Suman a la causa de la maestra de Moreno el listado de proveedores de alimentos escolares

En dos meses en Moreno explotó una escuela y murieron dos personas, secuestraron y torturaron a una maestra, hubo una seguidilla de amenazas e incendiaron otro establecimiento educativo. Desde el secuestro de la docente del Centro de Educación Complementaria (CEC) N°801 Corina de Bonis, el 12 de septiembre pasado, la tarea del fiscal Emiliano Busaglia está centrada en dar con los autores materiales. Entiende que al atraparlos conocerá qué intereses hay detrás de ese ataque. Una hipótesis apunta a los comedores escolares. Esta semana, el gobierno de la Provincia le envió un listado con los proveedores en Moreno. Se trata de: Blue Catering, O.A.G y Komaku Catering, dijeron fuentes con acceso a la causa. 

El mensaje «ollas no» inscripto a punzón en el cuerpo de Corina orientó las miradas al Sistema Alimentario Escolar (SAE), que depende del Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Santiago López Medrano y brinda asistencia a través del Consejo Escolar, intervenido por el gobierno de María Eugenia Vidal. Se instaló una sospecha: la existencia de un sistema de retornos en los contratos con los proveedores del servicio.

Sobrepasada por el conflicto y bajo la presión del Comité de Crisis, Vidal prometió reponer el SAE con viandas. Pero eso no termina de arrancar. «El sistema alimentario escolar no está resuelto», advirtieron desde Suteba Moreno. Y remarcan que el envío de las viandas es irregular, que no abarca a todas las escuelas, y que los alimentos secos no se pueden cocinar, porque desde la explosión del 2 de agosto, no hay gas en ningún establecimiento del distrito. Otro problema son los cupos de comedor: el Consejo Escolar sigue manejándose con cupos de 2016. Hoy los chicos que concurren son muchos más.    

Escuela en llamas

La UFI5 de Buscaglia trabaja con las amenazas junto con la UFI1 de delitos complejos. Tras el secuestro y torturas a Corina vienen sumando episodios. El incendio en la Escuela Secundaria N°36 –por el que el gobierno provincial, en tiempo récord, detuvo a un joven que se autoinculpó apenas lo atrapó la Bonaerese– ingresó en ese gran saco.

Las llamas de la madrugada del jueves no sólo destruyeron un salón y la preceptoría de la Secundaria N°36 de Paso del Rey. También dañaron la organización colectiva. «Esa escuela surgió por el esfuerzo de las familias de esa comunidad educativa», subrayó el viernes la secretaria general de Suteba Moreno, Mariana Cattanero.

«Las aulas que se quemaron las construyeron con su esfuerzo y su dinero las familias, cuando necesitaron sumar una secundaria a la primaria. Tenían una radio comunitaria, es una comunidad muy comprometida la de esa escuela», contó la docente.

Las amenazas son la respuesta a la organización de docentes, padres y organizaciones de la sociedad de Moreno que comenzó luego de la explosión de la escuela N°49 y la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez. El acampe frente al Consejo se levantó con la implementación del Comité de Crisis, donde allí los funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación no sólo deben escuchar a los docentes, sino principalmente a los padres de los alumnos.

«Lo que pasa en Moreno va a contrapelo de la política (educativa) que quiere hacer el gobierno», dice Cattaneo. Es que a Vidal no le quedó otra opción que comenzar las obras de gas, luz e infraestructura. «La intención es que el Comité realice el control de obra. Están representadas las familias en siete sectores. Ya no es simplemente un planteo docente, es más amplio», redondeó.

Para padres y docentes el tema central es la infraestructura escolar, las obras. Y los informes de los inspectores de infraestructura les resultan insuficientes, por eso los dictámenes que los funcionarios provinciales se llevan de los encuentros del comité de crisis tienen los 12 puntos de habitabilidad escolar que Ctera fijó en la paritaria de 2011. Entre otras cosas, ese Programa Nacional de Seguridad y Riesgo en la Escuela exige agua corriente, instalaciones eléctricas legalizadas y con planos, comprobación preventiva periódica, instalación de gas legal, aprobada y con control; construcción edilicia segura e instalaciones sanitarias acordes, planes de emergencia, y ventilación. La Provincia demoró 50 días en mostrar a los maestros y padres de Moreno las bases de datos de las escuelas del distrito.

Tras el auto rojo

«El auto sigue sin aparecer», dijo una fuente con acceso al expediente. Es que esta semana Corina de Bonis fue a la UFIN°5 donde le exhibieron fotos de diferentes autos rojos que fueron captados por las cámaras de seguridad de Moreno. La maestra declaró que el vehículo en el que la secuestraron y torturaron era de ese color. Pero no logró señalarlo en ninguna de las imágenes. 

El mismo día, Buscaglia aceptó el pedido para solicitar a las empresas operadoras de telefonía celular la geolocalización de los teléfonos que se activaron en la zona del secuestro de De Bonis. El pedido fue para que se utilice el sistema propuesto por Ariel Garbarz, director del laboratorio de Seguridad de la Comunicaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que se usó para localizar el teléfono de Santiago Maldonado mientras estaba desaparecido. «