Stornelligate: otro fiscal en la mira por presunto espionaje ilegal

Otra pieza probablemente clave en la estructura que voló en pedazos con la detención del falso abogado Marcelo D’Alessio quedó tambaleando. El fiscal que investigó el triple crimen de General Rodríguez, Juan Bidone, fue allanado ayer por disposición de la justicia bonaerense. Además, el jefe de los fiscales provinciales, Julio Conte Grand, lo apartó provisoriamente del cargo. El procedimiento no fue dispuesto por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, pero es una derivación de su investigación. Bidone, según sospecha el juez, pudo haber sido quien utilizando su cargo obtuvo información de entradas y salidas al país de personas que luego fueron víctimas de D’Alessio.

La semana pasada, el juez Ramos Padilla pidió a Migraciones que informara qué usuarios habían pedido reportes sobre ingreso y egreso del país de al menos tres de las víctimas de D’Alessio. Nunca obtuvo respuesta, pero Bidone se presentó a declarar ante el juzgado federal porteño a cargo de Julián Ercolini. La declaración fue de tal cariz que el propio juez extrajo testimonios y se lo mandó a la Justicia provincial y a Conte Grand. Tiempo anticipó que una línea de investigación unía a D’alessio con la causa del triple crimen. La confirmación –todavía embrionaria y provisoria- surgió de la propia investigación.

La novedad se produjo en los albores de una semana en la que Ramos Padilla definirá la situación procesal de los dos ex policías bonaerenses detenidos como presuntos integrantes de una asociación ilícita que extorsionaba gente y torcía voluntades de “arrepentidos” en causas penales invocando el nombre del fiscal Carlos Stornelli. También insistirá con la indagatoria del propio  Stornelli, escuchará como acusado al abogado Rodrigo González y decidirá si llama a declarar al periodista Daniel Santoro. Será una semana a todo ritmo, porque parece haber empezado la cuenta regresiva hacia la posibilidad concreta de dejar de estar al frente de la investigación.

La principal estrategia defensista (de todos los imputados) es sacarle la causa a Ramos Padilla. Demostrar la inocencia es otra historia. En todo caso, prefieren jugar de locales en Comodoro Py, con el público -y probablemente el árbitro- a favor.

Stornelli, queda claro, no irá voluntariamente jamás al juzgado federal de Dolores. Ramos Padilla no tiene demasiadas herramientas para forzarlo a cumplir con la indagatoria. No puede detenerlo, ni obligarlo a comparecer por la fuerza pública, porque los fiscales tienen inmunidad de arresto. A lo sumo podría declararlo “rebelde”. Y avanzar en la pesquisa de sus supuestas actividades en el marco de la organización delictiva que supone que existe, a través de pruebas y datos que pudiera obtener de allegados al fiscal.

A falta de colaboración del propio Stornelli y del procurador general interino, Eduardo Casal (quien días atrás recibió un detallado informe de todas las imputaciones contra el fiscal y hasta el momento no acusó recibo) el juez busca hacer coincidir las piezas de un rompecabezas que luce deliberadamente desordenado.

Ramos Padilla consiguió identificar a los cinco custodios permanentes que cuidan a Stornelli y a los dos autos en los que se mueven. Además, sabe que el fiscal también es protegido por efectivos bonaerenses cuando se mueve por la provincia. Algunos o varios de ellos pudieron haber estado discretamente cerca de Stornelli durante la reunión de cuatro horas que mantuvo en el balneario CR de Pinamar con el presunto falso abogado Marcelo D’Alessio en Pinamar. También pidió informes sobre un remisero y una empleada de un estudio de abogados que viven en las localidades bonaerenses de Guernica y Ezeiza.

Ramos Padilla sostiene que él es el juez natural de la causa. Pero es el único que cree eso.

