El fiscal federal está a cargo de investigar la denuncia por espionaje ilegal realizada por el Gobierno, en medio del escándalo por coimas.
Sin embargo, Stornelli fue tajante a la hora de reivindicar el derecho constitucional de proteger las fuentes periodísticas. De esta forma, negó el requerimiento del Gobierno de perseguir periodistas por la vía de los allanamientos.
El fiscal afirmó que la investigación a su cargo «no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista. Merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad»
«Esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual no empecé al análisis de las conductas ya efectuadas«, concluyó Stornelli.
El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4 sostuvo que «si bien en la denuncia se mencionan algunas personas, el devenir de la investigación determinará la existencia de un hecho delictivo así como la identidad de los presuntos autores, cómplices, encubridores y/o instigadores».
Stornelli señaló que «la maniobra delictiva a investigar encontrará su espacio temporal al menos, desde que puedan datarse las primeras grabaciones publicadas y, yendo un poco más allá, sus actos preparatorios».
«No puede descartarse si no mas bien presumirse la ilegitimidad legal de los audios quizás ardidosamente y de manera equivoca puestos por algunos actores dolosamente a consideración de la opinión pública”, dijo y añadió: “De ello se colige fundadamente que estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos, lo que debe ser materia incansable de investigación, lo que así postulo».
Por eso estableció que «se dispongan las medidas de prueba requerida y se proceda» con la investigación.
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