Suspenden y envían a juicio al fiscal general de Morón por complicidad con crímenes de la dictadura

El Fiscal General del Departamento Judicial Morón, Federico Nieva Woodgate fue suspendido en sus funciones este martes por el Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, por lo que ahora deberá enfrentar el juicio oral y píblico que definirá su remoción. En el Jury lo encontraron responsable de facilitar “el lugar de las detenciones ilegales de ciudadanos en la Provincia, por impericia, negligencia, inacción o incumplimiento de los deberes”. El funcionario llegó a esta situación luego de ser acusado por permitir y no investigar el fusilamiento de Ángel Giorgiadis, un preso político de la dictadura cívico militar.

Nievas Woodgate es una cara conocida en los medios de comunicación: fue el fiscal del caso Candela, la nena asesinada a mediados de 2011 que disparó una investigación sobre el accionar de la Policía y las instituciones Bonaerenses. Pero su suspensión tiene otro origen: la denuncia de María Teresa Piñero de Georgiadis, viuda de Ángel Georgiadis, quien a en enero de 1977 cuando estaba detenido en la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata como preso político fue trasladado al Regimiento de Infantería N° 7 donde torturado hasta su muerte.

Este martes el Jurado de Enjuiciamiento concluyó que “Nieva Woodgate facilitó el lugar de las detenciones ilegales a ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires en comisarías de su jurisdicción durante los años de represión, por impericia, negligencia, inacción o incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo”, detalló el comunicado de la Secretaría de Enjuiciamiento.

Con la suspensión, el Poder Ejecutivo ya no podrá aceptarle la renuncia, por lo que Nieva Woodgate deberá enfrentar el Juicio Oral y Público que decidirá su continuidad o remoción en el cargo.

El jurado de Enjuiciamiento estuvo presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, Eduardo Néstor De Lázzari, estuvo integrado por los conjueces Hernán Ariel Colli, Gabriel Fabián De Pascale, Juan José Cozzi, Jorge O. Morresi y los legisladores Lucía Portos, Santiago Eduardo Revora, Mario Pablo Giacobbe y Walter Héctor Carusso.

El camino de la suspensión de Nievas Woodgate comenzó en La Plata luego de la sentencia del Tribunal Oral Federal nº 1 en la causa “Unidad 9” en octubre de 2010, en el que, entre otros se investigó el homicidio de Giorgiadis. Luego de ese debate, Adolfo Pérez Esquivel, en representación del Servicio Paz y Justicia, denunció al fiscal de Morón ante el Consejo de la Magistratura para que se investigara su accionar durante la dictadura: fue acusado de autorizar, cuando era juez de Lomas de Zamora en 1977, el traslado de Ángel Georgiadis al Regimiento de Infantería 7 de La Plata, de donde nunca volvió del Regimiento y por lo que su familia solo recibió un telegrama donde se le comunicaba que se había suicidado. Nieva Woodgate aceptó la versión del suicidio sin adoptar ninguna medida de prueba pese a que el hecho ocurrió en circunstancias al menos poco claras.

Al año siguiente de esa denuncia, María Teresa Piñero, la viuda de Georgiadis, también denunció el hecho y solicitó el jury a Nieva Woodgate por encubrir un crimen de lesa humanidad.

Georgiadis militaba en la columna Sur de Montoneros cuando a mediados de 1975 fue detenido cuando se metió en contramano con un Citröen en una cuadra en la que había una comisaría, y cuando lo revisaron, los policías encontraron volantes de su organización. Pasó un tiempo en Devoto y a fin de año lo trasladaron a La Plata.

Luego del golpe, en la Unidad 9 la dictadura convirtió el penal en un centro clandestino de detención y separó a los detenidos en pabellones de recuperables e irrecuperables, en el que ubicaron a los militantes de Montoneros y el ERP. Allí fue Giorgiadis. Pero en enero de 1977 fue trasladado con el aval de Nievas Woodgate.

Cinco días después Teresa Piñeiro recibió un telegrama que decía: “Informo que el día 1/2/77 habiendo sido retirado su esposo Ángel Alberto Georgiadis (sic) Otero en la Unidad 9 por personal militar para ser interrogado en jurisdicción militar dependiente del área operacional 113 se infirió lesiones por auto agresión las que le ocasionaron su deceso”. El cuerpo nunca apareció.

En su sentencia de 2010 del TOF1 de La Plata, los jueces Carlos Rozansky, Mario Portela y Roberto Falcone concluyeron que la muerte de Giorgiadis fue un homicidio del que responsabilizó al jefe de la Unidad 9, Abel Dupuy, y a un grupo de penitenciarios, y que se inscribía una sucesión de asesinatos de presos políticos detenidos allí. Pero también incluyeron un apartado que llamaron “Las omisiones del Poder Judicial”, donde ordenan que se investigue a un grupo de magistrados por su actuación en el terrorismo de Estado.

El lugar del homicidio de Giorgiadis fue confirmado más tarde en octubre de 2016, cuando el mismo tribunal pero con otra composición, condenó a prisión perpetua al Coronel del Ejército retirado, Carlos Lucio Ramírez, por el secuestro, las torturas y los homicidios de Georgiadis y Horacio Rapaport, ambos cometidos en el Regimiento 7 de La Plata.