Claudio Fogar, el defensor de D’Alessio; Roberto Rivas, el de Stornelli, y Oscar Moyano, el de los ex comisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, coinciden en que los hechos que investiga ocurrieron, en su mayoría, en la Capital Federal y, en consecuencia, es allí donde deben investigarse. Pero además, sostienen que la causa es nula porque no hubo lo que técnicamente se llama “impulso fiscal”, es decir que el fiscal de la causa haya promovido la investigación desde el inicio del expediente.

En esa instancia entra a jugar otro protagonista, el fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi. Él también quiere que la causa viaje a los tribunales de Retiro, pero además, en dos oportunidades durante la última semana le envió notas al juez indicándole que no había promovido la acción penal sobre los últimos hechos que se le imputan, entre otros, al propio Stornelli. Es cierto que Curi no pidió la investigación inicial, pero no lo hizo porque estaba de vacaciones. Lo hizo la fiscal que actuó durante la feria, Natalia Corbetta. La causa tuvo un impulso inicial y, una vez identificados los presuntos responsables de las maniobras, el juez asumió per sé la investigación. Al principio lo acompañó el fiscal, ahora ya no lo hace. Curi no sólo busca que Ramos Padilla abandone la investigación; también procura que hasta que eso pase, la causa quede virtualmente paralizada.

En los próximos días ocurrirá un hecho que puede marcar el futuro de la investigación. La Cámara Federal de Mar del Plata deberá resolver las apelaciones del abogado Moyano para que Bogoliuk y Degastaldi sean excarcelados. Todo indica que Ramos Padilla procesará a ambos por la “asociación ilícita”. No está claro si como simples miembros o como organizadores. Pero no les tiene reservados a ellos el rol de “jefes”.

El tironeo por la competencia (es decir, qué juez se quedará con la causa) empezará a definirse entonces en Mar del Plata. Allegados a las defensas suponen que si los camaristas conceden las excarcelaciones de Bogoliuk y Degastaldi será una señal de que la causa finalmente aterrizará en Comodoro Py. En cambio, si los dejaran presos, Ramos Padilla tendrá un margen de maniobra creciente pues se quedará, al menos por un tiempo más, con el expediente.

No es un detalle menor. Si la investigación viniera a Buenos Aires, lo más probable es que D’alessio sea cortado en rebanadas y freído en aceite muy caliente (metafóricamente hablando, claro está) y termine siendo el único responsable de todos los delitos, incluso de los asesinatos de John Fitzgerald Kennedy y Martin Luther King, mientras todos los demás habrán sido sus inocentes víctimas.

En Dolores la cosa sería distinta.

Sin embargo, o acaso por esa razón, a Ramos Padilla le crecen los obstáculos como plagas.  Sus pedidos para incorporar a testigos que sienten temor por lo que están contacto a los programas de protección no tuvieron éxito y el viernes debió tomar una ampliación de indagatoria mediante videoconferencia desde el penal de Marcos Paz porque el Servicio Penitenciario Federal no tenía medios disponibles para trasladar a dos detenidos hasta su juzgado.

Hay un testigo de identidad reservada, un amigo del ex directivo de la petrolera venezolana PDVSA Gonzalo Brusa Dovat, que contó cómo le tendieron una suerte de emboscada para obtener su relato como arrepentido. Concurrió a una reunión suponiendo que iba a aportar datos informalmente para un informe periodístico y se encontró con D’Alessio y un carpetazo. Sorprendido, asustado y sin asistencia ni asesoramiento legal, dos horas más tarde estaba hablando sobre supuestas irregularidades ante la cámara grabadora del teléfono del periodista Daniel Santoro. La mejor “protección” que pudo conseguir fue que su nombre apareciera tachado con marcador negro en el acta de la declaración.

Desde los tribunales de Retiro, el juez federal Luis Rodríguez terció en la discusión sobre quién se quedará con la causa. Procesó a D’Alessio por tentativa de extorsión contra el empresario Gabriel Traficante, quien fue involucrado en la causa denominada “la mafia de los contenedores”. Ese expediente es de 2016, casi tres años antes de que estallara la denuncia del productor agropecuario Pedro Etchebest. Eso significa que, por ser el primero en intervenir, podría atraer para sí la causa que hoy tramita en Dolores.

