El miércoles se trata el Súper RIGI en Diputados; el jueves, la “inviolabilidad de la propiedad privada” en el Senado. Junto con la reforma de la Ley de Sociedades y la ya aprobada reforma de Glaciares, forman parte de un paquete legislativo que busca imponer un cambio de régimen. Estamos ante el viraje del neoliberalismo monetarista fracasado a una tentativa tecnofascista que Peter Thiel vino a imponer en la Argentina.
La Ley Bases fue un único mamotreto a través del cual suspendieron la Constitución Nacional otorgándole poderes extraordinarios a Milei para que pudiera llevar adelante su plan de genocidio económico y social. Ahora, para que este nuevo intento de cambio de régimen pase por debajo del radar, lo presentan por separado a través de distintos proyectos de ley, durante el Mundial. Pretenden que el pueblo argentino no advierta la gravedad de la situación. Y es necesario señalar que este paquete legislativo es mucho peor que la Ley Bases.
El Súper RIGI es el régimen hecho a medida de los monopolios tecnológicos —inteligencia artificial, data centers, semiconductores, uranio, litio—: ofrece a proyectos de más de 1.000 millones de dólares una estabilidad fiscal, aduanera, cambiaria y de seguridad social blindada por treinta años, una alícuota del 15% en Ganancias, cero retenciones y libre disponibilidad de divisas. Y, sobre todo, dos cláusulas decisivas: toda norma provincial que ose limitar el régimen será considerada “nula de nulidad absoluta”, y los litigios se sustraen a la justicia argentina para tramitarse en arbitraje internacional. Pretenden proteger a los monopolios frente a cualquier regulación futura y los colocan, ante un conflicto, lejos de los juzgados argentinos. Que la cercanía de Thiel y Palantir alimente las sospechas de un régimen pensado a medida de sus propios intereses no es paranoia opositora: es el propio Luis Caputo quien presentó la norma apuntando a los mega data centers de IA.
La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada cumple otra función: liberar la tierra. Con un solo dictamen toca siete normas a la vez. Modifica la Ley de Expropiaciones para volver la declaración de utilidad pública de “interpretación restrictiva” y exigir que sea “idónea, necesaria y proporcional”, maniatando la capacidad del Estado de expropiar. Reforma el Código Procesal para que los desalojos tramiten por juicio sumarísimo: desalojos exprés. Y —lo central— le arranca el corazón a la Ley de Tierras Rurales 26.737: su artículo 29 deroga de un saque los artículos 8, 9 y 10, es decir, el tope del 15% a la propiedad extranjera, el límite de hectáreas por titular y la prohibición de que capitales extranjeros se apropien de tierras que contengan cuerpos de agua. Solo deja en pie una prohibición acotada a los Estados extranjeros: a los privados —los fondos y monopolios de Thiel y compañía— les abre la tranquera. Por si fuera poco, deroga el control sobre la venta de tierras en las zonas de seguridad de frontera. El Observatorio de Tierras de la UBA, integrado por investigadores del CONICET, ya lo calificó de “nuevo estatuto legal del coloniaje”, retomando la frase de Jauretche contra el Pacto Roca-Runciman.
A eso se suma lo ya consumado: en abril Milei promulgó la reforma de la Ley de Glaciares, que los protegía como reserva estratégica de agua, para habilitar la minería periglacial. Tierras, agua, bosques y minerales: todo puesto a disposición de los monopolios.
La cuarta pieza, la reforma de la Ley de Sociedades, es la que aporta la forma jurídica del modelo, y no por casualidad es la que más polémica desató en todo el mundo. El Gobierno mandó al Senado un proyecto que crea la “Sociedad Automatizada”: una empresa que opera con algoritmos o inteligencia artificial, sin trabajadores ni gerencia humana, pero con personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada. Su artículo 14 establece que responde “con su patrimonio” por los daños que causen sus sistemas, sin exigir ningún controlante humano detrás: borra al dueño que hoy responde. Suma las “DAO” —las “Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas”, gobernadas por código— y, en su artículo 141, la libertad de que el estatuto fije la jurisdicción y el derecho aplicable para resolver las disputas internas de la sociedad: en criollo, que un conflicto societario se rija por la ley de Delaware, Londres o Dubái y se dirima fuera de los tribunales argentinos, como propuso el propio Sturzenegger. Es la fabricación jurídica de la impunidad. ¿Si una de estas empresas estafa, contamina o vulnera los datos de millones, quién queda sujeto a un proceso penal? Nadie. Y ahí asoma el horizonte de todo el paquete: si lo que persiguen es reemplazar a la Humanidad por “post-Humanos”, el primer paso institucional es reemplazar a la persona humana por la persona-IA como sujeto de derechos.
