputado juez civil”. «