El lobby empresarial pujó para que el Estado extendiera la asistencia a las grandes firmas. El beneficiado es el directivo de la constructora que echó 1.450 empleados en plena cuarentena, Carlos Eduardo Bacher. El Grupo Clarín también integra la lista de las empresas que recibieron ayuda. El gobierno lanzó medidas para desalentar a las grandes firmas a requerir fondos públicos para cubrir salarios.
Esa simple noticia de por sí llama al debate si se tiene en cuenta la envergadura de Techint, la empresa más grande del país y además la firma argentina de mayor proyección internacional.
Sin embargo este lunes se supo además que la compañía le pagó con esos fondos al CEO de su empresa Techint Construcciones, Carlos Eduardo Bacher, quien no solo es un alto directivo de esa mega empresa sino que también es el célebre ejecutor de los 1.450 despidos con los que el grupo empresario sorprendió a la opinión pública en los primeros días de la cuarentena.
La novedad que difundió el portal El Destape hizo estallar la polémica y las dudas sobre las empresas que pidieron el beneficio en el marco de la contingencia sanitaria y sobre el criterio que aplica la administración nacional para proceder con los giros de fondos públicos. La nota habla de otros diez altos directivos de la empresa beneficiados por cobros de la Anses.
El viernes pasado el mismo medio informó que además de Techint en la lista de empresas que reciben el beneficio figura el Grupo Clarín. Estas dos empresas integran la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que una semana antes lanzó un comunicado crítico de prolongación de la cuarentena por parte del gobierno de Alberto Fernández, así como de su estrategia para el pago de la deuda externa.
Este lunes el gobierno anunció limitaciones para que las grandes empresas accedan al beneficio de emergencia. Básicamente anunció que “profundizó” los controles para restringir que las empresas beneficiadas con recursos del Estado puedan actuar en el mercado de capitales, dolarizar activos y fugar divisas.
En el Acta Número 11 publicada en el Boletín Oficial junto con la decisión administrativa 721/2020 el gobierno propuso aumentar los controles en los casos de las empresas grandes de más de 800 empleados que solicitaron el beneficio Salario Complementario contemplado en el ATP, para abonar parte de los sueldos en mayo.
El reclamo era un elemento fuerte de la agenda empresarial que negoció por la ampliación de esos beneficios según confirmó a los medios días atrás el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y referente del sector alimenticio, Daniel Funes de Rioja, entre otros dirigentes empresariales.
Esas compañías ya tenían vedado realizar ciertas operaciones durante los 12 meses posteriores a la recepción del beneficio y ahora se resolvió extender esa limitación a los 24 meses posteriores. En ese plazo las empresas no podrán distribuir utilidades ni recomprar sus acciones en forma directa o indirecta; ni adquirir títulos en pesos para venderlos en moneda extranjera o transferirlos al exterior.
Las compañías tampoco podrán realizar erogaciones a sujetos relacionados directa o indirectamente con el beneficiario cuya residencia, radicación o domicilio se encuentre en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación, se informó oficialmente.
El oficialismo destacó esas medidas como complementarias de otras lanzadas recientemente con el fin de incentivar el ahorro en pesos y limitar las operaciones en dólares.
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