El procesamiento dictado por Rodríguez, además de mostrar que la conducta que se le reprocha a D’Alessio no es nueva, puso también la lupa sobre el periodista Daniel Santoro. El juez destacó la necesidad de investigar si una serie de artículos que publicó sobre la “mafia de los contenedores” fueron el resultado de información en algunos casos errónea o de su participación en la maniobra extorsiva que se le reprocha a D’Alessio.

El juez detectó que los días 31 de octubre y 25 de noviembre de 2016 prestaron declaración indagatoria en la causa de los contenedores dos imputados “quienes efectivamente mencionaron al aquí querellante (Traficante), aunque de una manera puramente tangencial”. Sin embargo, cuatro días después Clarín publicó un artículo titulado “Aduana: investigan si un millonario es el jefe de la banda del cuñado de De Vido”, en alusión a Traficante. El juez destacó “el abismo que existe entre lo que surge de aquellas manifestaciones en el expediente y lo que afirma el periodista Daniel Santoro en su nota”. 

Según el juez, “D´Alessio parecería conocer a distintas personas vinculadas con el periodismo, o al menos eso surgiría del registro de visitas a su propiedad. No obstante, a diferencia de Daniel Santoro y por ello cabe su mención, ninguna de ellas se encontraría implicada directamente con el objeto procesal de esta pesquisa”. En ese sentido, anunció: “restará avanzar sobre qué tipo de participación ha tenido aquel profesional de la comunicación (Santoro) en todo esto, es decir, si ha sido fruto de un engaño o posible colaborador en la maniobra que aquí se cuestiona”.

La desagradable situación por la que pasaron el conductor de TV Alejandro Fantino y la periodista Romina Manguel cuando la semana que pasó fueron a declarar como testigos a Dolores todavía deja un mal sabor de boca. Hubo disculpas y explicaciones. Pero cuando el juez Ramos Padilla les mostró la información que sobre ellos poseía D’Alessio y cómo la había obtenido, ambos sintieron en carne propia la etimología del sustantivo “traición”. «

Presentan proyecto para convocar al embajador de Estados Unidos

Un grupo de parlamentarios de la oposición, encabezados por el diputado del FpV Pedro Carmona, presentarán mañana un proyecto de resolución para invitar al embajador de Estados Unidos al Congreso Nacional. El objetivo es abordar la supuesta vinculación del falso abogado Marcelo D’Alessio con organismo de seguridad dependientes del gobierno de Estados Unidos.

El texto del proyecto dice que «la Cámara de Diputados de la Nación resuelve invitar al señor Embajador de los Estados Unidos de América ante la República Argentina, Sr. Embajador Edward Prado,  a concurrir a una reunión con los/las diputados/as integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la  Cámara de Diputados de la Nación para  abordar distintos  aspectos relacionados con la supuesta vinculación del Sr. Marcelo Sebastián D’Alessio con organismos oficiales dependientes del gobierno de los Estados Unidos de América, que habría sido invocada en reiteradas circunstancias por tal persona, y que son objeto de investigación judicial en la causa N° FMP 88/2019, caratulada «D’Alessio, Marcelo Sebastián s/ asociación ilícita y otro», que se tramita ante el Juzgado Federal de Dolores, provincia de Buenos Aires.

«Solicitar a la Cancillería que realice con carácter urgente las diligencias que sean necesarias a los efectos de que sea cursada la formal invitación al Sr. Embajador Prado».

Entre los firmantes de la iniciativa, además de Carmona, figuran varios diputados del FpV. Están: Pablo Carro; Rodolfo Tahilade; Roberto Salvarezza; Nilda Garré; José Luis Gioja; Verónica Macha. También  figuran Gabriel Romero, de Alternativa Federal, y el senador Fernando Solanas, de Proyecto Sur.