La canasta de servicios públicos se disparó casi un 600% desde la asunción del actual mandatario, mientras que los ingresos formales crecieron a un ritmo muy inferior. Pese al fuerte golpe en los bolsillos de las familias, las autoridades oficiales insisten en remarcar que todavía subsidian un tercio de los costos del sector.
Mientras los usuarios de mayores ingresos afrontaron boletas de electricidad cercanas a los 50 mil pesos y facturas de gas por 28 mil, el peso de los servicios públicos sigue recayendo con crudeza en los sectores de menores recursos. Los datos, relevados por el Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (UBA-CONICET), muestran que el aumento de las tarifas explica casi por completo el encarecimiento de la canasta básica de servicios, que hoy representa más del 12% de un salario promedio registrado, estimado en 1,7 millones de pesos.
El informe oficial revela que el Estado nacional todavía financia el 35% del costo de los servicios en la región, un porcentaje que se mantiene estable desde el salto de 13 puntos que se produjo entre enero y febrero por la readecuación del esquema de asistencia. Desde fines de 2023, la facturación acumulada de estos servicios aumentó un 591%, una suba que casi triplica la variación general de los precios en el mismo período.
Los analistas advierten que, pese a que las autoridades remarcan la continuidad del financiamiento estatal sobre una parte de los costos, el desacople entre la evolución de los ingresos y la escalada tarifaria profundiza las dificultades en los estratos medios y bajos. Con el transporte como el rubro de mayor incidencia, el escenario refleja las consecuencias sociales de una política que trasladó rápidamente a los usuarios el peso del ajuste en el sector público.
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