Entre otros argumentos, citó un tuit de una supuesta cuenta oficialista que no figura en el organigrama estatal.

A toda costa, el funcionario judicial quiere quedarse con la causa y le solicitó a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires los expedientes correspondientes de las personas que se encuentran privadas de su libertad bajo su órbita.
Es que Stornelli considera que todos ellos podrían haber cometido delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, daños, incitación a la violencia colectiva, intimidación pública y perturbación del orden en sesiones parlamentarias, los cuales estarían contemplados en el fuero federal.
Al respecto, el periodista Ariel Lijalad posteó en sus redes sociales que el fiscal Stornelli “cita como «publicación oficial» el tuit de la Oficina del Presidente que NO EXISTE EN EL ORGANIGRAMA ESTATAL Y con esto pide prisión preventiva para manifestantes detenidos Realmente una locura”.
Es que el ex ministro bonaerense de Seguridad de Daniel Sicioli, adujo que entendía “pertinente tener en cuenta en la investigación” el posteo de la mencionada cuenta en donde “felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina”.
Lo cierto es que ahora la jueza María Romilda Servini de Cubría deberá emitir un dictamen y avalar, o no, el pedido del fiscal.
«Atento a la gravedad de los hechos, tomando en consideración el estado incipiente de la investigación, la gran cantidad de diligencias que se hallan actualmente en curso -tendientes a determinar eventuales roles de cada uno de los intervinientes y posibles vinculaciones entre sí-, sumado a que no se advierten otras medidas de coerción menos gravosas que permitan avanzar adecuadamente con la investigación, solicitaré que ordene sus prisiones preventivas”, puntualizó Stornelli.
Por si fuera poco, el exjefe de seguridad del Club Boca Juniors adelantó que «dicha restricción a sus libertades ambulatorias luce como única alternativa viable para garantizar el éxito de la investigación en curso«.
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