Como se ve, no se las puede analizar por separado. Privilegios fiscales e impositivos y blindaje jurídico, entrega de recursos naturales, personería jurídica para la IA y los agentes autónomos: todo lo que los monopolios tecnológicos necesitan para poner en pie su proyecto tecnofascista en la Argentina.
¿Cambio de régimen desde dónde y hacia dónde? El plan económico de Milei, Caputo y Sturzenegger, anunciado con la retórica anarco-capitalista en la boca, fue en los hechos el viejo neoliberalismo monetarista —el de los Chicago Boys y el Consenso de Washington— al servicio del FMI, del Tesoro estadounidense, de los monopolios y de la estrategia militar del Comando Sur, con el mismo personal de Mauricio Macri. Y ese intento fracasó. Lo dijimos cuando se anunció el salvataje de Trump y lo ratificamos tras las legislativas de octubre: el Tesoro argentino tenía poder de fuego para apenas dos días de intervención, y estuvimos a 48 horas de un colapso financiero que sólo evitó el respirador artificial estadounidense, cuando Scott Bessent salió a comprar pesos. De esa forma, le dieron una sobrevida al desgobierno de Milei.
El fracaso neoliberal no se reduce a la Argentina. Es la expresión local de un fenómeno mundial: el neoliberalismo está muerto a escala planetaria. Lo mató la bancarrota capitalista abierta en 2008. Por eso decimos que no hay un “cuarto experimento neoliberal” argentino: no se puede inaugurar un neoliberalismo nacional cuando el neoliberalismo agoniza en todo el mundo. No existe el “neoliberalismo en un solo país”. Lo que hay es un desgobierno fallido, sostenido con respirador artificial, que para no terminar de implosionar definitivamente busca dar un salto adelante.
Y acá está la clave. En la Escuela Austríaca conviven, desde hace casi un siglo, dos linajes: el neoliberalismo utópico de los anarco-capitalistas —que sueñan con abolir el Estado conservando el capital, una pretensión tan inaplicable como querer el fuego sin combustión— y el neoliberalismo autoritario de los banqueros, el que efectivamente se aplicó. Milei llegó con la retórica del primero e intentó gobernar con el programa del segundo. Pero, agotado ese intento, la crisis empuja una tercera variante, mucho más bárbara: el tecnofascismo. Eso es lo que se está procesando, y de eso forman parte las sesiones legislativas de esta semana. Milei le abre la puerta a Peter Thiel porque el anarco-capitalismo le abre la puerta al tecnofascismo.
Que repudiamos moralmente al tecnofascismo va de suyo. Pero la denuncia moral no alcanza: si “tecnofascismo” pasa por el debate público como una descalificación moral más, nadie se detiene a discutir la gravedad real del asunto. Por eso hay que avanzar hacia una crítica filosófica y, sobre todo, política. Estamos ante una corriente política real, con genealogía, programa y consecuencias, que busca imponerse en la práctica. Y el riesgo es acá y ahora. Se enfrenta ya.
Llamamos tecnofascismo al proyecto de fusionar los monopolios tecnológicos con la máquina de guerra de los Estados imperialistas. Lo formuló el bloguero Curtis Yarvin y lo sistematizó el filósofo Nick Land en La Ilustración Oscura (2012); el propio Land reconoce que la formación inicial de Yarvin “es austro-libertaria”. Su programa abandona la quimera anarcocapitalista de abolir el Estado conservando el capital, y propone rediseñarlo como una corporación oligárquica gobernada por una junta directiva tecno-financiera, sin democracia ni voto popular. Ya en 2009, en un ensayo del Cato Institute, Thiel escribió que ya no creía que la libertad y la democracia fueran compatibles. Claro: la libertad de los monopolios es incompatible con la soberanía popular. Le llaman neocameralismo. Nosotros lo llamamos por su nombre: la dictadura de los monopolios sin mediación electoral.
Sus referentes —Thiel, J. D. Vance, Elon Musk, Marc Andreessen, Alexander Karp, CEO de Palantir— están copando hoy el aparato estatal de los Estados Unidos. Su hoja de ruta —la fórmula RAGE, “despedir a todos los empleados estatales”— se materializó en el DOGE de Musk y en el Proyecto 2025 de la Heritage Foundation. Y la fusión con el aparato militar ya empezó: el 13 de junio de 2025 el Ejército yanqui creó la Detachment 201, donde ejecutivos de Palantir, Meta y OpenAI fueron nombrados directamente tenientes coroneles.
