Tarifazo del subte: «El fallo convalida un aumento irregular»

El equipo fiscal de la Cámara de Apelaciones, integrado por los doctores Juan Antonio Gauna, Esteban Centanaro y Hugo Zuleta (falló en disidencia con los anteriores), dio lugar al recurso de apelación presentado por el Gobierno de la Ciudad y por Subterráneos de Buenos Aires (SBASA), al tiempo que revocó la sentencia dictada el 26 de julio por la juez de feria que intervino en la instancia de grado, Elena Liberatori. Esto significa que el Gobierno tiene vía libre para imponer el aumento del 66% en la tarifa del subte, que eleva el costo para el usuario a 7.50 pesos, en lugar del vigente de $4.50.

Las empresas SBASA y Metrovías no tardaron en reaccionar y comunicaron que a partir del 31 de octubre se implementará el valor de la tarifa a $7.50.

La cautelar aplicaba a presentaciones realizadas por Facundo Del Gaiso, auditor general de la Ciudad; por Marcelo Ramal, legislador porteño del FIT-PO; por el dirigente del MST-Nueva Izquierda, Alejandro Bodart; por Patricio del Corro, diputado porteño FIT-PTS; y por Claudio Dellecarbonara, metrodelegado.

Ramal explicó a Tiempo: «Es una decisión que convalida un aumento completamente irregular. Todo el cálculo a partir del cual se hizo el aumento estaba teñido de irregularidades. Metrovías, al tratar de justificar el aumento, imputó como propios gastos que hace el Estado, a través de SBASA. Por otra parte, toma valores de 2014 para establecer la cantidad de usuarios de subte, cuando la cantidad actual es mucho mayor. Pero lo más llamativo es que los gastos de mantenimiento que imputan incluyen transferencias entre empresas del grupo Roggio, al cual pertenece Metrovías; es decir, que el grupo se factura a sí mismo. Esto nos hace sospechar sobre desvíos de subsidios».

Ramal también criticó que «la orientación de la Justicia es legitimiar los tarifazos».  Finalmente, adelantó: «Vamos a apelar esta decisión y vamos a reclamar por la vía de la Legislatura la apertura libros y el detalle de la estructura de costos».

Por su parte, el legislador porteño José Cruz Campagnoli, de FPV-Nuevo Encuentro, expresó: «Cambiemos ya tiene el aval de la justicia para aplicar el tarifazo en el subte. Su próximo paso es llevar el boleto a 10 pesos para el año que viene, una decisión que ya hemos denunciado. Unos días atrás funcionarios del gobierno de la Ciudad dijeron en la Legislatura que el precio estaba «retrasado» y que para 2017 subirá al ritmo de la inflación, con lo cual la cuenta es sencilla». En ese sentido, agregó: «El plan de ajuste que impulsa esta gestión plantea una Ciudad sólo para quienes puedan pagarla. Con este aumento y el que tienen pensado para 2017, muchops porteños deberán dejar de usar el subte porque no podrán pagarlo».

De los fiscales actuantes, Gauna y Centanaro coincidieron en revocar la cautelar, mientras que Zuleta falló de manera muy distinta.

El fiscal Gauna, si bien reconoció algunas de las irregularidades denunciadas en la conformación de la tarifa, consideró que una medida cautelar es «injustificada», y que «los incumplimientos imputados no resultan patentes y el tema requiere de un examen sobre cuestiones técnicas bastante más profundo que el que autoriza el limitado ámbito cautelar para, eventualmente, definir si se presenta un caso de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en la fijación de las tarifas que habilite su control por parte del Poder Judicial mediante la vía del amparo elegida. En el caso no se controvierte la competencia de la autoridad de aplicación que dictó las resoluciones cuestionadas que modificaron las tarifas del servicio (…) Tampoco se alega concretamente una violación a las normas que rigen el procedimiento que debe preceder a la revisión y modificación tarifaria». Además, afirmó que «la solicitada actuación cautelar implicaría avanzar en una decisión con muy pocos elementos, sin realizar ninguna clase de valoración acerca de su eventual incidencia en el financiamiento del servicio del SUBTE cuya normal prestación posee indudable interés público».

En el mismo sentido se expresó Centanaro, quien agregó que no se puede asegurar que «las tarifas aprobadas por la resoluciones impugnadas sean prima facie manifiestamente ilegítimas, irrazonables o bien, ostenten irregularidades tales como las deducidas por los actores».

Por su parte, Zuleta fue el único que falló en disidencia y coincidió con la evaluació que había hecho la jueza Liberatori. Además, expuso que la utilización de la cautelar (cuestionada por Gauna y Centenaro) «en nada alteró la continuidad de la prestación del servicio de transporte subterráneo en las condiciones en que se venía llevando a cabo. En todo caso, tiene incidencia en la distribución de los costos operativos del servicio, pero no en su efectiva prestación».