Suben las cuotas de la salud privada, pero ni así las prepagas salen de su actual «quebranto»

Después de recibir autorización para un único incremento del 10% durante el año 2020, las prepagas iniciaron un período «de recomposición» -tal como entienden desde el sector- del valor de sus servicios que ha implicado una serie de aumentos en las cuotas de los usuarios, cuyo inicio se puede ubicar en marzo de 2021. Hasta el momento, los últimos anunciados son tres y se darán de manera consecutiva: 8% en mayo, 10% en junio y 4% en julio.

La seguidilla de incrementos golpeó los bolsillos de los asociados. Desde el sistema de salud privado detectan con preocupación cambios o bajas en los planes contratados por afiliados directos: «Hay un percentil de la clase media que lucha por permanecer, entonces baja de plan, cambia de cobertura y en última instancia, se desafilian». Fuentes del sector con conocimiento del tema admitieron a Tiempo que esta actitud puede convertirse en tendencia en el corto plazo: «El afiliado individual que paga el 100% de la cuota de su bolsillo está pasando a ser una especie en extinción».

Precios e inflación

Aunque «la medicina es el último gasto que se toca», según la opinión de quienes siguen el humor social ante la inflación, representantes del sistema privado entienden que especialmente los cuentapropistas, autónomos y monotributistas, al intentar bajar sus costos, modifican su presupuesto en salud y bajan en el nivel de cobertura o se desafilian.

Los datos brindados a Tiempo indican que 33 millones de personas se atienden en el sistema de salud no estatal en su totalidad (sanatorios, clínicas, institutos de diagnóstico, prepagas, hospitales de comunidad, etc.). De esa cifra, solo 6 millones pertenecen al universo de las prepagas, y el desglose muestra que 4,5 millones son afiliados con aportes corporativos y 1,5 millones afiliados individuales.

Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, ya detectaba este problema desde tiempo atrás, pero indica que muchas veces el final es la desafiliación y derivación al sistema estatal: «Cada vez que se produce un aumento de prepagas, se ve una migración de usuarios individuales al sistema público de salud. Pero esto, a la vez, tiene una limitación. Los usuarios del sistema de salud son usuarios cautivos porque una enfermedad crónica, una discapacidad o un medicamento que se debe tomar con continuidad son limitaciones a la posibilidad de irse».

Una fuente representante de una conocida empresa de medicina prepaga argumentó que el avance de la tecnología y de los fármacos especiales para tratamientos de enfermedades repercute en los costos a nivel mundial, tanto que «la inflación de salud en todo el mundo oscila en el 7% anual» y que durante años, en Argentina «los aumentos fueron detrás de la inflación».

Para Maximiliano Nitto, jefe del área de Salud en la Defensoría del Pueblo, eso se verifica en los últimos años. Según su análisis, el aumento de las prepagas en 2020 fue del 10% cuando la inflación fue del 36%, el incremento en 2019 fue del 50% cuando el aumento de precios fue del 53,55% y en 2018 las prepagas aumentaron un 35,5% cuando la inflación fue del 47,7 por ciento. «Es una necesidad que las empresas aumenten sus servicios porque los costos en salud son en dólares y la brecha cambiaria impacta al pronunciarse más. Se viene arrastrando un desfasaje importante en cuanto a lo que venían solicitando, aunque la contracara está en el impacto en el bolsillo del consumidor», detalló Nitto.

Para este año, estiman desde el sector que entre el aumento salarial, paritarias mediante, y los aumentos otorgados durante 2022, «va a haber un gap del 34%». En 2021 fue del 40 por ciento. Según representantes del sistema de salud privado, los balances están en rojo: el déficit mensual registrado va de los 15 mil millones hasta los 20 mil millones de pesos. «Las obligaciones de cobertura adicionales que se fueron incorporando, como el cinturón gástrico, elección de cambio de sexo o tratamiento de equinoterapia, los aumentos de los costos dolarizados y la evolución de las paritarias no son compatibles con los incrementos autorizados. El sistema privado está en quebranto. Planteamos segmentar los aumentos, pero no hubo avances en ninguna gestión», advierten a Tiempo y reclaman que «el Estado sea copartícipe del financiamiento de algunas situaciones particulares».

Derechos escamoteados

Por otro lado, Nitto, si bien reconoce la necesidad de los incrementos, también denuncia que las empresas de medicina prepaga «generalmente adoptan una conducta contraria al marco normativo que regula su actividad, o hacen interpretaciones parciales de sus obligaciones o de los derechos de sus usuarios».

A la Defensoría llegan «muchas denuncias» por el aumento de las cuotas en razón de la edad del usuario cuando ya forma parte del sistema y no antes de ingresar, o bien el cobro de preexistencia a un trabajador recientemente salido del plan corporativo por jubilación, cuando el marco normativo le permite no perder su antigüedad. «Las prepagas no le notifican información al usuario y durante años paga una cuota que no debería ser. A eso se le suman los aumentos autorizados y los montos terminan siendo siderales», advirtió el profesional.

Por lo pronto, para equiparar el aumento del costo de vida con el incremento de las cuotas desde diciembre 2019 hasta diciembre 2022, considerando que la inflación a fines de este año será de un 67%, «la cuota debería incrementarse alrededor de un 60% más sobre los aumentos ya proyectados», asegura un informe del sector.

Se trata de una cifra que a la luz de los ingresos actuales derivaría en un incremento de las desafiliaciones. «