Detrás de todo esto hay una cosmovisión, y corresponde nombrarla porque es la que está en disputa. Frente a la idea de que la Historia se mueve por la lucha de clases hacia la emancipación de toda la Humanidad, los tecnofascistas oponen una disputa entre civilizaciones —las “progresivas” contra las “retardatarias”— y, en su horizonte último, el sueño transhumanista y posthumanista de superar al ser humano, de reemplazar a la Humanidad por “post-Humanos”. Es la caracterización exacta de un proyecto que trata a la persona como materia a transformar en una nueva especie, o a descartar. Por eso decimos que, en el fondo, lo que se juega es la Humanidad contra los antiHumanos.
En los Estados Unidos avanzan en el copamiento del Estado, pero chocan con resistencias y con límites: los impuestos, distintas regulaciones a la inteligencia artificial, disputas con el complejo militar-industrial tradicional. Por eso la estrategia es la del exit, la salida: huir hacia un territorio donde no haya reglas. Y la Argentina no se está transformando solamente en un refugio fiscal. Es un territorio estratégico de primer orden —proyección sobre la Antártida y el Atlántico Sur, comercio bioceánico, reservas de litio, uranio, agua dulce y tierras—. Y tienen a un títere a la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional dispuesto a intentar entregarles todo lo que piden. Así pretenden hacer de la Argentina el laboratorio más avanzado de su proyecto. Y por esos motivos Thiel se muda y se instala con su familia en nuestro país.
Que esto no es una especulación nuestra lo prueban los hechos y su sincronía. Thiel se reunió con Caputo, con el viceministro José Luis Daza y con el presidente del Banco Central Santiago Bausili en el Palacio de Hacienda; el Súper RIGI y la reforma de Sociedades llegaron después. Y la conexión no la inventamos: la hace el propio oficialismo. El megacentro de OpenAI y Sur Energy en la Patagonia —hasta 25.000 millones de dólares y 500 megavatios— lo monta el empresario Emiliano Kargieman, autor del marco conceptual que inspiró las “sociedades automatizadas”. Y hay un detalle que delata la intención: el paper de Kargieman incluía salvaguardas concretas —un directorio de mayoría humana, seguro de responsabilidad civil obligatorio y mecanismos de desconexión—; el proyecto del Ejecutivo las borró todas. Y no es un caso aislado: al data center de OpenAI se sumó esta misma semana Tesla, la empresa de Musk, que firmó una carta de intención con YPF y un data center en Neuquén que “podría entrar al Súper RIGI”. El Súper RIGI ofrece el régimen fiscal y cambiario (Caputo lo presentó apuntando a los data centers de IA); la reforma de Sociedades aporta la forma jurídica —responsabilidad diluida, baja imposición, jurisdicción a medida.
A todo esto hay que agregar que estos centros de datos son máquinas hambrientas de recursos naturales. El de OpenAI, con sus 500 megavatios, consumiría tanta electricidad como una ciudad entera, más del triple de la demanda actual de toda la región patagónica; el de Tesla quemaría gas de Vaca Muerta. Y, sobre todo, beben agua: volúmenes enormes para refrigerar los servidores, en una Patagonia que ya es zona de estrés hídrico. Las empresas prometen “sustentabilidad”, pero los especialistas advierten que ningún centro de esta escala se refrigera sin tocar el agua dulce y que estos colosos compiten por el agua y la energía con las necesidades de la población. Traducido: bajo el Súper RIGI, con impuestos casi nulos y estabilidad garantizada por treinta años, se llevan nuestra agua, nuestro gas y nuestra energía.
Que esta gente se mueve como una secta lo destapó, por descuido, una filtración de la revista Wired: Dialog, la sociedad secreta que Thiel cofundó en 2006. Entre los 222 inscriptos a su retiro figuran el secretario del Tesoro Bessent, el comandante supremo de la OTAN en Europa Alexus Grynkewich, y Elon Musk. Los títulos de sus paneles denotan las características de este grupo: “Navegando la Tercera Guerra Mundial”, “Regreso a la energía nuclear”, “Tecnologías de combate”, “¿Cómo va tu vida sexual?”. Los que deliberan en secreto cómo “navegar” la guerra mundial son los mismos que se estarían construyendo búnkeres antinucleares en el Cono Sur. Y la trama llega hasta acá: entre los 222 figuran dos argentinos, Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, y Wenceslao Casares.
Y la pata que falta es la de los datos. En mayo, el Ministerio de Capital Humano lanzó el Gemelo Digital Social, un sistema de IA que cruza datos de ANSES, salud, educación, trabajo y migraciones. “Gemelo Digital” es, casualmente, uno de los productos que vende Palantir, firma sujeta al CLOUD Act, que la obliga a entregar los datos a los Estados Unidos. Especialistas advirtieron que funciona como un sistema de puntuación social (social scoring). Y acá se cierra el círculo: por la billetera de Galperín ya cobran sus planes sociales más de un millón de personas. Ahora el Estado se dispone a unificar en una sola base, con el “Gemelo Digital”, los datos de toda la población. Una máquina que perfila a millones no sirve solo para vigilar: sirve para manipular. No es un fantasma: el Parlamento británico confirmó que Cambridge Analytica operó en una campaña ‘anti-Kirchner’ en la Argentina en 2015, que ex empleados vincularon a la campaña de Macri. Y todo esto apunta a un objetivo de fondo: los factores de poder que utilizan a Milei para hacer de la Argentina su laboratorio tecnofascista apuestan a su reelección en 2027 para consumar el experimento.
