Temer apela al estado de sitio y a los militares para despejar las rutas

Por: Alberto López Girondo

Las patronales del transporte paralizaron las principales ciudades del país con una huelga que va por el sexto día y que provocó un generalizado desabastecimiento. El gobierno se asustó de la reacción popular y mandó a las Fuerzas Armadas. La actual política petrolera como motor del lockout.

Brasil quedó paralizado por un lockout de patronales de camioneros y autónomos. Son los mismos grupos que en 2015 bloquearon rutas contra el gobierno de Dilma Rousseff encabezados por un personaje que entonces reclamaba la dimisión de la presidenta constitucional y ahora pedía una intervención militar. El deseo de Ivar Schimdt encontró eco en el Planalto, que emitió una orden para que efectivos de las Fuerzas Armadas liberen los más de 500 cortes de rutas mediante la figura de la Garantía de Ley y Orden (GLO), que en la práctica oficia de estado de sitio. El conflicto no es ajeno al vaciamiento de Petrobras, la petrolera estatal, y la dolarización de los precios de los combustibles, que golpea de lleno en los bolsillos de muchos que celebraron la destitución de Dilma y ahora descubren que ellos no estaban invitados a la fiesta. 

Desde el golpe institucional de 2016, Temer fue entregando el manejo de la economía a los sectores más identificados con el neoliberalismo. En Petrobras –en el centro de las críticas por la causa Lava Jato– fue nombrado Pedro Parente, jefe de Gabinete de Fernando Henrique Cardoso entre 1999 y 2003. Parente era CEO de Bunge Brasil, la multinacional exportadora de granos, pero tiene una sociedad, según reveló Jornal do Brasil, con José Berenger, titular de JP Morgan de Brasil. 

Hasta no hace tanto, Brasil era neto importador de petróleo, aunque tenía refinadoras como para abastecer el país. En los años de Lula, Petrobras, con tecnología y personal propios, halló uno de los mayores reservorios de crudo del mundo en la plataforma submarina del Presal, lo que cambió radicalmente la ecuación. 

A eso apuntaron las multinacionales y según denuncia la Central Única de Trabajadores (CUT), así se explica la entrega de grandes áreas de explotación reservadas por ley de la era Lula; a la petrolera nacional se sumó que lentamente la empresa fue dejando de refinar a toda su capacidad. 

Por lo tanto, ahora se exporta petróleo y se importa gas oil y naftas. Y mediante ese artilugio, se justificó la dolarización de las tarifas.  Los incrementos se hicieron  de acuerdo a la cotización internacional, y en los 17 días previos al estallido de la crisis, sufrió 11 incrementos. El precio en pocos meses se elevó un 50 por ciento. 

Los camioneros venían reclamando ponerles techo a los precios y rebajas en los peajes. El gobierno de Temer eligió mirar para el costado y la huelga le estalló en las manos. En cinco días de cortes, las principales ciudades quedaron paralizadas por falta de combustibles y de mercaderías. Sin transporte, sin alimento y sin insumos básicos, millones de brasileños estuvieron bajo asedio. 

Hasta que el ministro de Seguridad Institucional, el general Sergio Etchegoyen, propuso despejar los bloqueos con personal de Ejército, Aeronáutica y Marina, y procesar a los responsables de la movida. Etchegoyen es nieto de otro militar que en su momento fue duro opositor de Getulio Vargas.

Pero no hay un líder concreto a quien llevar al cadalso. Los camioneros fueron convocándose mediante mensajes de WhatsApp. Uno de los personajes más visibles es Ivar Schmidt, quien saltó a la fama en 2015, cuando los transportistas pararon contra Dilma. Schmidt, entonces, pidió su renuncia. Los camioneros lograron esa vez una rebaja en los combustibles y una ley que regula condiciones de trabajo para los empleados. 

Al frente de un Comando Nacional dos Transportes (CNT), Schimdt dice: «Nuestro movimiento abomina de sindicatos, asociaciones, federaciones y confederaciones. Esos sectores intentaron representarnos en las últimas décadas y nunca resolvieron nuestros problemas». Otras organizaciones inmersas en este conflicto, como la Asociación Brasileña de Camioneros (Abcam) y la Unión Nacional de los Camioneros de Brasil (Unicam), acordaron un impasse, con un congelamiento de tarifas mientras negociaban. El gobierno buscaba reducir algunos impuestos, sobre todo estaduales y municipales, lo que generó la protesta de los mandatarios de esas regiones. 

La CUT se mostró solidaria con las demandas, hizo suyos los reclamos y se ofreció a mediar con el gobierno. Algunas imágenes de camioneros quemando banderas de la central sindical en la página de Facebook de la CNT indicaban la poca aceptación del convite. «

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