La pregunta que hay que hacernos como pueblo y como país, entonces, es brutal en su sencillez: ¿vamos a permitir que el tecnofascismo haga lo que quiera con nosotros y nos use como punta de lanza de lo que pretende imponer después en el resto del mundo —con ensayos ya en curso, como las “ciudades libres” tipo Próspera en Honduras—, o lo frenamos acá y ahora?
La denuncia contra esta corriente tecnofascista no es patrimonio político exclusivo de quienes militamos en el Partido Piquetero. Hay que dejar en claro que la advertencia sobre el riesgo anti-humano recorre todo el arco político, institucional, intelectual y religioso del planeta. California aprobó una ley que prohíbe alegar como defensa que “la IA causó el daño de forma autónoma”, la antítesis exacta del proyecto de Milei. El historiador liberal Yuval Noah Harari le respondió que darle personalidad jurídica a la IA equivale a entregarle una llave maestra sobre nuestros sistemas financieros y políticos. El papa León XIV dedicó su primera encíclica, Magnifica Humanitas, a advertir que el poder tecnológico tiene hoy un rostro “predominantemente privado”, en manos más poderosas que muchos Estados, y a desmontar el posthumanismo: cuando se concibe a la persona como una etapa a superar —materia para dar paso a una especie posterior a lo humano—, advierte, se vuelve fácil aceptar que algunos sean “menos dignos” y justificar “sacrificios necesarios” a costa de los más vulnerables. Elisa Carrió publicó una carta denunciando que el país es “el lugar elegido para un experimento social” y que esto conduce al “totalitarismo privado de una corporación: la de Peter Thiel”.
A escala internacional, una coalición inédita firmó la Declaración Pro-Humana del Future of Life Institute: el estratega trumpista Steve Bannon y el comentarista de derecha Glenn Beck junto a Susan Rice, ex asesora de seguridad nacional de Obama; el economista Daron Acemoğlu, premio Nobel de Economía 2024, y Yoshua Bengio, uno de los padres de la inteligencia artificial, junto al empresario Richard Branson y al dos veces candidato presidencial del Partido Verde en EEUU Ralph Nader; organizaciones de trabajadores —el AFL-CIO Tech Institute, brazo tecnológico de la mayor central sindical de Estados Unidos; el sindicato docente AFT; el sindicato de actores SAG-AFTRA— junto a iglesias evangélicas y a los Demócratas Progresistas. La declaración plantea dos ejes fundamentales: ninguna personalidad jurídica para la IA, ningún escudo de impunidad para quienes la usan.
Por eso la hora reclama un frente único en defensa de la Humanidad a escala mundial. Y en la Argentina, hoy, ese frente debe tener una expresión local específica: el frente anti-Milei. Rechazar el paquete de leyes que describimos en este artículo es parte de una lucha política de conjunto, que se da la mano con el juicio político a Milei y la construcción, desde ahora mismo, de un frente político-electoral para ganarles las elecciones. Hay que evitar que la tentativa tecnofascista se despliegue. Hay que impedir que tengan el control del Poder Ejecutivo Nacional durante cuatro años más.
Aunque el oficialismo consiga las mayorías circunstanciales para aprobar el paquete, el Poder Judicial, en defensa de la Constitución, puede rechazarlo —como ocurrió, por un tiempo, con las propias reformas antilaborales de este gobierno—. Sobre todas las cosas, y por encima de todo, hay un principio que ninguna ley puede impugnar: ninguna mayoría legislativa circunstancial está por encima de los derechos humanos ni de la Humanidad misma.
Ellos quieren convertir a la Argentina en el primer gran capítulo del Infierno sobre la tierra. Y hay que tomarles la palabra: Nick Land, el ideólogo que sistematizó la “Ilustración Oscura” que inspira a Thiel, escribe que su corriente es “una criatura del crepúsculo tardío que se prepara para una noche eternamente prolongada, puesto que todo lo realmente valioso se ha forjado en el Infierno”. No lo decimos nosotros: lo firman ellos. Frente a eso, hay una verdad que no debe ser olvidada: el mal, para triunfar, solo necesita que quienes intentamos hacer el bien no nos unamos para enfrentarlo. La defensa de la Humanidad nos exige hacer todos los esfuerzos necesarios para derrotar esta tentativa tecnofascista en la Argentina.
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